El diputado provincial de Mendoza, José Luis Ramón, habló este sábado sobre la presentación que refrendó ante el juzgado Federal Nro. 2 a efectos de intentar frenar el insostenible aumento de los créditos UVA.
“La demanda la venimos preparando hace bastante tiempo y decidimos presentarla y hacer que la Justicia sea en definitiva la que resuelva el problema, no con un contenido político sino a través de toda una argumentación legal que le hemos propuesto al juzgado Federal Nro. 2 que tiene asiento en la provincia de Mendoza”, dijo en dialogo con Radio Realpolitik (www.realpolitik.fm) .
“Nosotros representamos el colectivo de todos los usuarios bancarios UVA del país que hayan hipotecado su casa, prendado el vehículo que adquirieron o hayan sacado un crédito personal y la demanda se dirige hacia nueve entidades bancarias”, agregó.
A su vez, afirmó que “espero que desde la Justicia no se juegue con esta cantidad enorme de personas y familias que, por culpa de no tomar una decisión política que proteja el interés de los usuarios bancarios, tienen que seguir soportando esto”.
Ramón anticipó lo que podría ocurrir a nivel judicial: “El juez federal de Mendoza en las próximas semanas deberá adecuar el procedimiento para dictar una medida cautelar que, en primer lugar le diga a los bancos que no pueden cobrar una cuota por encima del 30 por ciento de los ingresos de una familia y el segundo es que cuando resuelva una sentencia lo haga de manera tal que se tenga presente el esfuerzo compartido del estado nacional, de los bancos y los usuarios que están haciendo este esfuerzo tremendo desde que adquirieron este crédito”.
Al mismo respecto, puntualizó: “Tengo muchas más expectativas de que un juez federal dé la orden de adecuar estos créditos a que lo haga el Congreso de la Nación en donde no están los números para que se apruebe una ley”.
En ese marco, Ramón analizó que “el poder ejecutivo tiene un problema y es que la decisión política va acompañada de un apriete muy fuerte de las entidades financieras y del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”.
Y culminó: “Acá hay un problema muy grave, no estamos hablando de 100 mil familias como dice el jefe de ministros, sino de más de un millón 700 mil que no solamente sacaron hipotecas, sino que prendaron el vehículo con el que trabajan. Entonces el estado se tiene que hacer cargo y si no lo quiere hacer de manera voluntaria con la política, lo tendrá que hacer la Justicia”.
