Los estafados son 5 militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que dirige Juan Grabois, de estrecha relación con Cristina Kirchner y el Papa, quienes son juzgados por el delito de estafa por cobrar comisiones de los planes sociales que entregaban a personas pobres y desocupadas. Nueve de los militantes estafados los denunciaron y contaron la modalidad mediante la cual los acusados de beneficiaban de su necesidad quedándose con parte del dinero del plan u obligándolos a ir a marchas y cortes de calles a cambio de una bolsa de alimento.
La denuncia original tenía que ver con el origen de los planes sociales aportados por el Gobierno Nacional y provienen en consecuencia del erario público. “El Juzgado Federal la tramitó pero por la pandemia estuvo parada más de un año. La remitieron por incompetencia a la Justicia Provincial. Recibí el caso en mayo de 2021 y noté un delito de extorsión aunque tenía un antecedente previo de amenazas y cohecho”, explicó el fiscal Héctor Iturrioz.
Agregó que al entrevistar a los denunciantes, conoció la modalidad operativa de esta “unidad de gestión” y recibió llamados de toda la provincia, advirtiendo sobre casos en otros movimientos sociales como el Polo Obrero y la Corriente Clasista y Combativa, que supuestamente aplicaban metodologías similares.

La protección:
El fiscal Iturrioz explicó que en la instancia previa, se generó una demora de la Judicatura y de seis allanamientos solicitados sólo se autorizó uno. “Queríamos secuestrar los celulares de todos los imputados porque todos los mecanismos de presión e intimidación eran a través del teléfono. No nos dieron lugar. Esto generó que tuviéramos que investigar sin apertura. La causa tiene ya prueba suficiente y sólida como para presentar una acusación solvente que acredite la instancia de juicio, no tengo ninguna duda. Solamente nos faltan algunas pericias informáticas y algunas pruebas que deben llegar desde Nación”.