Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat valenciana y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, no solo ha provocado una profunda crisis en el gobierno del que forma parte, presidido por el socialista Tximo Puig, sino también la indignación en otro ejecutivo autonómico presidido por un socialista como es el de Castilla-La Mancha, a cuyo frente está Emiliano García Page. En un acto esta mañana, en el que la investigada ha sido arropada por su partido, Compromís, ha asegurado que «el Botànic (como se conoce al ejecutivo de su comunidad), sin Compromís, es García Page». Fuentes próximas al presidente castellano-manchego consultadas por ABC no han tardado en reaccionar ante lo que consideran una provocación de Oltra. Así, advierten de que esas palabras son un menosprecio hacia ese gobierno y le recuerdan de que en esa comunidad «la persona responsable de los menores en la región no se encuentra imputada por el presunto encubrimiento de abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada, algo que sí sucede en el Gobierno del Botànic». Las respuesta de la administración socialista castellano-manchega supone, de facto, una declaración de guerra contra esta líder de Compromís -y por extensión, a toda la formación-, un partido que en Madrid, hay que recordarlo, es socio habitual del Gobierno de Pedro Sánchez. Tanto en el PSOE a nivel nacional, como en el valenciano, la crisis abierta por la imputación de Mónica Oltra se percibe como un factor de desestabilización importante. Para los socialistas la opción más deseable sería la de la dimisión de la vicepresidenta valenciana, algo que parece improbable después del cierre de filas de esta mañana. Si no se produce esa salida del ejecutivo autonómico -la opción de la destitución es poco probable porque podría acabar con el ejecutivo- el discurso ‘progresista’ en lo que se refiere a la protección de los menores y la violencia de género se vería seriamente comprometido. Pero hay más. Oltra es uno de los pilares en los que se apoyaba el nuevo proyecto de la vicepresenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, y su imputación por tema tan sensible como este supone un golpe en su línea de flotación. Díaz no ha querido respaldar de forma clara a su compañera «de escucha», pero tampoco la ha exigido que se aparte de la vida política. Y ello cuando intenta vender un discurso de «ejemplaridad en la vida pública». Hay que recordar, por lo demás, que otra de sus compañeras de viaje, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también está investigada por conceder subvenciones a asociaciones amigas. El Partido Popular, mientras tanto, va a endurecer su discurso en un caso que podría debilitar a los gobiernos valenciano y central, en el primero de los casos hasta el punto de que podría provocar la pérdida de la Generalitat a Tximo Puig. Todo ello sin contar con el lastre que supone también para el nuevo proyecto de Yolana Díaz.
Fuente ABC