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Ella dice que “compra vida” en el sistema privado para tratarse el cáncer y evitar las interminables listas de espera y urgencias colapsadas en los centros públicos. “Si tienes dinero, tienes salud”, afirma.
El modelo de asistencia sanitaria en Chile se gestó con la actual Constitución de 1980, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que no garantiza el derecho a la salud.
La propuesta de Constitución elaborada durante un año por 154 constituyentes, elegidos popularmente de forma paritaria, reconoce que “toda persona tiene derecho a la salud y al bienestar integral, incluyendo sus dimensiones física y mental”.
Más de 15 millones de personas están llamadas a pronunciarse el domingo sobre la nueva Carta Magna. La opción “rechazo” lidera todas las encuestas, con hasta el 56% de apoyo. El actual sistema de salud de Chile, que divide entre atención pública y privada, se financia por medio del aporte obligatorio de 7% del salario del trabajador. Este decide si lo vierte al sistema público (Fondo Nacional de Salud, Fonasa), que también acoge a quienes no aportan recursos, o al sistema privado (Instituciones de Salud Previsional, Isapres).
Al sistema privado acude solo cerca del 16% de la población, aunque recibe más ingresos a través del aporte que el sistema público.
La Carta Magna propuesta establece un modelo de salud “universal, público e integrado”, por el cual se aporta a un sistema unificado y se puede optar por un seguro privado complementario.
El objetivo es evitar “que finalmente (solo) el que tiene dinero en el bolsillo pueda pagar la atención”, señala la doctora Francisca Crispi, presidenta del Colegio Médico (Colmed) de Santiago.
La posibilidad de elegir el destino del aporte sanitario se traduce actualmente en una falta de recursos para financiar el sistema público, que cubre la mayoría de su presupuesto con fondos del Estado. Solo el 21% proviene de los trabajadores.
“Mayor cantidad de gente se atiende en el sector público, pero menos plata entra. Más plata entra al sector privado y es menos gente la que se atiende. Por lo tanto sí hay (en el segundo) una mejor atención”, indica Pérez.
En los hospitales públicos, las salas de urgencia se abarrotan a diario con tiempos de espera de más de seis horas y, para algunos tratamientos u operaciones, las listas de espera superan los 500 días.
“Tenemos mucho que mejorar y fortalecer en la gestión del sistema público para lograr optimizar la capacidad”, dijo Crispi, quien señaló que los quirófanos públicos se cierran muchas veces a la una de la tarde.
Prevenciones
En la Asociación de Isapres, que agrupa a los seis seguros privados existentes en Chile, preocupan los cambios propuestos en la nueva Constitución. No consideran que el modelo integrado vaya a ser un avance porque “va a sobrecargar el sistema público”, señaló Gonzalo Simón, presidente de la Asociación de Isapres.
“De llegar a operar esta nueva Constitución y ponerse en práctica este nuevo sistema, se pierde la posibilidad de elegir y todas las personas tienen que trasladarse forzosamente a la opción pública”, dijo.
Pero en el Colmed de Santiago no concuerdan. “Esa libertad de elección es parcial y es para muy pocos. Es para el porcentaje que puede pagar un seguro privado”, afirma Crispi.
Pérez confía en que, con el nuevo texto, los pacientes en Chile podrían tener asistencia sanitaria sin tener que perder la casa o endeudarse a 20 años.
“Fortalecer la salud pública es lo primero, que haya los suficientes recursos para poder fortalecerla y que el día de mañana podamos elegir si queremos atendernos en el sector público o privado”, sostiene.
Agencia AFP
Fuente Ambito
