La segunda denuncia de Maite, la víctima del exmarido de Mónica Oltra, contra la Generalitat: de los abusos a un despido nulo

María Teresa T. M., la víctima de los abusos sexuales por los que fue condenado a una pena de cinco años de cárcel Luis Eduardo Ramírez Icardi, marido en el momento de los hechos de Mónica Oltra, mantiene dos pleitos abiertos contra la Generalitat. Por un lado, la joven denunció la «inaplicación de los protocolos de actuación institucional en casos de sospecha de abusos sexuales a menores e incumplimiento de su deber de custodia y del deber de denunciar los delitos de que tengan noticia puedan haberse perpetrado contra los menores bajo su guarda». A raíz de esta denuncia contra la gestión de su caso de abusos sexuales, que sufrió cuando era una menor tutelada, por parte de la Conselleria de Igualdad hay catorce personas imputadas. Entre ellas se encuentra la todavía vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Ximo Puig, quien declarará en calidad de investigada el próximo 6 de julio en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Imagen de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra – EP
Maite, conforme se conoce coloquialmente a la víctima de los abusos también está a la espera de la resolución judicial de un segundo conflicto con el Ejecutivo autonómico. La joven, que ya es mayor de edad, presentó una demanda por despido improcedente contra la Conselleria de Sanidad. La chica fue contratada en septiembre de 2021 por Ribera Salud, entonces concesionaria del hospital de Torrevieja. Maite trabajó un mes en el servicio de admisión. Sin embargo, cuando la Generalitat ejecutó la reversión del recinto sanitario y la gestión volvió a pasar a manos públicas, prescindió de sus servicios al finalizar su contrato. La joven, sin embargo, sostuvo que no se le comunicó un cese de su actividad ni tampoco su reincorporación como a otros empleados a los que se les subrogaron. En algunas declaraciones públicas Maite atribuyó esta situación laboral a una venganza por su denuncia pública sobre el trato que había recibido de la Generalitat tras ser víctima de un caso de abusos sexuales. Su pareja, Pedro G, que llevaba tres meses trabajando como celador en el hospital de Torrevieja, corrió la misma suerte. «Persecución política contra una trabajadora» En aquellas fechas (octubre de 2021), el el diputado del PP José Juan Zaplana alertó en las Cortes Valencianas de una posible «persecución política contra la trabajadora». Maite y su novio presentaron sendas demandas por despido nulo o subsidiariamente improcedente en las que reclamaban una indemnización de 25.000 euros. En el caso de Maite, el Juzgado de lo Social Número 1 de la localidad alicantina de Elche ha fijado el acto de conciliación y mediación el 26 de enero de 2023, a las 10:50 horas de la mañana. De no haber acuerdo previo, el litigio se dirimirá en un juicio.
Fuente ABC