El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando estaba en la oposición: «¿Cuántos más tienen que morir?

¿Cuántos más tienen que morir?», escribía Pedro Sánchez en una red social cuando era líder de la oposición. Han pasado cuatro años desde entonces y el ahora jefe del Ejecutivo ha variado su visión sobre la inmigración ilegal; de presumir en junio de 2018 por la llegada al puerto de Valencia del Aquarius poco después de acceder al Palacio de la Moncloa, a calificar de «buena respuesta» el pasado sábado la actuación de las fuerzas policiales de Marruecos en la valla de Melilla que el día anterior había costado la vida a 23 personas, según el Gobierno de Rabat, 37 según las ONG. Todo ello, además, trufado por durísimas crisis migratorias, en especial la de 2020 por la llegada masiva de cayucos a Canarias y, sobre todo, la provocada en Ceuta en mayo del pasado año por la invasión de más de 10.000 personas, que no era otra cosa que la respuesta marroquí a la llegada en secreto a España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, para ser tratado de Covid. ‘¿Realpolitik?’ Sin duda, mucho de eso hay, porque los mensajes recibidos desde Bruselas han sido constantes en el sentido de que era necesario poner en marcha férreas políticas de control de fronteras; entre otras cosas, porque España es un país de paso para la mayoría de inmigrantes irregulares hacia el resto de Europa. El problema de Sánchez, y el sábado se volvió a comprobar, ha sido siempre su incapacidad para modular una respuesta. En el caso del Aquarius, por ejemplo, dijo: «He dado instrucciones para que España acoja al barco Aquarius en el puerto de Valencia. Es nuestra obligación ofrecer a estas 600 personas un puerto seguro. Cumplimos con los compromisos internacionales en materia de crisis humanitarias». Y con la llegada de la embarcación, el 17 de junio de 2018, montó una estrategia mediática de primer nivel para sacar todo el rédito político posible a esa decisión.<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”es” dir=”ltr”>¿Cuántos más tienen que morir? Hay que restablecer una política justa en las fronteras, flexibilizar las vías de inmigración legal, reforzar la política de integración, proteger a las personas que huyen de las guerras y que ampara el derecho internacional <a href=”https://t.co/1La1y8LDaN”>https://t.co/1La1y8LDaN</a></p>&mdash; Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) <a href=”https://twitter.com/sanchezcastejon/status/960149254118498304?ref_src=twsrc%5Etfw”>February 4, 2018</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script> Advertencia de los expertos
Los expertos en la lucha contra la inmigración ilegal advirtieron entonces al Gobierno de que ese tipo de operaciones propagandísticas eran contraproducentes, porque después del Aquarius vendrían otros barcos que solicitarían el mismo trato y porque provocaba un efecto llamada que iba a ser aprovechado por las mafias de la inmigración. Por supuesto, no se equivocaban. Solo ocho días después de la llegada del Aquarius el Open Arms pedía permiso para lo mismo. El mensaje del Ejecutivo había cambiado: «No podemos ser la organización de salvamento marítimo de toda Europa», dijo el ministro Ábalos. Las peticiones de barcos continuaron, entre ellas otra del Aquarius, pero la respuesta ya no era la misma; es más, se rechazó su llegada y el barco acabó atracando en Malta. Eso sí, 60 de los inmigrantes fueron aceptados por España. «El primer Aquarius supuso un llamamiento a Europa para decirle que este era un asunto europeo, y el segundo supuso, ‘de facto’, el reparto de los migrantes», se justificó entonces Sánchez, que en paralelo activaba un acuerdo de 1992 con Marruecos para devolver a 116 personas que horas antes habían saltado la valla de Melilla… En 2018 además se vivió un repunte histórico de más de 64.000 entradas irregulares. Pero como las cosas son siempre susceptibles de empeorar, en noviembre de 2020 Canarias vivió una nueva y durísima crisis de los cayucos. con 23.000 inmigrantes llegados desde África y 600 muertos en travesías que acababan en naufragio. Las imágenes del muelle de Arguineguín repleto de personas, con serios problemas de higiene y con los servicios de acogida superados, dieron la vuelta al mundo y pusieron sobre el tapete, una vez más, la utilización de la inmigración como arma de presión política por parte de Marruecos. Es cierto que en el Ejecutivo ha habido distintas «almas» en este asunto; en realidad, en muchos, pero en este especialmente. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aprendió pronto del error del Aquarius y siempre se mostró partidario de una política rigurosa. La inmigración ha sido central en su agenda y ha visitado todos los países de África concernidos, muy especialmente Marruecos, porque sabe que sin su ayuda no es posible tener resultados. Pero muchas veces sus gestiones fueron torpedeadas desde dentro. Por ejemplo, en plena crisis de los cayucos, cuando el Gobierno pedía ayuda a Rabat, Pablo Iglesias abogó en una red social por un referéndum de autodeterminación en el Sahara. El momento no podía ser más inoportuno. De la misma forma, mientras Marlaska defendía la legalidad de las devoluciones en caliente –él las prefería llamar «rechazos en frontera», aceptadas por el Tribunal Constitucional y el de Estrasburgo– la entonces secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, pedía acabar con «la práctica de abrir la puerta de la valla y expulsar». Sánchez, mientras tanto, mantenía silencio. Crisis de Ceuta
Pero el momento clave de la legislatura se produjo en el mes de mayo de 2021. Contra el criterio de Marlaska y Margarita Robles, que al menos por una vez estaban de acuerdo, Sánchez autorizó la entrada ‘clandestina’ en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, el enemigo acérrimo de Marruecos. La reacción de Rabat fue, además de retirar al embajador, lanzar contra la valla de Ceuta a miles de ciudadanos que pudieron entrar en la ciudad sin oposición alguna. La fallida estrategia de Sánchez, otra más, quedó en evidencia y solo el auxilio de la Unión Europea permitió solventar una crisis en la que se tuvo que desplegar al Ejército. Fueron 72 horas críticas, con Marlaska como único interlocutor con el Gobierno de Marruecos, más por lazos personales creados antes que por otra cosa. Las consecuencias últimas de todo aquello se vieron en marzo, con el sorpresivo cambio de postura de la posición mantenida históricamente por España respecto al Sahara, que Sánchez ni siquiera comunicó a sus socios de Gobierno. La del viernes pasado fue la primera gran avalancha tras este cambio y las autoridades de Rabat se emplearon con una contundencia atroz que provocó decenas de muertos. Pero a Sánchez le parece que dio una «buena respuesta».
Fuente ABC