Argentina
España
USA
Israel
Guido Carelli Lynch
Denuncian una maniobra de la oposición. Marcharán con organizaciones opositoras. La justicia incautó alimentos que se vendían en ferias.
Las organizaciones sociales del oficialismo y de la oposición cerraron filas. Denuncian que son víctimas de una maniobra político-judicial con ramificaciones en Jujuy, Chubut, La Pampa, Santa Fe y la Provincia y la Ciudad. Aseguran que la máxima expresión de esa supuesta conspiración fueron los allanamientos ordenados por la jueza federal en lo Criminal y Correccional de San Martín, Alicia Vence, en los que se secuestraron 50 mil dólares y 7 millones de pesos en diferentes domicilios de la Corriente Clasista y Combativa. Alberto Fernández les cree. Por eso el miércoles recibió a varios de sus principales referentes y la próxima semana, según el relato de esos dirigentes, prometió recibir a los dirigentes que fueron detenidos o allanados, aunque el encuentro todavía no está en agenda.
No importan los matices entre el Movimiento Evita, de Emilio Pérsico; la CCC, de Juan Carlos Alderete; o el MTE, de Juan Grabois. Todos aseguran ser objeto de una persecución judicial orquestada por la oposición. “Por Alderete pongo las manos en el fuego”, afirmó a Clarín Fernando “Chino” Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias de jefatura de Gabinete.
El funcionario y referente del Evita con despacho en la Rosada fue uno de los encargados de acordar la reunión entre Fernández y los dirigentes sociales un día antes de que se reprodujeran en TN las escuchas de la causa. En ellas, Raquel Fleischman, integrante de la mesa nacional de la CCC, reconoce que tiene en su poder la plata de la organización para los viajes (más de 5 millones de pesos) mientras agentes de la Policía Federal querían ingresar a su domicilio con la orden de Vence.
La jueza instruye la causa en la que se investiga la posible defraudación al Estado o extorsión a particulares, en la que ya hay más de 20 imputados, pero ningún indagado, según confiaron a este diario fuentes judiciales. El fiscal es Roberto Sica. En total, según el relato de fuentes de la investigación, se realizaron 23 allanamientos en San Martín, La Matanza, Córdoba y Misiones y se incautaron paquetes de yerba y alimentos que distribuye Desarrollo Social y se comercializaban en ferias. En la investigación se intervinieron más de 15 líneas telefónicas.
El expediente se inició oficialmente en 2019, tras una denuncia del ministerio de Desarrollo Social que conducía Carolina Stanley. luego de que seis ex militantes de la CCC denunciaran ante esa Cartera que habían dejado de percibir planes por sus posicionamientos políticos. Ahora corre por cuenta la Justicia. Las organizaciones señalan que la causa estuvo paralizada desde la asunción de Fernández y que se reactivó tras la derrota del oficialismo en las PASO. “Hay un sector de la política que busca un chivo expiatorio”, se lamentan entre los movimientos oficialistas.
Este viernes, tras una asamblea en San Martín con 600 militantes, la CCC difundió un comunicado con esa misma lógica. Recuerdan el pasado de la jueza como secretaria del fallecido juez Claudio Bonadio, a quien señalan como “miembro de la mesa judicial de Juntos por el Cambio”. Además, insisten en que los 50 mil dólares encontrados en la casa de Fleischman en Saavedra eran ahorros personales.
“Para ser independientes políticamente hay que tener independencia económica, por eso quienes conformamos la organización aportamos voluntariamente casi todos los meses”, señalan el texto de la CCC a propósito de los 5 millones de pesos hallados en el domicilio de Fleischman.
En diálogo con Clarín, Alderete reconoció que se encontraron fotocopias con listas de militantes en algunos de los domicilios. La justicia sospecha que se trata de registros de asistencia a las marchas. “Son para fichas del Partido del Trabajo y del Pueblo. Las altas y bajas (de los planes) las da el ministerio”, explicó el diputado del Frente de Todos.
Este mismo viernes, en la sede del Polo Obrero de la calle Mitre, se concretó una reunión entre el secretario general de la UTEP y referente del Evita, Esteban “Gringo” Castro, y el anfitrión Eduardo Belliboni. Acordaron darle continuidad al diálogo que escenificaron el jueves en la marcha de la unidad Piquetera en Plaza de Mayo con reclamos al Gobierno y Economía.
El martes las agrupaciones marcharán juntas a la Casa de Jujuy, provincia en la que se ordenaron allanamientos contra dirigentes de diferentes organizaciones -el Evita, el FOL, el MTR 12 de Abril y NuestraAmerica, entre otras- y el miércoles volverán a reunirse para organizar una masiva movilización conjunta en contra de la criminalización de la protesta social. Los piqueteros de izquierda responsabilizan al Gobierno por el avance de la Justicia, los dirigentes sociales del oficialismo apuntan contra Juntos por el Cambio y ni se atreven a responsabilizar a la vicepresidenta, que los viene objetando en público. “Estoy seguro de que Cristina está en contra”, aseguró Alderete.
¿Una empresa nacional de alimentos?
También hay otros movimientos de fondo. Mientras Desarrollo Social autorizó auditorías a los planes sociales -a cargo de las universidades-, Grabois amenaza con dejar el FDT y las críticas de la vice a los movimientos levantan la temperatura de la interna, hay acercamientos que hasta hace poco parecían más lejanos. Los diputados del Movimiento Evita -que era el principal sostén del Presidente y apoyó el acuerdo con el FMI-, como Leonardo Grosso y Eduardo Toniolli, se reunieron con el funcionario de Desarrollo Social Rafael Klejzer (que supo ser muy cercano a Grabois) para trabajar en la elaboración de un proyecto de ley que permita la creación de la Empresa Nacional de Alimentos.
El Gobierno había descartado esa alternativa el año pasado, pero el Presidente reflotó esa posibilidad en una entrevista con Página/12: “Una empresa testigo que te ordene el mercado no es algo menor”, señaló.
Fuente La Nacion
