La Justicia de Andorra ha ordenado que se notifique al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, a dos exministros y a dos ex altos cargos de su Gobierno, la querella presentada por dos asociaciones en relación con la gestión del Ejecutivo español en la operación que supuso la disolución de la Banca Privada de Andorra (BPA). Rajoy tiene 15 días para que comparezca legalmente ante la juez instructora andorrana. Según ha informado este lunes, Drets, una de las dos asociaciones que denunciaron a Rajoy por la operación empresarial, que se encuadraría en lo que se conoce como Operación Cataluña, la juez instructora especializada número 2 de Andorra, Stéphanie Garcia Garcia ya ha remitido a las autoridades españolas las correspondientes comisiones rogatorias internacionales para notificar a los querellados. Además de Rajoy, también están siendo investigados los exministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, el exdirector de la Policía Nacional Ignacio Cosisó y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Por su parte, además de Drets, una entidad independentista catalana, también se personó la asociación Institut de Drets Humans d’Andorra (IDHA) y a título personal Higini Cierco Noguer, presidente de BPA. La investigación arrancó en 2016 después de que Cierco declarara ante la juez, en el caso BPA, que tanto él como su CEO, Joan Pau Miquel, fueron presionados y extorsionados en Madrid por el inspector de la Policía española en la Embajada de Andorra Celestino Barroso y por el comisario Marcelino Martín Blas con el objetivo de conseguir información bancaria de Artur Mas, Jordi Pujol, su familia y Oriol Junqueras en el país pirenaico. Las presiones se centraron en que si Cierco y su CEO no colaboraban con la Policía española se cerraría BPA y su filial Banco Madrid. Una situación que acabó dándose en marzo de 2015. Tras esto se presentó una querella contra los dos agentes y, después, se amplió a sus superiores Eugenio Pino y Bonifacio Díez Sevillano. Estas querellas fueron admitidas pero el inspector Barroso no llegó a declarar ya que obtuvo la protección diplomática. Ahora, tras una nueva ampliación de las demandas, la Justicia andorrana quiere que Rajoy, dos exministros suyos y dos altos cargos de su Gobierno declaren. Al expresidente y los exministros se les imputa un delito de falsedad de documentos por el envío de información supuestamente falsa al Fincen americano (Finances Crime Enforcement Network) para que este emitiera una ‘notice’ en contra de BPA señalando que este banco llevaba a cabo blanqueo de capitales. A Rajoy y Montoro, además, se les imputa un delito contra los órganos constitucionales de Andorra por, según Drets y Cierco, haber intimidad al jefe del Gobierno de Andorra y varios ministros con los que se reunieron en enero de 2015 para que estos investigasen y liquidaran BPA. Fernández Díaz, Cosidó y Martínez están investigados por los delitos de coacciones, amenazas, extorsión y chantaje, en tanto que superiores de los inspectores que llevaron a cabo las supuestas presiones.
Fuente ABC