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La causa por corrupción contra el juez federal de Mendoza Walter Bento, acusado de liderar una banda criminal que otorgaba favores carcelarios a contrabandistas y narcotraficantes a cambio de dinero, autos y propiedades, sigue sumando pruebas y nuevas imputaciones.
Viajes en limusina, recitales en las Vegas de artistas internacionales, estadías en resorts del Caribe, era parte de la rutina del juez que llevaba una vida de lujos y viajes al exterior en los 10 últimos años en los que ocurrieron las causas por las que hoy es acusado.
Este martes, el juez Eduardo Puigdéngolas imputó a Bento por nuevos delitos: incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, prevaricato y abuso de autoridad, como en una causa a favor de un narcotraficante y otra, por el tráfico de influencias a favor de un empresario amigo de su familia que tenía una deuda impositiva con la AFIP y Rentas.
El juez Walter Bento, en marzo de 2021, al lado de una limusina. La imagen forma parte de la nueva imputación. Para el fiscal, sería en el aeropuerto de Las Vegas.
Es también un nuevo pedido de detención de Bento, quien continúa trabajando como juez hasta que el Consejo de la Magistratura resuelva si los suspende en su cargo hasta la sentencia.
En total, suman 15 los casos de cobro de coimas por los que se imputa a Bento. Pero el juez sigue concurriendo a su despacho en los tribunales Federales de la ciudad de Mendoza.
En su investigación, el fiscal Vega vuelve a acusar al juez del juzgado 1 de Mendoza por el delito de asociación ilícita en carácter de jefe y como integrante de esa banda, a su esposa Marta Boiza y a los abogados Jaime Alba, Luciano Ortego y Javier Angeletti, por el delito de cohecho activo agravado.
Amistad con un empresario agrícola
Con el análisis de los teléfonos secuestrados en la vivienda de Walter Bento y Marta Boiza el día 5 de mayo de 2021, surge la relación con la pareja formada por Roberto Omar Massi y Sandra Massi, vínculo que se remonta al menos al año 2008.
Roberto Omar Massi es uno de los hijos de Carlos Massi, titular de la firma “Carlos Massi e hijos SRL” dedicada al rubro agrícola (según su razón social la firma se dedica a la venta de semillas, abono, fertilizantes, productos de vivero, venta al pormenor de flores y plantas naturales y artificiales y cultivo de vid para vinificar). Por su parte, Sandra Massi es pareja de Roberto Massi y amiga de Boiza.
En los chats de la conversación del matrimonio Bento con Roberto Massi aparece una frase que para el fiscal es clave: “ya está la carne” y la pregunta acerca de si puede (Boiza) ir a “buscarla mañana porque el fin de semana no van a estar” (los Massi), a lo que responde Boiza que “la van a buscar a la tarde”.
A criterio de la Fiscalía, es una conversación en clave. Ambas familias viven en lugares distantes uno del otro y nada indica que Massi esté vinculado al negocio de la carne. A la inversa, esta alusión a la carne no es nueva: en el Caso número Diez referida a la situación de Daniel Martínez Pinto, se analizó el mensaje de texto que envió éste a Diego Aliaga, mano derecha del Juez Bento en la banda que aquí se investiga, en el que hace referencia dos veces a la “carne” en clave (dice específicamente: “Estoy detrás de la carne” y “está llegando la carne”), al igual que Roberto Massi. Para el fiscal, hablaban de la coima.
En otro mensaje Marta Boiza: le dice a su amiga que están en el teatro “por ver a Celine Dion”, en Las Vegas, oeste de Estados Unidos.
Pero además la confirmación viene de la propia Marta Boiza, siempre por fotos que contiene su teléfono celular: hay una toma fechada el 25 de mayo de 2010 en la que es retratado Walter Bento señalando un afiche de Celine Dion que anuncia el retorno de la artista al hotel Ceasars Palace de Las Vegas: la foto está tomada en ese lugar y forma parte de otras tomas en las que la pareja se retrata paseando por el lugar y que figuran en el archivo fotográfico mencionado.
Sobre la relación el trafico de influencia de Bento a favor de Massi, al ordenar la falta de mérito en su causa de evasión, la Fiscalía sostiene: “Es evidente que al momento de asumir su intervención como juez de la causa, Walter Bento obró a sabiendas de que estaba entendiendo en una situación penal que involucraba a amigos suyos. El Código Procesal Penal de la Nación en su artículo 55 inciso 11 impone a los Magistrados la obligación de inhibirse de conocer en la causa “si tuviere amistad íntima, o enemistad manifiesta con alguno de los interesados”.
El caso 14 y caso 15, por el que se imputa a Bento, están relacionados con presos que habrían pagado por recibir beneficios carcelarios.
El caso 14, según la principal denunciante María Alejandra Muñoz, ex pareja de Daniel Aguilera, quien declaró que su pareja le había comentado que en el año 2016, entre noviembre y diciembre aproximadamente, recibió en un café de la Galería Tonsa la visita de Diego Aliaga (el despachante asesinado y relacionado a Bento) quien le comentó que él podía evitar que lo investigaran en el Federal, que eso costaba dinero, pero que él podía frenar las investigaciones porque tenía muchos contactos.
Agregó que Aguilera le relató que durante su detención en el penal de Boulogne Ser Mer recibió la visita del abogado Jaime Alba. Estos dichos fueron confirmados por el propio Aguilera, en su declaración a la Justicia y permitió al fiscal detectar nuevos delitos de cohecho activo y pasivo cometidos por la banda liderada por el juez.
“Estos casos revelan el modus operandi de la asociación ilícita aquí investigada, sobre todo en lo que concierne a lo que hemos denominado fase previa (esto es, las tratativas anteriores a la formalización de la causa judicial), tratativas que la banda hacía con posibles imputados para que, a cambio de una suma de dinero, no ingresaran en el “circuito judicial” (léase, el ámbito del Juzgado Federal a cargo del Juez Bento).
De esas tratativas se encargaban distintas personas: en general era Aliaga valiéndose de su información privilegiada como informante de la Policía, pero también diversos abogados de la banda y hasta algunos policías”, argumenta en la imputación el fiscal Vega.
El caso 15, refiere a la situación del procesado Cristian Oscar Oliva, condenado por el delito de transporte de estupefacientes junto a Daniel Olivera. Este preso era el mano derecha del ex jefe de la barra brava de Godoy Cruz, Daniel Rengo Aguilera, y fue beneficiado con la prisión domiciliaria.
El preso Aguilera en su declaración dijo que la suerte de Oliva -con una condena a 8 años en prisión- cambió cuando comenzó a defenderlo el abogado Ortego y luego Angeletti, ambos vinculados con la asociación ilícita. Y según los investigadores; “Cuatro miembros de la banda que lideraba Bento abordaron los casos de Aguilera y Oliva: Aliaga y Alba intentaron que el primero pusiera dinero para obtener su libertad espuria, mientras que Angeletti y Ortego ingresan en el expediente como defensores del segundo”.
Para los investigadores este es un caso de la utilización fraudulenta del sistema de garantías procesales que regulan las medidas coercitivas.
Citan a indagatoria a la esposa del Juez
La fiscalía solicitó la imputación y fue citada a indagatoria Marta Isabel Boiza, la esposa de Bento, por estar sospechada de vaciar una caja de seguridad de un banco antes de que se desarrollara un allanamiento en la entidad financiera en busca de pruebas.
El 26 de julio de 2021, Bento fue procesado por el delito de asociación ilícita en calidad de jefe de despachantes de aduana, abogados y presos que cobraba coimas millonarias a cambio de la reducción de penas y otros favores carcelarios en causas de contrabando, trata de personas y narcotráfico.
Según la denuncia del fiscal Vega, los delitos de carácter económico están centrados en el análisis del patrimonio familiar a partir del año 2010, cuando comenzó a evolucionar de manera ostensible, con un incremento de operaciones vinculadas a la compra de inmuebles, automotores, participaciones en fideicomisos inmobiliarios y realización de más de 200 viajes a distintas ciudades de Estados Unidos en una década.
Al juez se lo acusa de delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos de origen delictivo, ya que el patrimonio de los procesados y de su grupo familiar – su esposa Marta Boiza y dos de sus hijos, todos empleados judiciales -no es compatible con el que legítimamente podrían disponer.
Vega ubicó a Bento en la cima del esquema con el que funcionaba la organización delictiva, por su rol de juez federal, junto al despachante de aduana y prestamista asesinado, Diego Aliaga, a quien ubican como la persona que acercaba los procesados que pretendían beneficios en sus causas penales a cambio de dinero.
Fuente Mendoza Today
