La Abogacía del Estado ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) que la Agencia Española de Protección de Datos regrese a la terna inicial para elegir a sus dos máximos responsables. Una sentencia del TS del pasado 25 de mayo anuló esta terna al considerar que se apartaba de la ley.
El abogado Juan José Torres Fernández ha pedido al Supremo que esclarezca si “las consecuencias inherentes” a dicha nulidad suponen “anular todos los trámites efectuados del procedimiento selectivo” afectados por la decisión del tribunal, “acordando que deberá abrirse un nuevo plazo de presentación de solicitudes” en el Boletín Oficial del Estado (BOE) “para que todas las personas interesadas puedan concurrir a la presidencia y la adjuntía de la AEPD“.
Agustín Rivera. Málaga
Según fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial, será después del verano cuando el Supremo “probablemente le dirá al Gobierno que para qué pregunta cuál es el sentido de la sentencia si ya sabe la respuesta: lo que ha pedido el recurrente y a lo que se han allanado”.
Estas mismas fuentes añadieron a este diario: “¿A qué viene este interés ahora por repetir un proceso en el que ya hay dos ternas enviadas al Congreso de los Diputados? El interés no es nombrar a los mejores ni acabar con la interinidad en la AEPD, el interés parece ser otro”.
El Alto Tribunal, tras renunciar la Abogacía del Estado a la defensa de la propuesta gubernamental, estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de Leonardo Cervera Navas, uno de los candidatos excluidos por el Gobierno, contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de febrero de 2022.
La sentencia también insta a que el Gobierno enviara una nueva propuesta a las Cortes conforme a la ley (una propuesta presidente y un adjunto de los preseleccionados por el comité de selección). La resolución judicial aclara al mismo tiempo que el acto “viciado de raíz” es el acuerdo del Consejo de Ministros. El artículo 19.3 del estatuto de la agencia, un organismo que puede imponer sanciones a particulares y empresas de hasta 20 millones de euros, indica que se debe nombrar a un experto “cuya competencia, integridad e independencia debe estar fuera de toda duda”.
Cuatro semanas después de que el Ejecutivo y los populares acordaran el listado de nombres que servirían para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos, el Boletín Oficial del Estado convocó el “proceso selectivo” para designar al presidente y al adjunto de este último organismo. Es decir, un concurso público y abierto que se abrió un mes después de que se publicara que PSOE y PP habían pactado que fueran Belén Cardona (presidenta) y Borja Adsuara (adjunto).
Ahora el concurso sigue en el aire. Y la agencia, en situación de interinidad.
Fuente El Confidencial
