Colombia tiene aprobado para el sector de defensa un 12% del presupuesto general de gastos del 2022, alrededor de 11.000 millones de dólares, el segundo más alto de América Latina después de Brasil.
Gustavo Petro, un reconocido crítico del estamento castrense y exmilitante de la guerrilla del M-19, anunció que en su mandato los efectivos de las Fuerzas Armadas acusados de violaciones a los derechos humanos perderán el fuero militar, lo que significa que serán investigados y castigados por jueces ordinarios que suelen imponer sentencias más severas.
El candidato del izquierdista Pacto Histórico también ha prometido una profunda reestructuración de la policía, incluyendo el desmantelamiento de un cuestionado escuadrón antidisturbios, acusado de violaciones a los derechos humanos.
“La función del ejército es la defensa y la función de la policía es proteger los derechos y libertades”, dijo Gustavo Petro en una reciente entrevista con Reuters, en la que planteó profesionalizar el ejército para acabar el servicio militar obligatorio para los hombres.
El ejército de Colombia enfrenta desde hace años un escándalo por violaciones a los derechos humanos conocido como los “falsos positivos“, en el que militares asesinaron a más de 6.400 personas presentadas como guerrilleros muertos en combate para ganar ascensos y otros beneficios.
Petro, quien estuvo encarcelado 16 meses después de que fue capturado en posesión de armas en 1985 y denunció torturas de los militares, anunció que impulsará un “cambio radical” en el sistema de ascensos de las fuerzas armadas basado en méritos.
Los planes del candidato izquierdista contrastan con los de su rival, el empresario independiente Rodolfo Hernández, quien plantea modernizar el equipo militar, impulsar operaciones conjuntas, aumentar la formación en derechos humanos de todos los efectivos, además de mejorar los sueldos de los uniformados.
Un sondeo publicado por Invamer la semana pasada indicó que los dos candidatos llevaban un empate técnico a días del balotaje. Con datos recolectados entre el 3 y 7 de junio, Hernández contaba con una intención de voto de 48,2%, mientras que Petro tenía un 47,2% de las preferencias. La encuesta tiene un margen de error de 2,69%.
Militares descartan insubordinación
El eventual triunfo de Gustavo Petro ha generado rumores de insubordinación de algunos militares entre políticos y empresarios, pero los 11 generales y almirantes del ejército, la fuerza aérea, la armada y la policía con los que habló Reuters descartaron esa posibilidad, aseguraron que respetarán los resultados electorales y aceptarán como comandante supremo al ganador.
“Independientemente de quien resulte elegido presidente, todas las tropas, desde el más humilde soldado hasta el general de mayor jerarquía, lo reconocerá y respetará como comandante supremo”, dijo un general del ejército con una carrera militar de más de 35 años.
“El que no esté de acuerdo o se sienta incomodo, la única opción que tiene es pedir su retiro”, agregó.
Petro sería el primer político de izquierda en asumir la presidencia en la historia de Colombia y en ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas en un país históricamente gobernado por líderes de derecha y centroderecha.
“En realidad (no va a pasar) nada”, dijo John Marulanda, un coronel retirado que perteneció al ejército durante más de 20 años y es el actual presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (ACORE).
“Si el candidato de izquierda en Colombia gana las elecciones legalmente con las normas establecidas, no es mucho lo que puedan hacer las Fuerzas Militares fuera de acatar sus órdenes”, sostuvo.
El oficial en retiro comparó la situación con la de otros países latinoamericanos como Argentina, Chile, Perú y México, en donde la izquierda llegó al poder tras ganar las elecciones.
Un general del ejército y otro de la policía aseguraron que cuando Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá, entre 2012 y 2015, mantuvo unas relaciones respetuosas con las fuerzas armadas.
Las promesas de Petro incluyen buscar la paz en Colombia, un país de 50 millones de habitantes, que enfrenta desde hace casi seis décadas un conflicto armado interno que ha dejado 260.000 muertos y millones de desplazados.
El político propone iniciar una negociación con la guerrilla izquierdista del Ejército de Liberación Nacional (ELN), aplicar el acuerdo de paz de 2016 a las disidencias de las FARC que decidieron regresar a la lucha armada al considerar que hubo un incumplimiento del Estado y un sometimiento de las bandas criminales como el Clan del Golfo.
Esas medidas podrían implicar la suspensión de las operaciones militares ofensivas contra esos grupos armados ilegales, lo que llevaría a una desmoralización de las tropas, a un recorte del presupuesto y del número de efectivos, según los 11 oficiales activos consultados.
Petro, quien ha prometido ambiciosos programas para reducir la pobreza en el país inmensamente desigual con cerca de un 40% de su población viviendo en la pobreza, dijo que no gastará recursos en fusiles ni en bombas, lo que implicaría el aplazamiento de la compra de una flota de aviones de combate para remplazar los viejos Kfir.
Riesgos y complicaciones
Las iniciativas de Petro podrían desembocar en un incremento del área sembrada con hoja de coca y de la producción de cocaína, lo que complicaría las relaciones con Estados Unidos, el principal aliado y crítico de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, dijo Marulanda de ACORE.
Los esfuerzos regionales de Estados Unidos en la lucha contra las drogas ya enfrentaron el rechazo del presidente mexicano de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, quien cerró una unidad de élite que había trabajado durante décadas con la Administración de Control de Drogas (DEA), alegando que estaba infiltrada por delincuentes.
Gustavo Petro, quien calificó la guerra contra el narcotráfico como un “completo fracaso”, dijo que el gobierno debe apoyar a los pequeños productores de hoja de coca con cultivos alternativos y aumentar sus ingresos.
“Enfrentamos el riesgo de perder el terreno ganado en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y los grupos armados ilegales si eventualmente recibimos una orden de suspender la ofensiva y se nos recortan los recursos humanos y de equipos”, dijo un almirante de la Armada a cargo de una unidad que lucha contra la producción y el tráfico de cocaína.
Actualmente en Colombia el ejército, la policía, la fuerza aérea y la armada cuentan con alrededor de 450.000 efectivos.
Pero la fuerza más golpeada sería la Policía Nacional con el plan de reestructuración de Petro que contempla sacarla del Ministerio de Defensa y ponerla bajo el de Interior o Justicia para darle un carácter civil orientada a la solución pacífica.
El candidato izquierdista anunció que la policía dejará de cumplir funciones como operaciones de asalto contra grupos armados ilegales y que desmontará el cuestionado Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) acusado de la muerte de varios jóvenes durante las protestas antigubernamentales del 2021.
Uno de los generales consultados expresó preocupación de que Petro, como lo hizo Hugo Chávez en Venezuela según aseguró, intente romper la unidad de las Fuerzas Armadas comprando oficiales leales para perpetuarse en el poder, alarma con la que coincidió Marulanda.
Gustavo Petro desestimó las comparaciones con Venezuela y aseguró recientemente que si es elegido presidente cumplirá su único periodo de cuatro años.
Fuente Ambito
