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Por Lucia Salinas
Se trata de Pablo Bertuzzi, el camarista que los K quisieron desplazar. Su voto definirá si la procesan en ese expediente ya que la votación está empatada.
Cristina Kirchner insistió en su sobreseimiento en la ruta del Dinero K, la causa en la que Lázaro Báez fue condenado a doce años de prisión por lavar 55 millones de dólares. La vicepresidenta se opuso a la decisión del juez Sebastián Casanello que resolvió no sobreseerla aún. En la Cámara de Apelaciones, uno de los jueces sostuvo que debe ser procesada como parte de la estructura criminal, el otro que deben sobreseerla. La decisión final la tomará Pablo Bertuzzi, uno de los magistrados que Fernández de Kirchner buscó desplazar de su cargo.
Desde 2018, la vicepresidenta se encuentra imputada por lavado de dinero en el expediente conocido como la ruta del Dinero K.
Para el fiscal de la causa, Guillermo Marijuan, durante la investigación se comprobó que “mantenía un vínculo con su consorte de causa” lo que permitía “afirmar su participación en las acciones de lavado por las que el nombrado Báez y otros imputados ya habían sido indagados”.
Cuando fue indagada en septiembre de 2018 por el juez Casanello, la vicepresidenta sostuvo “no haber tenido participación alguna en los hechos que le fueran imputados”. Dos meses después de su declaración, se le dictó una falta de mérito.
Mientras la causa continuaba en instrucción, en febrero del año pasado, el Tribunal Oral Federal 4 condenó a Lázaro Báez a 12 años de prisión por lavar 55 millones de dólares entre 2010 y 2013. A raíz de esa circunstancia, la Cámara Federal le pidió a Casanello que resuelva la situación procesal de Cristina Kirchner por la cantidad de tiempo transcurrido en el que ella se encuentra con una falta de mérito.
El abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, insistió este año en su sobreseimiento al considerar que las pruebas pedidas no arrojaron nada que la inculpara y que aquellas medidas que estaban en curso -como el análisis de los teléfonos de Lázaro Báez y de Cristina Kirchner-, debía ser suspendida. El juez no hizo lugar y decidió no sobreseerla.
Ante esa decisión, la vice fue con un recurso de apelación ante la Cámara Federal porteña para insistir en que debe ser desvinculada del expediente donde se investiga una estructura de lavado de dinero. Con dos votos contrapuestos respecto a la situación procesal de Cristina Kirchner, esta semana será el juez Pablo Bertuzzi quien resuelva su suerte en la Ruta del Dinero K.
El juez Mariano Llorens entendió que a estas alturas del expediente hay elementos suficientes para determinar que Cristina Kirchner se encontraría a la cabeza de la organización que se dedicó a lavar 55 millones de dólares. La ubicó como eslabón principal de la estructura dentro de la cual actuaron los demás imputados.
En este punto, para el camarista, las demás personas involucradas en la organización cumplían un plan preestablecido. Entonces, entendió que el juez Casanello debe avanzar en la resolución definitiva de la situación de Cristina Kirchner, en función de este criterio, es decir procesándola al entender que hay elementos suficientes que la ubican en cabeza de la organización a la que calificó de criminal, según aseguraron fuentes judiciales.
Un aspecto resaltado fue que en el caso de la condena de Báez, se tuvo en cuenta como delito precedente (algo requerido en cualquier maniobra de lavado) las maniobras que están en pleno juicio, sobre la presunta corrupción en la obra pública. Es decir, se indicó en la sentencia acusatoria que el empresario K utilizó parte del dinero que Austral Construcciones recibió en concepto de obra pública vial, para volcarla a la estructura de blanqueo.
La constructora fue beneficiada con contratos viales “cargados de irregularidades y con sobreprecios promedio del 65%”. Se indicó que parte de ese dinero que se aplicó por fuera de los circuitos legales, fue usado para lavar los 55 millones de dólares. Austral Construcciones fue una pieza indispensable y tuvo como único cliente al Estado.
En ese punto se basa el camarista Llorens al entender que parte del dinero que se investigó en “la ruta del dinero K”, y que le permitió a Báez adquirir también 1.420 bienes muebles e inmuebles, tiene su origen en las maniobras defraudatorias que tienen a Cristina Kirchner como principal acusada. Por eso pidió una mirada interrelacionada de los casos.
En una lectura contrario a dicho criterio, el juez Eduardo Farah pidió que Cristina Kirchner sea sobreseída. Según pudo saber Clarín, postuló después del tiempo transcurrido con la vice imputada y tras una serie de medidas de prueba, no se demostró su intervención en los hechos puntuales de lavado que son objeto de la causa y por los cuales ya están condenados Báez y los demás acusados.
El juez Farah sostuvo que habiendo transcurrido más de dos años desde el inicio de la causa que tiene imputada a Cristina Kirchner, hubo una confirmación por parte de la Cámara de la falta de mérito. A estas alturas, también señaló, no se ordenaron nuevas medidas de prueba sino que hay acciones que están pendientes de resolución pero que no resultan relevantes para el caso.
Por otro lado, Farah indicó que se encuentran excedidos todos los plazos legales por lo cual corresponde dictar el sobreseimiento de la vicepresidenta.
Entre sus análisis, el camarista Farah consideró que es importante también la consideración que hizo el Tribunal Oral que ya condenó a Báez, de que los hechos de lavado de esta causa “concurren realmente” es decir, que son independientes entre sí, y así deja de lado el análisis interrelacionado que postula Llorens.
Ante estas dos posturas contrapuestas sobre la situación procesal de Cristina Kirchner en el expediente, quien terminará resolviendo será el camarista Pablo Bertuzzi, uno de los jueces que la vicepresidenta buscó desplazar de su cargo, medida que se revirtió con un fallo de la Corte Suprema.
Cristina Kirchner había cuestionado el sistema de traslados de jueces durante el gobierno macrista y apuntó contra Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli que en diversas instancias, intervinieron en causas donde la principal acusada es la vicepresidenta.
Fuente Clarin
