“No se trata de un juicio sobre todo el sistema judicial venezolano, sino solo sobre cinco decisiones”, defendió en su alegato inicial Richard Lissack, abogado del gobierno de Maduro.
El Estado venezolano y la oposición se enfrentan desde 2019 por el acceso a 32 toneladas de oro, valoradas en más de 1.000 millones de dólares, custodiadas desde hace años en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra, que ofrece este servicio a múltiples países.
Se trata de “la mitad” de las reservas de Venezuela en el extranjero, de acuerdo al abogado defensor.
Tres años de pujas por el oro
En julio de 2019, Guaidó, autoproclamado “presidente encargado” de Venezuela y reconocido como tal por medio centenar de países -entre ellos el Reino Unido-, nombró una dirección paralela del Banco Central de Venezuela (BCV).
Inmediatamente esa dirección paralela ordenó al Banco de Inglaterra que no entregase los lingotes a la junta directiva oficialista del BCV, presidida por Calixto Ortega, afirmando que el gobierno utilizaría los fondos para reprimir a la población.
Guaidó era entonces presidente de la Asamblea Nacional venezolana elegida en 2015, pero sus nombramientos fue invalidados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano, leal a Maduro.
La justicia británica decidió en diciembre pasado que reconoce efectivamente a Guaidó como legítimo y único representante de Venezuela como decidió el Ejecutivo, la Corte Suprema de Londres ordenó, sin embargo, analizar si la decisión judicial venezolana invalida sus nombramientos en la dirección del BCV.
Si se da su control a la oposición, los fondos “se perderían para el pueblo venezolano”, denunció el lunes Lissack ante la jueza Sara Cockerill, del tribunal comercial de Londres, quien escuchará argumentos y testigos de ambas partes hasta el lunes.
Ortega viajó a Londres para presenciar el juicio, tras obtener una “visa diplomática” que, según Lissack, refuerza su legitimidad como representante oficial del Banco Central de Venezuela.
Sin embargo, pese a estar presente en la sala el miércoles, no será interrogado por decisión de la magistrada, que en junio decidió limitar su participación a una declaración escrita previa.
Fuente Ambito
