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Tras la adopción de la ley en primera lectura en el Congreso de los Diputados, prevista por la tarde, este texto del gobierno del socialista Pedro Sánchez irá al Senado para ser aprobado definitivamente a la vuelta del receso veraniego.
Esta “Ley de Memoria Democrática“ es su segunda iniciativa importante en este tema, tras la exhumación de Francisco Franco (1939-1975) de su monumental mausoleo cerca de Madrid.
Reparación histórica a las víctimas
La principal medida de este proyecto de ley es que el Estado se hará cargo, por primera vez, de la búsqueda e identificación de las víctimas desaparecidas de la Guerra Civil y la dictadura.
Para ello será necesaria la financiación directa del gobierno de España, mientras que actualmente la búsqueda de los cuerpos de las víctimas corre a cargo principalmente de las asociaciones de familiares y de las regiones autónomas.
“El Estado tiene que exhumar los cuerpos de las víctimas de la dictadura franquista. Hay todavía 114.000 desaparecidos forzosos“, es decir, personas cuyo destino fue deliberadamente ocultado, dijo Pedro Sánchez el martes en el Congreso de los Diputados.
“Somos, después de Camboya, el país del mundo con más desaparecidos”, agregó, mencionando al país asiático que sufrió las atrocidades de los jemeres rojos.
La gran mayoría de los desaparecidos durante la guerra eran republicanos, y el régimen franquista exhumó a muchas víctimas del bando nacional de las fosas comunes para darles sepultura.
El proyecto de ley del gobierno también conducirá a la creación de un banco de ADN de las víctimas para facilitar su identificación, así como a la creación de un mapa de todas las fosas comunes de España.
También prevé la anulación de las sentencias dictadas por la justicia franquista contra los republicanos o la comunidad homosexual, y la creación de una fiscalía dedicada a investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Hasta ahora, la Ley de Amnistía de 1977 impidió cualquier tipo de reparación en nombre de la transición a la democracia.
Los conservadores se oponen
El principal partido de la oposición de derecha de España, el Partido Popular (PP), que acusó en repetidas ocasiones a la izquierda de intentar reabrir las heridas del pasado con la coartada de la memoria, prometió derogar la ley si vuelve al poder en las elecciones previstas para finales de 2023.
El último presidente del gobierno del PP, Mariano Rajoy (2011-2018), presumió de no haber gastado ni un solo euro de dinero público en la aplicación de una primera ley de “memoria histórica”, aprobada en 2007 bajo un gobierno socialista anterior y destinada a reconocer a las víctimas del franquismo.
Y la férrea oposición del PP a la ley se ha visto agravada por las concesiones extraídas a Pedro Sánchez por los separatistas vascos de Bildú a cambio de sus votos.
Alegando la ausencia de purgas en el aparato policial durante los primeros años de la democracia, esta formación, heredera del escaparate político de la organización armada ETA, obtuvo un informe de una comisión sobre posibles violaciones de los derechos humanos desde 1978, año de la aprobación de la Constitución de España, hasta finales de 1983.
En particular, 1983 fue el año en que se crearon los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), una organización parapolicial responsable de 28 asesinatos de activistas vascos hasta 1987.
Fuente Ambito
