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El 21 de junio de 2017, hace exactamente cinco años, se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación la ley de protección a las víctimas del delito, que días después fue reglamentada y quedó vigente en toda la República Argentina.
Se trata de la Ley 27.372 de “Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos”, que cambió el paradigma sobre el rol de las personas que atraviesan un delito porque las colocó en el centro de la escena y desde una perspectiva de derechos humanos.
Por esta normativa, que fue impulsada por varios legisladores entre los que estuvo el entonces diputado nacional por Mendoza, Luis Petri, desde 2017 las víctimas tienen un rol más activo y tienen derecho a ser oídas durante todo el proceso judicial, incluso pueden participar del mismo aunque no se presenten como querellantes.
Además, se pueden exigir medidas mientras dure la investigación y seguir el proceso, como querellante, cuando el fiscal decida no continuar con la persecución penal. Determina, asimismo, la creación de “Centros de Protección y Asistencia a las Víctimas” para brindar contención y que el damnificado tiene derecho a ser notificado sobre las resoluciones tomadas durante el proceso judicial.
“Cuando sancionamos esta ley, establecimos que las víctimas tienen derecho a ser informadas y dar su opinión respecto del otorgamiento de salidas transitorias, régimen de semi libertad, libertad condicional y prisión domiciliaria de los delincuentes. A cinco años de este gran avance que se consiguió para proteger y garantizar los derechos de las víctimas de delitos en la Argentina, es importante tener presente de qué se trata y exigir que se cumpla su aplicación”, remarcó Petri.
Fuente Mendoza Today
