Además, el informe que se someterá a consideración del pleno señala otros varios casos en los que supuestamente se ha demostrado que el mandatario cometió irregularidades, como abogar por allegados ante la Superintendencia Tributaria y presionar por el ascenso de determinados oficiales en las Fuerzas Militares.
Si el pedido de la comisión presidida por el parlamentario derechista Héctor Ventura es aprobado por el pleno, Castillo será acusado constitucionalmente, lo que dará pie a un largo proceso judicial que no necesariamente implicará que salga de inmediato de la presidencia.
Negativa
Según la Comisión, ante la que Castillo se negó a declarar, el mandatario se alió con su exsecretario Bruno Pacheco, su exministro de Transportes Juan Silva y los lobistas Karelim López y Zamir Villaverde para adjudicar irregularmente a un consorcio el puente Tarata, por el equivalente a unos 62 millones de dólares.
Los beneficiarios entregaron supuestamente dinero a cambio a Pacheco y Silva, hoy prófugos, y al propio Castillo, quien niega haber cometido delitos y asegura que todo es una campaña de demolición política en su contra. López y Villaverde se han convertido en colaboradores de la Justicia.
El pedido de la Comisión se conoce en momentos en que el presidente ha perdido respaldo incluso de su partido, Perú Libre (PL), que le pidió renunciar a sus filas por generar supuestamente divisiones internas y por aplicar políticas “neoliberales” contrarias a las reformas socialistas prometidas en campaña.
PL, cuyos votos podrían resultar decisivos para una eventual destitución de Castillo, rechaza además que el gobernante se haya negado a responder ante el Congreso. Esa negativa obedece a que, según el abogado del jefe de Estado, Benji Espinoza, las investigaciones se han hecho sin seguir los pasos establecidos.
La Fiscalía, en un hecho sin precedentes, dio vía libre a que Castillo sea investigado mientras sigue en funciones. habitualmente eso se hace cuando el período -que en el caso actual va hasta 2026- ha concluido.
El Congreso ha intentado dos veces destituir al gobernante, pero no ha logrado reunir los 87 votos necesarios (de entre 130 congresistas).
Según especulaciones de la prensa, eso podría cambiar con acusaciones documentadas de corrupción -incluida la posible acusación constitucional- y con las divisiones en el bloque oficialista. La acusación constitucional, decidida por el Congreso, es una figura a la que tienen derecho quienes ocupan determinados cargos públicos, incluida la presidencia, antes de pasar a la Justicia común.
Fuente Ambito
