“Hoy me he ratificado ante la Fiscalía de la Nación que no tengo nada que ver con actos irregulares o de corrupción. Soy un hombre honesto y siempre defenderé mi inocencia y honor. Cumpliendo mi palabra, he venido para aclarar y colaborar con la justicia”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter minutos después de finalizar su declaración ante Pablo Sánchez, el fiscal de la Nación.
“En aras de la transparencia, del respeto al pueblo peruano y amor a mi familia, siempre daré la cara y estaré a disposición del sistema de justicia para lo que sea necesario”, continuó.
El presidente de Perú ingresó al edificio de la fiscalía un cuarto de hora después sin hacer declaraciones a la prensa. Afuera lo esperaban una docena de manifestantes opositores que gritaban consignas en su contra.
Pedro Castillo continuaba una hora y media después declarando ante la fiscalía, que lo investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y colusión agravada por una causa que involucra a su entorno político y familiar.
Se trata de la investigación sobre el consorcio “Puente Tarata III”, que busca determinar si un exministro de Transportes, seis legisladores, un exsecretario general de la Presidencia y dos sobrinos de Castillo integraban una supuesta red criminal encabezada por el presidente para conceder un contrato de obras públicas.
El fiscal Samuel Rojas citó a Castillo mientras cuatro investigados de su entorno están prófugos tras dictarse una orden de prisión preventiva contra ellos. La policía ofrece recompensas de entre 4.000 y 13.300 dólares por su detención.
La legislación en Perú impide llevar a juicio a un presidente mientras está en el poder, pero no avanzar en las indagaciones en su contra, sostiene la fiscalía. El izquierdista finaliza su mandato el 28 de julio de 2026.
Mientras tanto, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, dominada por la oposición, acordó el jueves citar a Pedro Castillo para que comparezca el 21 de junio por el mismo caso que indaga la fiscalía.
“La política peruana se ha transformado en un ejercicio policial y judicial, no se debaten los temas políticos de fondo ni los urgentes problemas” del país, dijo a la AFP el analista político Hugo Otero.
“Eso es desentenderse de los problemas que está viviendo la gente de Perú, como el desempleo, la pobreza o la inflación”, la más alta en tres décadas, añadió Otero, exasesor del difunto presidente Alan García.
Castillo, un maestro rural de 52 años, había adelantado el domingo que acudiría a la citación del fiscal Rojas. “En 11 meses no han podido encontrar una pista de que nosotros hemos metido la mano para robar”, agregó el mandatario al negar irregularidades en su gestión.
La nueva citación establece que el presidente podrá elegir el lugar donde declarará a la comisión legislativa.
En sus 11 meses en el poder, Pedro Castillo ha estado bajo permanente asedio del sector radical de la oposición, que lo acusa de supuesta ineptitud y de estar salpicado por hechos de corrupción.
El 8 de abril, el Congreso de Perú, también controlado por la oposición, aprobó una moción meramente simbólica que exhortaba a Castillo a renunciar, 10 días después de fracasara el segundo intento de destituirlo en un juicio político relámpago, al cosechar solo 55 de los 87 votos necesarios.
Las mociones de “vacancia presidencial” se han vuelto costumbre en Perú y causaron la caída de los mandatarios Pedro Pablo Kuczynski (derecha) en 2018 y Martín Vízcarra (centro) en 2020. Desde diciembre de 2017, el Congreso ha debatido seis iniciativas de este tipo.
Fuente Ambito
