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La justicia federal investiga un posible robo de información sensible en oficinas del Consejo de la Magistratura, luego de detectar más de veinte sobres con declaraciones juradas de 33 jueces y secretarios abiertos en una dependencia de ese organismo.
Sobre este hecho se pronunció el juez Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados, quien calificó como “grave, preocupante y escandalosa”, la vulneración de las declaraciones juradas por parte de desconocidos que irrumpieron en el edificio judicial a fines del mes de junio, cuando no funcionaban el sistema de grabación de seguridad del complejo.
En diálogo con Radio Mitre, el magistrado dijo que “el mensaje es muy particular porque se han manipulado solamente 33 declaraciones juradas, y 23 o 24 de ellas fueron abiertas pero no se retiró nada. Sólo se accedió a verlas”.
“El mensaje que se pretendió dar con esta maniobra es: ‘Lo hice y quiero que se sepa que lo hice y a qué nombres estuve revisando'”, añadió.
La pesquisa se inició a partir de una denuncia presentada por el propio organismo después de que una empleada informara que, al volver a trabajar luego de un fin de semana largo, encontró que su escritorio no estaba en las mismas condiciones en las que lo había dejado.
“Se ha manipulado información muy sensible de los magistrados y funcionarios involucrados; no solo de ellos sino también de sus familiares porque en nuestras declaraciones ingresan no solo nuestros datos financieros, bancarios y patrimoniales sino también los de nuestros familiares”, indicó el magistrado.
APERTURA DE INFORMACIÓN SENSIBLE: QUÉ PASO
La investigación del suceso está en manos del juez federal Daniel Rafecas y del fiscal Ramiro González, quienes recibieron un informe del Consejo de la Magistratura al que le habían solicitado que detallara si se había detectado algún faltante de documentación o si encontraron cerraduras forzadas, entre otras cosas.
Esa mañana, tras un fin de semana largo, una empleada del área de Declaraciones Patrimoniales llegó a trabajar y encontró abierta una puerta que debía estar cerrada con llave y mal trabadas otras. La empleada denunció además que su escritorio no estaba en las mismas condiciones en las que lo había dejado.
Las fuentes dijeron que, según se determinó inicialmente “no hubo daños ni sustracción ni faltantes, pero se registraron 24 sobres de declaraciones juradas abiertos (sobre unos 11.000), pertenecientes a jueces y secretarios”. Además, advirtieron que cuando ocurrió el episodio “las cámaras de seguridad no estaban en funcionamiento”.
En rigor, y ante la aparente ausencia inicial de daños o hurto de documentación, se tratará de determinar si se robó información de esos sobres, ya que contienen información privada sobre los magistrados. Los investigadores tampoco descartan que, en caso de confirmarse esta posibilidad, ese material pueda ser usado para intimidar o extorsionar a los damnificados.
Según lo consignó el portal Infobae, entre los 33 afectados por la irrupción en la oficina de declaraciones juradas se hallan los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Guillermo Yacobucci; y los jueces de Tribunal Oral Federal Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, que son quienes tienen a su cargo el juicio conocido como de Obra Pública, en el que está imputada, entre otros, la vicepresidenta, Cristina Kirchner.
“Además, fue abierto el sobre con la declaración jurada del juez federal Ariel Lijo, el de la jueza en lo Civil y representante de los magistrados en el Consejo de la Magistratura de la Nación, Agustina Díaz Cordero, el de la jueza en lo Civil Lucila Califano, el del juez en lo Comercial Hernán Papa, entre otros”, informaron.
Entre los afectados están los magistrados quienes tienen a su cargo el juicio conocido de Obra Pública, en el que está imputada Cristina Kirchner.
Ante la inexistencia de las grabaciones internas del edificio, el procedimiento actuó inmediatamente con el pedido de relevamiento en los alrededores de la sede judicial para determinar si existen cámaras que hubieran podido captar algún suceso relevante de lo sucedido.
Gallo Tagle afirmó que, a pesar de la “rapidez” con la que actuó el Consejo de la Magistratura y su presidente, “el daño está hecho y es irreparable. Cualquiera puede usar esa información ahora o en el momento que quiera. Lo que pasó fue una actuación calculada”, concluyó.
Fuente El Cronista
