Tuvo como resultado seis órdenes de prestación entre el Gran Buenos Aires y la Ciudad. La investigación se inició durante el gobierno de Cambiemos.
La jueza federal de San Martín, Alicia Vence, dispuso en las últimas horas diferentes allanamientos en domicilios y galpones de punteros de la Corriente Clasista y Combativa. En total se realizaron 23 y tuvo como resultado seis órdenes de prestación entre el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires y se secuestraron 50 mil dólares y más de 7 millones de pesos. Este miércoles, el presidente Alberto Fernández recibió a dirigentes la organizaciones sociales para “solidaridad” por lo que calificó como “persecución judicial”.
Fue el Ministerio de Desarrollo Social, durante el gobierno de Cambiemos, quien inició la investigación tras denuncias anónimas por “presunta extorsión” de los beneficiarios de los planes sociales. El diputado Juan Carlos Aderete era uno de los que lideraba.
El dato fue dado a conocer por Clarín y las fuentes del caso explicaron que “se secuestraron planillas de asistencias con nombres y apellidos de personas afiliadas a la organización social, que tenían al lado un monto de plata. Se está investigando qué exigían”.
Qué dijo Alderete
Alderete fue consultado por el medio anteriormente mencionado y afirmó que “es una causa armada”. “Vamos a demostrar que hay una campaña de coordinación nacional con algunos medios. Nos tratan como si fuésemos una mafia de secuestradores, pero vamos a ir a fondo, no se puede mostrar un audio de teléfono en los medios de comunicación. No conozco a esa mujer, y vamos a pedir con los abogados la anulación de la causa que es por averiguación de delito”, dijo.
La mayor parte de los allanamientos fueron en San Martín, en el conurbano y en la Ciudad. Los que no pasaron desapercibidos fueron uno en La Paternal, sobre la calle Tres Arroyos, y otro en Laferrere, en La Matanza.
En La Paternal se secuestraron más de 5 millones de pesos y 50 mil dólares y en el segundo, dos millones de pesos.
Como conclusión, la Justicia cree que la mercadería que el Ministerio de Desarrollo Social vende la terceriza en los movimientos sociales y de ahí la supuesta exigencia de dinero a los beneficiarios.
Como objetivo primero, ahora deberán investigar la procedencia de los fondos depositados en un plazo fijo que no han sido reclamados.
