El impuesto del Gobierno a bancos podría “poner en riesgo el Tesoro Público”

La proposición, registrada en el Congreso por PSOE y Unidas Podemos, cuenta con la intención del Ejecutivo de gravar con un 4,8% el margen de intereses a aquellas entidades financieras que facturen más de 800 millones de euros, y con un 1,2% la facturación de las energéticas. También incluye sanciones del 150% si las entidades deciden repercutir a los clientes el nuevo impuesto.

Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas, hablaba del error del impuesto que el Gobierno de España pretende imponer al sector bancario: “Se trata de un caso claro de defensa de una cosa y su contraria casi al mismo tiempo”.

“La modificación apresurada de una imposición de un tributo sobre beneficios a un gravamen sobre ingresos, pero sin disponer de recurso público alguno, indica lo improvisado del asunto. Y culpar de la inflación a los hipotéticos beneficios extraordinarios de los bancos es grotesco. Poner en riesgo al Tesoro Público, de verse abocado a devolver a los bancos las cantidades indebidamente exaccionadas, incrementado con los intereses al tipo legal del 3,5%, es entre irresponsable y escalofriante. ¿Quién devolverá ese dinero a los ciudadanos?”, prosiguió.

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Entendidos del sector creen que la banca puede desplegar mecanismos para proteger a sus accionistas, mientras los departamentos jurídicos de los bancos ya trabajan en ello. En la propuesta presentada, el impuesto aparece como una “prestación patrimonial de carácter no tributario” sobre los ingresos del margen de intereses y las comisiones. Esto busca evitar la doble imposición sobre los beneficios, pero esa figura es considerada inconstitucional por parte de juristas.

Los 11 bancos afectados (CaixaBank, BBVA, Santander, Sabadell, Ibercaja, Unicaja, Bankinter, Abanca, Cajamar, Kutxabank y a filial española de BNP Paribas) se enfrentan a un entorno complejo y sus expertos consideran que el gravamen no podrá ser implementado, por la cantidad de cuestionamientos técnicos y jurídicos que suscita. Si no hay marcha atrás dan por hecho que habrá una batalla legal.

Vicente Sanz, socio en derecho fiscal de la firma legal Andersen, opinaba al respecto en el diario ‘ABC’: “Esta propuesta finalizará dentro de unos años con una resolución del Tribunal Constitucional anulando el gravamen, y con una devolución multimillonaria a las entidades afectadas”. Acto seguido dijo: “Estas la percibirán íntegramente con una importante plusvalía, porque si pensamos que se va a poder evitar que esos nuevos costes no se trasladen en la cadena a los consumidores finales, entonces seguramente estemos equivocados”.

Según el Instituto de Estudios Económicos (IEE), el cual utiliza los datos de la Central de Balances del Banco de España, los resultados empresariales no se han recuperado de la crisis pandémica, aunque sí lo han hecho los costes laborales y los impuestos netos de subvenciones. En el análisis anterior ya se hacía referencia a la caída del Excedente Bruto de Explotación (EBE) que era de unos 100.000 millones de euros menos a cierre de 2021 (respecto a 2019); de unos 65.000 respecto a 2020 y de casi 34.000 en 2021.

Antes de la pandemia, el EBE de empresas financieras está aun claramente por debajo de los niveles previos a la pandemia, con una caída del 6,2%. “Es fácil inferir que la variable de los resultados empresariales no pueden ser la responsable de los incrementos de los precios, sino, por el contrario, deben ser aquellas variables que sí han sido más dinámicas sobre todo los costes laborales. Así, los costes laborales unitarios explicarían hasta un 83,4% de la variación del deflactor entre 2019 y 2021, mientras que los resultados empresariales apenas explicarían el 11,7%”, afirman desde el IEE con mención especial a los impuestos, que “explican hasta el 35% de la variación del deflactor de PIB en el ejercicio 2021”.

Pero, aparte del complicado entorno sectorial, el recargo sobre entidades financieras presionará al alza los tipos de los préstamos, aproximadamente entre 15 y 17 puntos básicos, reduciendo el volumen de crédito, según el IEE. En un 0,15% a empresas y un 1,9% a hogares. Será “nocivo” para los depósitos, con una disminución de rentabilidad de alrededor del 0,8% y con la inevitable repercusión en el consumo y a la inversión.

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Según la misma fuente, la actividad económica, medida por el PIB, se reduciría en más del 0,08%, de entrada. Los efectos se acentuarían con el tiempo e impactarán en los mercados bursátiles, donde invierten las rentas de la clase media española. El tipo del impuesto de sociedades que aplica al sector bancario en España es un 30%, 5 puntos porcentuales por encima del que aplica al resto de sectores (25%), solo superado en Europa por Malta (35%).

Estos dos grandes bancos españoles soportan una mayor carga fiscal que sus competidores europeos. Concretamente, la carga fiscal del Grupo Santander en 2021 se situó en el 34% (la mayor de los bancos comparables en Europa y EEUU), mientras que la de BBVA se situó en el 27%. Ambas son muy superiores al promedio pagado por los bancos de la eurozona (27%), Reino Unido (20%) y Estados Unidos (16%).

Desde la autoridad bancaria europea (EBA, por sus siglas en inglés), recuerdan una Directiva que entró en vigor el 30 de junio de 2021, donde se indica que la banca está obligada a trasladar a la clientela todos los costes pertinentes y se reflejarán en los precios de sus préstamos, incluidas “las consideraciones tributarias, cuando procedan”.

En el caso de incumplimiento, la EBA puede sancionar a las entidades financieras con requerimientos adicionales de capital o también de coeficientes de liquidez, así como sanciones. Es decir, los bancos se verían obligados a provisionar. Este asunto afectaría al Estado español, que no en vano es el principal accionista de CaixaBank a través del FROB (del que tiene el 18% aproximadamente) y del que cobra dividendo.

La proposición, registrada en el Congreso por PSOE y Unidas Podemos, cuenta con la intención del Ejecutivo de gravar con un 4,8% el margen de intereses a aquellas entidades financieras que facturen más de 800 millones de euros, y con un 1,2% la facturación de las energéticas. También incluye sanciones del 150% si las entidades deciden repercutir a los clientes el nuevo impuesto.