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IsraelLa propuesta de la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, empieza a recibir críticas desde el Gobierno y las instituciones oficiales. El Ministerio de Economía rechaza intervenir los precios de mercado, ni siquiera aunque se produzca a través de un acuerdo con las empresas de distribución y pide que sea la competencia en el mercado quien modere los precios. Además, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que un acuerdo de precios que rompa la competencia del mercado sería ilegal, ya que “podría llegar a constituir un cártel”.
Para Economía, la medida más eficiente para luchar contra la inflación es fomentar la competencia entre empresas y no buscar acuerdos con las distribuidoras, explican fuentes del ministerio. Esta competencia fomentaría que las empresas trasladen a sus precios la caída de las materias primas en los mercados internacionales. La lucha entre ellas por captar clientes lograría moderar los precios sin necesidad de intervenir en el mercado.
El Ministerio de Economía lleva semanas analizando la evolución de los márgenes empresariales para conocer si están aprovechando la crisis inflacionista para elevar sus beneficios. Aunque todavía no hay datos disponibles por sectores, lo que detecta el ministerio es que los márgenes están contenidos. Llega a esta conclusión utilizando los datos del deflactor del PIB de la contabilidad nacional.
La subida de precios en España que no está explicada por el incremento de los costes de importación (esto es, la compra de materias primas y energía en el extranjero) se situaba en el entorno del 3% antes del verano en comparación con el mismo periodo del año anterior. Ese crecimiento se reparte entre salarios (que según los convenios aumentan a ritmos del 2,5%) y beneficios empresariales. El ministerio detecta que, en términos agregados, los márgenes se han recuperado, pero no están creciendo intensamente por encima de los niveles previos a la pandemia. Lo que se está produciendo es un reparto de la factura energética con una inflación que se come el incremento de los beneficios y de los salarios.
El ministerio también descarta fijar por ley precios máximos en el sector de la alimentación tal y como ha hecho con el mercado energético poniendo el tope al gas. El motivo es que, con el límite al precio del gas, sí se consiguen contener unos ingresos extraordinarios que no está explicado por el encarecimiento de los costes de producción. Esto es, las renovables siguen produciendo al mismo coste, pero facturan mucho más. Por el contrario, en el caso del sector agroalimentario, una parte de las subidas de precios estaría respondiendo a la traslación de los mayores costes de producción (energía, fertilizantes, grano, etc.), lo que no justificaría intervenir el mercado para poner topes, explican estas fuentes.
Para el Ministerio de Economía, la mejor solución a la crisis de precios es retomar el pacto de rentas con carácter plurianual que asegure el reparto equitativo de la crisis energética entre trabajadores y empresas. En paralelo, es necesario dejar que la competencia funcione para que los precios vayan moderándose. Especialmente en una coyuntura en la que la demanda interna ya no va a ser tan boyante.
La CNMC también duda de la intervención del mercado, aunque en su caso no se refiere a la eficiencia de la medida, sino a las dudas legales que genera. “La legislación prohíbe los acuerdos entre operadores siempre que restrinjan la competencia”, explica Competencia, “los acuerdos entre empresas destinados a la fijación de precios podrían llegar a constituir un cártel”.
En este caso, el acuerdo sería para limitar los precios, de modo que la competencia a la baja podría seguir operando. Sin embargo, en el caso del pequeño comercio que trabaja con márgenes más reducidos y cuyo poder de mercado es nulo, un tope en la subida de precios podría suponer condenar a las empresas a pérdidas, de modo que se perdería una parte de este tejido productivo. Las grandes, por el contrario, pueden utilizar su poder de mercado y financiero para soportar que se topen los precios de algunos productos. Esto es, se restringiría la competencia por la vía de la eliminación de actores en el mercado.
Este choque respecto a la negociación para el acuerdo de fijación de precios en el sector de la distribución empieza a generar un choque dentro del Ejecutivo. La vicepresidenta Díaz considera que el mercado no se está autorregulando y que es necesario que el Gobierno controle la inflación impulsando un acuerdo con las empresas. En cualquier caso, está por ver hasta qué punto las compañías aceptan este pacto que solo podría salir adelante con acuerdo y que, aun así, puede generar problemas legales si alguna empresa denuncia la constitución de un cártel.
La propuesta de la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, empieza a recibir críticas desde el Gobierno y las instituciones oficiales. El Ministerio de Economía rechaza intervenir los precios de mercado, ni siquiera aunque se produzca a través de un acuerdo con las empresas de distribución y pide que sea la competencia en el mercado quien modere los precios. Además, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que un acuerdo de precios que rompa la competencia del mercado sería ilegal, ya que “podría llegar a constituir un cártel”.
Fuente El Confidencial
