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Mientras la Justicia pide pruebas al Ejecutivo sobre el reparto de fondos por las leyes de reparación, este martes se presentó una nueva ampliación que pone la mira en dos casos sobre los que habría pruebas de que no le correspondía el cobro que recibieron.
La polémica por la forma en que se aprobaron las indemnizaciones a detenidos, desaparecidos y exiliados durante la última dictadura militar en el marco de las leyes de reparación sigue sumando capítulos en la Justicia. Ahora, la mira quedó puesta en dos casos que llamaron la atención: una persona habría cobrado pese a nunca haber estado detenida ni desaparecida ni haber tenido que exiliarse y otra que logró cobrar el triple de lo que le correspondía por el tiempo que está acreditado que estuvo privada de su libertad.
José D’Angelo es el investigador que ya tiene una denuncia presentada que está bajo la investigación del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Federico Delgado. Este martes, presentó una nueva ampliación para sumar más aristas a la investigación. En un primer momento había hecho una denuncia general sobre la forma en la que fueron decididas las indemnizaciones. Luego, hace apenas unas semanas, aportó pruebas que dan cuenta de que ciudadanos uruguayos que estuvieron pocos días detenidos en el país y fueron extraditados cobraron indemnizaciones por más tiempo del correspondiente. Ahora, suma dos nuevos casos que, a su entender, deberían quedar bajo la investigación judicial para que arbitre si fueron entregadas bajo lo que establece la ley o si los funcionarios intervinientes violaron sus deberes y generaron un desfalco al erario público.
El primer caso apuntado es el del ex militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) Olegario Natividad Chamorro, quien falleció este año y según los testimonios de familiares y compañeros de militancia que lo despidieron nunca estuvo detenido ni exiliado, sino que dan cuenta de una actividad plena durante los años de la dictadura, en Argentina y otros países latinoamericanos. Según los registros a los que accedió D’Angelo, Chamorro cobró del Estado argentino una indemnización de $ 39 millones, a valores de hoy (toma el monto del momento de acreditación de los bonos actualizados por la inflación).
Según consta en la denuncia, hay dos textos que fueron difundidos en redes sociales al despedir a Chamorro. Uno de su hijo Osvaldo, quien destaca su “lucha clandestina” pero en ningún momento da cuenta de que haya estado desaparecido, detenido o se haya exiliado, sino que relata que “luchó” también en Nicaragua, Guatemala y Paraguay y que estudió en Cuba.
El segundo es de un compañero de militancia, Daniel De Santis, quien lo presenta de la siguiente manera: “Juan, el trosco, el intelectual entre los hermanos, era hombre de ir al frente con el 38 en la cintura, pícaro entre los pícaros en eso de esquivarle a la represión, pudo sobrevivir a la dictadura, o como su madre Guillermina protegiendo y orientando a sus hijos para que se alzaran a tiempo. Cuando las caídas de mayo del 77 que terminaron con la estructura nacional del PRT, le exigió a Olegario que se fuera de la casa en que vivía, y los milicos llegaron tarde, al otro día. Ninguno de ellos fue detenido desaparecido”.
Acto seguido, también describe sus salidas del país: “…saliste del país a mediados del 77, salías y entrabas. Estabas orgulloso porque lo tuyo nunca se convirtió en exilio. En 1978 fuimos juntos a la Tierra de Fidel a estudiar en la escuela del PC de Cuba, y vaya si aprendiste el marxismo y el leninismo”. Y continúa relatando sus andanzas por Nicaragua, Paraguay, Salta y Guatemala, antes de ayudar en las finanzas del naciente diario Página 12.
El segundo caso que destaca la presentación judicial es el de Guillermo Marcelo Fernández. Según la denuncia, habría cobrado tres veces la misma indemnización, por un monto total a valores de hoy de $ 38 millones, cuando por el tiempo detenido y exiliado le hubiesen correspondido $ 10 millones. Fernández estuvo detenido en la trístemente célebre Mansión Seré por 155 días, cuando logró escaparse y emigrar a Francia, donde formó familia y se asentó, lo que le suma otros 2.190 días para el cálculo que otorga la ley reparatoria. Fernández hizo su primera presentación por la indemnización en 1995 y la cobró en 1999, después volvió a reclamar y cobrar (con el mismo número de expediente) en 2007, y pidió otro pago en 2013, que finalmente recibió en 2015.
“El malicioso obrar denunciado, no solo afecta el patrimonio de los argentinos, sino que presenta como verdad una falsedad inaceptable, extendiendo indebidamente el beneficio a periodos en los que los afectados no se encontraban exiliados o detenidos a disposición del PEN o tribunales militares como la ley exige”, señala D’Angelo en el escrito.
Allí, pide que se investigue por los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público a los funcionarios públicos administradores de los recursos en su condición de autores, cómplices o instigadores de las maniobras delictivas, así como también a los beneficiados.
Fuente Perfil
