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A la defensa de Esperanza Aguirre en el caso Púnica se le acaba la paciencia. En un escrito presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional denuncia, por un lado, que el PSOE ha pervertido la acción popular que ejerce en esta causa para obtener «un rédito político» y por otro, que ha hecho «pinza» con el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, quien buscaría beneficios penitenciarios con testimonios fraudulentos. Todo, con el objetivo de alargar este asunto en su perjuicio y en beneficio de ambos. «Esto es una pantomima», señala. «El negocio del PSOE, explotado sin rubor a través de su ejercicio de la acción popular, reside en provocar su dilación ad aeternum pues de la pendencia obtiene un rédito político y resulta un elemento clave en su discurso político, pues se vale del presente procedimiento sistemáticamente en su discurso electoral, evidenciando los mas repugnantes efectos de la acción popular cuando se ejercita por los partidos», dice el escrito al que tuvo acceso ABC. La reacción trae cuenta de los últimos acontecimientos en la pieza separada número 9 de Púnica, que investiga una presunta financiación irregular del PP madrileño que Aguirre presidía y entre otras fórmulas, tres campañas electorales -dos autonómicas y una nacional- que podrían haberse abonado con fondos de una caja B. La investigación se cerró definitivamente el pasado mes de enero, pues no se acordaron más prórrogas, pero quedaba pendiente que Ortega, conocido como ‘El Albondiguilla’ y condenado por la Gurtel, aportase una documentación que había ofrecido. Se supone que contiene revelaciones que pueden apuntalar los indicios de delito que obran en la pieza, también contra Aguirre, que actualmente tiene muchos visos de acabar exonerada. La semana pasada, el juez Manuel García Castellón dictó una providencia en la que recordaba que el plazo para investigar había finalizado en enero y no podía «hacerse depender la continuación de la pieza de la voluntad del señor Ortega». El PSOE recurrió pidiendo más margen para que el también conocido como ‘Albondiguilla’ presentase aunque fuese un esquema de aquello que tuviese entre manos. Él mismo, a través de su abogado, pidió dos meses más al juez. Y esto es lo que ha colmado la paciencia de la expresidenta madrileña. «Nos disculpará el Juzgado la expresión, pero la puesta en escena de esta pinza entre el PSOE y Guillermo Ortega (la política hace extraños compañeros de cama) solo se puede calificar de auténtica tomadura de pelo. Esta causa se instruye desde hace 7 años y esta pieza está concluida desde hace mas de cinco meses a la sola espera del capricho de este sujeto, por lo que pedir ahora, para evitar la decisión judicial, una nueva prórroga resulta sencillamente impresentable», dice el escrito. El testimonio de Ortega, «un ‘bluf’»
Para Aguirre, Ortega está «enrolado en un Cartel Procesal de oferta de servicios probatorios para poder obtener ventajas procesales o penológicas para sus integrantes», todos bajo una misma dirección letrada que en los últimos tiempos y por unos meses, también representó al extesorero Luis Bárcenas, justo cuando pidió declarar en Púnica y señaló a la expresidenta madrileña. «El desahogo con el que está actuando en la causa el Sr. Ortega es tan intenso que con ser un delincuente condenado por graves delitos, se quiere atribuir la condición de colaborador con la justicia», añade el escrito de Aguirre, que califica su actuación de «sencillamente sonrojante». Le acusa además de ofrecer «un engañoso elemento incriminatorio personalmente» contra Aguirre, que «no puede considerarse sino como en espurio medio de prueba que, ya se ofrece, ya se negocia, para obtener una retribución procesal o penitenciaria, lo que decididamente repugna al derecho». «Esto es una pantomima». «Que el testimonio del Sr, Ortega es un bluf y que nada puede aportar, salvo su propia incriminación , que es el motivo real por el que sigue eludiendo la presentación de su informe a la vez que clama por su (risible) colaboración con la justicia, no requiere mayor argumentación«, argumenta la defensa de la expresidenta madrileña Incide en que «lo mas grave, en términos de garantía procesal y constitucional, es que una persona frente a la que no concurren indicios de criminalidad se vea sometida a un procedimiento que se dilata durante años mediante artimañas procesales como las que sistemáticamente pone en marcha el PSOE». Sostiene que lo hacen a »ciencia y conciencia« de que no hay nada contra ella.
Fuente ABC
