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Por Candela Ini
Las diferencias dentro del organismo antilavado respecto de cómo actuar ante casos por corrupción se agudizaron en las últimas horas
l alegato de la Unidad de Información Financiera (UIF) en el juicio del caso Vialidad, donde pidió absolver a Cristina Kirchner, exacerbó el malestar que se vive dentro del organismo antilavado desde que asumió el gobierno del Frente de Todos. Qué hacer con las querellas penales en las causas por corrupción que involucran al kirchnerismo fue un dilema que enfrentó la UIF desde entonces y que ayer tuvo su definición más nítida en el juicio contra la vicepresidenta, Lázaro Báez y los exfuncionarios nacionales implicados en la causa por presunto direccionamiento de la obra pública.
Exponer ese pedido ante el tribunal que deberá dictar sentencia en la causa implicó para la UIF un drástico giro en la posición que había mantenido durante la instrucción de la causa y el desarrollo del juicio oral. En las recomendaciones que hace el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a las UIF de todo el mundo se establece que el organismo debe ser autónomo y operativamente independiente de la política y el Gobierno. Este tipo de giros tienden a disminuir la confianza de la comunidad internacional. Las discusiones en torno a qué hacer con las querellas en las causas por corrupción se dieron y repitieron a lo largo de las dos gestiones que tuvo el organismo antilavado.
La gestión de Carlos Cruz al frente de la UIF estuvo signada, entre otras cosas, por una fuerte interna con su vice, la abogada Mariana Quevedo. Ambos renunciaron en octubre del año pasado, después de acusaciones por haber desmantelado algunas áreas del organismo y por no haber apelado el sobreseimiento de Paolo Rocca en la causa de los cuadernos de las coimas. Ese episodio en particular generó una fuerte controversia.
Tras la salida de Cruz fue designado Juan Carlos Otero, un abogado con experiencia en el Consejo Asesor de la UIF a quien se le atribuyó ser cercano al diputado y líder de La Cámpora Máximo Kirchner. Como vicepresidenta fue nombrada Luna Montes, también abogada, con formación en la prevención de lavado de activos.
La problemática entre las autoridades del organismo se estaría replicando. Fuentes con acceso a la intimidad de la cúpula anti lavado dijeron a La Nación que Otero y Montes también tienen diferencias respecto del rumbo que debería seguir la entidad. El malestar era tal que esta mañana Montes evaluaba renunciar, según supo este medio. Una fuente que trabajó dentro del organismo hasta hace pocos meses observó cambios en el foco del trabajo: “Pasaron de mirar temas como el contrabando, los precios y el dólar a centrarse en derribar las causas que involucran a CFK”.
El pedido para absolver a la vicepresidenta no fue el único gesto que hizo la UIF a su favor. También pidió su sobreseimiento -y el de sus hijos- en el caso Hotesur y Los Sauces, que fue cerrado por el Tribunal Oral Federal 5 el año pasado. Ese fallo ahora está bajo estudio de la Cámara de Casación Penal.
El área de Litigios Penales sigue vacante desde la salida de Claudio Castelli, que era el jefe de los abogados que intervenían en las causas penales. Los abogados que ayer expusieron el alegato son Leandro Ventura y Alejandro Irachet. Ventura tuvo un paso entre 2015 y 2018 por el Consejo de la Magistratura, donde trabajó para el entonces representante de los académicos Jorge Candis. También tiene buen vínculo con el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade.
En la UIF sabían que la exposición de ayer indudablemente tendría un impacto político y que, al no haber desistido de su rol como querellantes en la causa, si no sostenían la acusación podían enfrentar algún escollo. Por eso, en las semanas previas buscaron asesoramiento con distintos estudios de abogados para evitar denuncias por prevaricato o denegación de justicia. Desde la UIF no respondieron a las consultas de este medio.
Fuente La Nación
