Más allá de sus desaciertos a lo largo de la vida nacional, la Iglesia siempre no solo siguió con atención la evolución de la situación política y social del país, sino que buscó crear conciencia de la gravedad de los problemas y tender puentes entre los dirigentes en favor de soluciones conjuntas.
Entre las acciones más destacadas de los obispos están el Servicio de Reconciliación para favorecer la vuelta a la democracia tras la Guerra de Malvinas y la Mesa de Diálogo al producirse la crisis de 2001.
Pero también hubo innumerables pronunciamientos y gestiones reservadas de los clérigos, siempre procurando apaciguar los ánimos y a la vez instando a acordar respuestas de fondo a los grandes desafíos.
Es difícil mensurar cuánto aportó la Iglesia para que los conflictos que se fueron precipitando no se desmadraran, pero no podría decirse que fue irrelevante. Sin embargo, no logró que los políticos se pongan de acuerdo para revertir el deterioro social y evitar que la pobreza pasara del 8% al asumir Alfonsín a más del 40 % actual.
Hoy el Papa Francisco y los obispos -como todos los argentinos- están preocupados por las peleas entre el Presidente y la Vice, profundizada por la renuncia de Martín Guzmán. También, por la altísima inflación, las trabas económicas que dificultan la producción, las demandas de más ayuda estatal de los movimientos sociales, un Congreso bloqueado por la paridad de fuerzas -en el marco de la grieta- y una oposición demasiada ocupada en sus candidaturas para las elecciones del año que viene. Como en otros momentos, quiere contribuir a que la situación no se salga de cauce.
En esa actitud hay que anotar al pontífice que -más allá de haberse flexibilizado las trabas que impedían viajar por la pandemia- volvió en los últimos meses a recibir a políticos argentinos.
Para finos observadores de los pasos del Papa, Francisco -que tiene un acabado conocimiento de la situación por los informes que le llegan de las más diversas fuentes eclesiásticas- quiere alentar a los dirigentes al diálogo que permita encontrar respuestas y bajar las tensiones políticas y sociales.
En el marco de ese espíritu hay que inscribir los vínculos que el pontífice siempre tuvo con los movimientos sociales (con excepción de los grupos dominados por la izquierda dura) y, en particular, con uno de sus líderes, Juan Grabois, según esos observadores.
Es que para Francisco esas organizaciones sociales son relevantes para asegurar la paz social y, por eso, considera que debe estar cerca de ellas, más allá de que cree que la llamada economía popular es un recurso valioso ante la falta de trabajo.
No obstante, Francisco no se resignó a ceñirse al papel de bombero social. Además de promover políticas económicas inclusivas, “bendijo” durante el gobierno de Cambiemos una ley para capear la emergencia y otra de fondo. Se trata de la 27.345, de Emergencia Social y Economía Popular (2016), y la 27.453 sobre el Régimen de Regulación Dominical para la Integración Socio Urbana (2018) que implicó un relevamiento de las villas de todo país para empezar a transformarlas.
En base a aquel relajamiento, el presidente del Episcopado, el obispo Oscar Ojea, precisó en la apertura de las Semanas Sociales que en el país “existen 5687 villas o barrios populares”. Señaló que “ahí se encuentra el núcleo más duro de la pobreza” y advirtió que “en los últimos años aumentó la cantidad de pobres y de indigentes”. Tras afirmar que la brecha social se agigantó, citó a Pablo VI que decía que la paz social no será posible si no se acorta esa brecha.
Mientras tanto, está claro que desde la crisis de 2001 los gobiernos apelaron a los planes sociales no solo para dar respuesta a las necesidades, sino para asegurar la paz social. En los últimos años se aceleró la cantidad que se distribuyen.
Un estudio del jesuita Rodrigo Zarazaga con la colaboración de Andrés Schipani y Lara Forlino establece que las ayudas a los pobres a través de las cooperativas dio un salto significativo durante el gobierno de Mauricio Macri.
El estudio precisa que mientras Cristina Kirchner dejó su mandato con 253.939 beneficiarios de ese tipo de planes, Mauricio Macri lo finalizó con 641.762. Por su parte, en septiembre de 2020, durante la presidencia de Alberto Fernández, había 1.223.537. El documento concluye que este aumento, en el caso del gobierno de Macri, “se debe centralmente a que necesitaba negociar con los movimientos sociales que los administran para preservar la paz social en las calles”.
Paralelamente, las soluciones de fondo se demoran y el presentimiento mayoritario es que la situación puede empeorar.
Por eso, el obispo Ojea decía en la Semana Social lo obvio, no tan obvio en el país: “Debemos buscar una visión superadora de la violencia ligada a la lucha por espacios de poder y que nos permita centrarnos en las verdaderas necesidades y búsquedas de nuestro pueblo, llamado a desarrollar su vida en una sociedad justa y fraterna”.
Fuente Mendoza Today
