“Por respeto a todos los que participan en el proyecto mantenemos en reserva los detalles. Tenemos expertos y especialistas trabajando y queremos llevar el mejor proyecto a la Legislatura. Queremos que se abra el debate cuando corresponda y convocar a científicos, universitarios, investigadores… Nosotros solo somos dirigentes, administradores y tenemos que escuchar a los que saben”, dijo Ojeda.
Difonso no demoró en responder: “La ley 7.722 fue aprobada en 2007 y sufrió embates, primero por vía judicial y luego por vía legislativa. En el primer caso la Suprema Corte de Justicia falló en pleno a favor de la constitucionalidad y en el segundo la expresión popular hizo que se volviera para atrás con las modificaciones a ley. Ahora intentan descuartizar la ley con esta zonificación. Entonces tememos que hoy digan Malargüe, mañana Las Heras y después Tupungato. Cuando salió la 7.722 trajimos ejemplos del mundo. Ahora los tenemos cerca. Esta semana se conoció un informe de derrame de cianuro en Jáchal, San Juan”.
Ojeda volvió a la carga: “De ninguna forma quiero derogar la ley. Yo pido minería para Malargüe. Me comprometo en ser el principal aliado de los vecinos de San Carlos o de General Alvear a luchar con ellos si no quieren minería. Sólo pedimos por Malargüe, que está sufriendo un daño al derecho humano de desarrollarse”.
El sancarlino no dejó pasar el comentario: “La ley 7.722 no prohíbe, sino que regula y controla. Malargüe tiene proyectos aprobados como Potasio Río Colorado y Hierro Indio y nos los llevan adelante. Están buscando implementar métodos nocivos para el agua, con químicos que generan conflictos como en Jáchal”.
Finalmente, Ojeda puntualizó: “Que me den una sola fuente de información de una persona que haya muerto por cianuro en el tema minería. Hay que romper mitos. No se puede comparar minas que están a 4.000 metros de altura con con las que están a 500 metros, como en San Juan. Lo importante es discutir con gente que sabe. Escuchar y aprender”.
Fuente Mendoza Today
