Sentado frente a varios exsecuestrados y sus familiares en un auditorio de Bogotá, Rodrigo Londoño o ‘Timochenko’ aceptó su responsabilidad por esos actos, acompañado por otros seis altos mandos de las FARC imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), nacida del acuerdo que puso fin a esa guerrilla.
En nombre de los 13.000 combatientes que firmaron la paz en 2016, el exrebelde reconoció la “responsabilidad individual y colectiva frente a uno de los más abominables crímenes cometidos” por esa organización marxista.
Fueron “fruto de una política que desembocó en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra”, dijo el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) al momento de su desarme.
Los exjefes guerrilleros Pablo Catatumbo, Julián Gallo, Pastor Alape, Milton Toncel, Rodrigo Granda y Jaime Alberto Parra también intervienen en las audiencias, que se extenderán hasta el jueves.
La JEP los imputó por más de 21.000 secuestros y otros crímenes como tortura cometidos entre 1990 y 2016.
Políticos y militares que fueron raptados para forzar intercambios por rebeldes presos escucharon la confesión e hicieron reparos por lo que consideran una “deuda de aporte a la verdad” por parte los victimarios.
Óscar Tulio Lizcano, secuestrado en 2000 cuando era un congresista conservador, le exigió a sus “carceleros” esclarecer el paradero de los secuestrados desaparecidos.
“Que nos digan la verdad. Hemos perdonado, pero eso no quiere decir que no haya justicia, queremos la verdad”, reclamó el exparlamentario de 75 años, que se fugó de su captores en 2008.
“Estos crímenes fueron producto de una política adoptada por el secretariado [cúpula] de las FARC-EP” y “cometidos de manera directa por su subordinados”, expresó la magistrada Julieta Lemaitre, quien presidió la sesión.
Según el acuerdo de paz, los exguerrilleros deben reparar a los afectados y decir la verdad para evitar la cárcel.
El tribunal se tomará al menos tres meses para imponer sanciones a los imputados. Si consideran que sus confesiones son insuficientes, podrían condenarlos a penas de hasta 20 años de prisión.
En mayo, una veintena de militares en retiro, incluido un general, reconocieron su participación en el asesinato de más de cien civiles para hacerlos pasar como guerrilleros caídos en combate en la frontera con Venezuela.
El tribunal calcula que fueron al menos 6.400 víctimas de esa práctica, conocida como los ‘falsos positivos‘, que junto al secuestro martirizaron a Colombia en el conflicto de más de seis décadas.
Fuente Ambito
