Según el documento, el objetivo es “incrementar los controles en los puertos de exportación del complejo cerealero-oleaginoso”. Será a través de aumentar “los mecanismos de control en los instrumentos de medición reglamentados (balanzas) utilizados en los puertos, de manera tal de contar con mayor certidumbre sobre el correcto desempeño de los instrumentos utilizados para cuantificar los volúmenes exportados”. En las balanzas se verifica que el volumen coincida con lo declarado en los permisos de embarque.
Así, se establecerá un “plan de vigilancia” para verificar el funcionamiento de las balanzas electrónicas instaladas en las 21 terminales portuarias que hay en el país. Las verificaciones estarán a cargo del INTI, en 50 instrumentos de medición reglamentados, y se implementarán por un plazo de un año, pudiendo ser prorrogadas. Según pudo saber este diario, estos controles en los funcionamientos de las balanzas se realizaban una vez por año, mientras que ahora podrán hacerse con mayor periodicidad, ya sea cada 3 o 6 meses, para verificar el pesaje.
Desde que asumió en Aduana, hace menos de un mes, Michel puso el foco en los granos como una de sus primeras medidas. Comenzó a implementar el mecanismo de “draft survey”, mediante el cual también se puede hacer un control de la cantidad que se carga en el barco, lo cual derivó en un reclamo de Ciara y en una serie de reuniones. El sector exportador considera que es un método que tiene mayores costos, pero que, además, puede dar diferente a la balanza fiscal, lo cual entorpece el comercio con el comprador.
En diálogo con Ámbito, Idígoras explicó: “Es un sistema antiguo, eliminado hace muchos años a nivel mundial. Puede ocurrir que la balanza da más pesado que el draft survey, lo cual perjudica al Estado. Planteamos que no era el mecanismo idóneo”. Así, en distintos encuentros se acordó reforzar el actual mecanismo de control. De todos modos, según pudo saber este diario, en los casos en los que hubiera “dudas”, la Aduana lo usará como mecanismo de “contraverificación”.
Además, Ámbito consultó acerca del contexto político en el que se lleva adelante este cambio, después del paro del miércoles. “La medida ya estaba prevista desde antes”, manifestó una fuente oficial, y resaltaron que se resolvió en base al diálogo, con un sector que es “estratégico”. De hecho, las reuniones, en las que se convocó a ejecutivos de la mayoría de las agroexportadoras, ocurrieron durante las últimas semanas. “Ahora se van a duplicar los controles para verificar el pesaje, hay habitualmente cuestionamientos políticos sobre la falta de declaración, así que es oportuno hacer controles más estrictos. Si hay alguien que hace eso o hay balanzas que no están bien calibradas, es momento para confirmarlo”, aseguró Idígoras.
Además, el acta firmada anticipa que habrá nuevas reuniones para establecer “medidas adicionales de control de barcazas con soja para procesamiento posterior y exportación, provenientes de países limítrofes”. El sector cerealero-oleaginoso es el principal complejo exportador: se estima que para 2022 se habrán exportado alrededor de 100 millones de toneladas a 127 mercados, sobre 4850 barcos, por un monto superior a u$s 40 mil millones. Con precios internacionales récord, la liquidación en el primer semestre fue de u$s 19.143 millones, récord para los últimos 20 años, según el centro Cepa.
Empresas “cáscara”
La Aduana realizó en la última semana tres denuncias a 40 empresas exportadoras del sector de maíz partido. Según pudo saber este diario, se trataba de “empresas cáscara”, que no liquidaban las divisas al tipo de cambio oficial, con balances y autoridades sin capacidad económica para hacer ese tipo de transacciones. Actualmente, el foco está puesto en el 3% del volumen exportado, dado que por la posición arancelaria, es el universo donde comenzaron a encontrarse la mayor cantidad de irregularidades, con plazos de liquidación a 180 días, muy por encima que para otros cultivos.
Fuente Ambito
