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Por Christian Sanz
Mientras estas líneas se escriben, escala a nivel judicial un escándalo de proporciones, que se busca mantener oculto. Básicamente por las derivaciones que podría tener.
Refiere a un hecho ocurrido en el Consejo de la Magistratura durante el fin de semana largo, que arrancó el pasado 17 de junio.
En algún momento de esa extensa jornada, una persona ingresó a la Oficina de Declaraciones Patrimoniales y hurgó en alguna —o algunas— de las 6.000 declaraciones juradas que allí reposan.
Se desconoce si el malviviente se llevó alguna en particular, o si sacó fotografías de alguna en particular. Tampoco se sabe a efectos de qué alguien podría interesarse en documentos privados que contienen datos patrimoniales de jueces de todo el país.
¿Se trató de un hecho de inseguridad más? Si es así, ¿por qué no faltaron elementos de valor? ¿Podría ser un intento de carpetazo contra algún magistrado puntual? ¿Acaso alguno de la Corte Suprema?
Las suspicacias crecen en estas horas, sobre todo en la cabeza de Horacio Rosatti, titular de la Corte y, a la sazón, del Consejo de la Magistratura. No es antojadizo: es quien se encuentra hoy en la mira de las furibundas críticas del kirchnerismo.
Tampoco ello es casual: Rosatti debe resolver puntuales planteos de la vicepresidenta en causas judiciales por corrupción que la complican. Por tal motivo, el magistrado intenta mantener la situación en total reserva.
No obstante, sospecha que algo raro se esconde detrás de lo sucedido, no solo porque la Oficina de Declaraciones Patrimoniales es uno de los dos órganos de la Magistratura que dependen directamente de él, sino —sobre todo— porque las cámaras de seguridad dejaron de funcionar al momento de la intrusión de marras.
Entretanto, ha instruido investigar si falta alguna declaración jurada en particular y motorizó una causa judicial que recayó en el juzgado de Daniel Rafecas (ver al pie). La causa, según pudo saber Tribuna de Periodistas, es la N°4025/2022, caratulada “NN s/ averiguación de delito”.
En el marco de ese expediente, el juez ya pidió explicaciones a la responsable de la Oficina de Declaraciones Patrimoniales, “a fin de que informe si se efectuó alguna inspección que permita determinar si existen elementos faltantes en alguno de los ambientes que habrían sido compelidos, y si se han forzado cerraduras de las puertas que comunican a dicha oficina o las puertas internas de la misma”.
La investigación se encuentra en pañales aún. Las suspicacias también. Las derivaciones del caso pueden llevar a cualquier lugar. Siempre con consecuencias catastróficas (Continuará).
