Ya lo dejó caer en su comparecencia el viernes en Bruselas, y ayer terminó de darle forma al posicionamiento. Pedro Sánchez recupera ahora, después del fracaso electoral en Andalucía, el discurso anti-establishment que enarboló hace un lustro, en la campaña con la que consiguió erigirse de nuevo en secretario general del PSOE, tras derrotar en las primarias de 2017 a Susana Díaz. Si en la capital comunitaria, donde compareció tras la reunión del Consejo Europeo, el jefe del Ejecutivo dejó claro, deslizando el espíritu de las medidas aprobadas ayer, que «este Gobierno sabe muy bien para quién gobierna», este sábado, durante la presentación del decreto de medidas aprobado por el Consejo de Ministros extraordinario, apuntilló el argumento: «Gobernamos para la clase media y trabajadora, para los colectivos más vulnerables de este país. Es cierto que a este Gobierno se le golpea mucho, por parte de determinados poderes. Pero esos poderes tienen que ser conscientes de que este es un Gobierno autónomo, que sirva a quien sirve, que es la clase media trabajadora de este país» insistió. Para Sánchez, «resulta evidente que este es un Gobierno molesto para determinados intereses económicos. Que tienen sus terminales mediáticas y tienen también sus terminales políticas. Creo que es algo que está a pie de calle y creo que cualquier persona que lo analice con un mínimo de objetividad lo puede ver. Esto es una realidad. Por cierto, una realidad que hemos venido sufriendo desde hace cuatro años a esta parte, primero con la moción de censura y luego con el Gobierno de coalición». En respuesta a ese supuesto boicot, Sánchez contestó con énfasis que «no nos van a quebrar» y que «vamos a continuar defendiendo los intereses de la clase media y trabajadora de este país». La importancia del poder judicial
Pero no fue el económico el único poder sobre el que alertó Sánchez. También lo hizo sobre el judicial, al hilo de la polémica por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y por la maniobra del Gobierno a través de la proposición registrada por el PSOE para permitir que aun estando en funciones pueda participar en la renovación de un tercio del Tribunal Constitucional (TC) que corresponde hacer ahora, con dos magistrados elegidos por el CGPJ y otros dos por el propio Gobierno. Sánchez defendió esa reforma y volvió a acusar al PP de haberse declarado en rebeldía contra la Constitución por no acceder ya al nombramiento de los nuevos vocales del órgano de gobierno de los jueces. Aludiendo a la sentencia contra el aborto del Tribunal Supremo de EE.UU., que no dudó en calificar de «retroceso gravísimo», reflexionó sobre que «los jueces toman decisiones muy importantes para nuestras sociedades, y creo que el órgano de gobierno de los jueces debe contar con la máxima legitimidad, que es la que no tienen ahora mismo ni el Consejo General del Poder Judicial ni el Tribunal Constitucional, porque hay un partido que no quiere cumplir con sus obligaciones constitucionales». Una de las cuestiones sobre las que aún debe pronunciarse el TC es, precisamente, el recurso del PP contra la ley del aborto aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Fuente ABC