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La Fiscalía de área Móstoles-Fuenlabrada, en la Comunidad de Madrid, ha presentado una querella contra el dueño de una mercantil que comercializaba presuntamente con la sangre de animales que tenía a su cargo a los que sometía «a prácticas dolorosas y crueles» para extraerles gran parte o la totalidad de su volumen sanguíneo «sin lograr reponerlo adecuadamente hasta causarles la muerte». La querella trata de dilucidar si los hechos pudieran ser constitutivos de un delito continuado relativo a la protección de animales domésticos y otro de intrusismo profesional. La investigación de la Fiscalía comenzó a raíz de un atestado remitido por el Área de Investigación del Puesto de Arroyomolinos por un presunto delito de maltrato animal con ocasión de la mala praxis que se estaría llevando a cabo en una explotación situada en Humanes por parte del querellado. Durante dicha investigación se pudo confirmar que L. M. V. F. figuraba como administrador único de la mercantil Centro de Transfusiones Veterinario S.L. y como presidente de la Asociación de Hematología y Homeopatía Animal encargada entre otras cosas de la certificación de los laboratorios de hematología y de los bancos de sangre de los asociados. El Centro de Transfusiones Veterinario S.L. fue inaugurado en 2006 con el objeto de producir concentrados de hematíes y plasma que hasta entonces solo se podía hacer en el Banco de Sangre, pero limitado a la posibilidad de hacerlo con sangre entera y bajo la tutela de la Comunidad de Madrid. El centro comenzó a funcionar en septiembre de 2013 y la demanda fue en aumento hasta ofertar sus servicios de hemoterapia a toda España y otros países europeos como Italia, Bélgica, Francia y Portugal. A su vez, el propietario publicitaba la sociedad en una web que ubicaba su sede en Madrid como un referente en la comercialización de sangre animal. Sobre esta cuestión la querella advierte de que no consta registro, ni autorizaciones, ni licencias a nombre dicha mercantil por lo que durante años desempeñó su actividad «en la más absoluta clandestinidad». Para obtener la sangre de los animales y después comercializarla, el querellado disponía de unas instalaciones en Humanes donde alberga numerosos animales, fundamentalmente perros y gato. Sobre todo tenía galgos jóvenes, al ser una raza donante universal, a los que sometía de forma reiterada mediante el uso de métodos prohibidos «a prácticas dolorosas y crueles». En concreto, les extraía gran parte o todo el volumen sanguíneo del animal «sin lograr reponerlo adecuadamente hasta causarle la muerte con una punción perforante hacia la región de proyección del corazón». Sufrimiento innecesario
Este tipo de prácticas ocasionaban a los animales, según se afirma en la querella, «un sufrimiento y padecimiento innecesarios», ya que en la práctica supone aplicar eutanasias «sin ningún motivo enmarcado en la legislación vigente». El único propósito de este tipo de actividades era la «completa» extracción de sangre a los animales que era trasladada en neveras portátiles hasta el local donde se encuentra el laboratorio y, una vez allí, se preparaba la sangre extraída para su posterior venta, comercialización y distribución en las distintas clínicas veterinarias de la Comunidad de Madrid. Los cadáveres de los animales eran incinerados en un crematorio de Yuncos (Toledo). La Fiscalía sostiene que entre los meses de abril y mayo de 2022 contabilizó 60 animales que, después de las necropsias y periciales practicadas, se llegó a la conclusión de que su muerte no se produjo por un proceso biológico natural de enfermedad, «sino al ser exanguinados». Se trataba de 27 perros, 29 gatos, 3 conejos y 1 hurón. En cuanto al beneficio económico que se pudiera haber obtenido con la comercialización de la sangre de los animales, la Fiscalía estima que el valor aproximado que alcanzaría en el mercado sería de unos 80 euros por 400 ml. de sangre de perro y 85 euros por 40 ml. de sangre de gato. Respecto a los fármacos eutanásicos, la Fiscalía advierte de que sólo pueden ser dispensados en farmacias y agrupaciones ganaderas previamente autorizadas y supervisadas por sus farmacias proveedoras, y adquiridos por veterinarios que lo peticionen. Además, recuerda que la veterinaria es una profesión regulada y que para poder ejercerla, es necesario estar en posesión del Título Oficial de Licenciado o de Grado en Veterinaria, un reconocimiento académico que no estaba en poder del querellado, y pertenecer al correspondiente Colegio Profesional. Ya por último hace hincapié en que la competencia para eutanasiar animales, la identificación animal y la vacunación de la rabia son de reserva veterinaria, «siendo los únicos competentes para su realización los veterinarios».
Fuente ABC
