Alargar el periodo de cálculo de las pensiones de 25 a 35 años tiene un coste. En concreto, del 8,2% para los futuros pensionistas. Esto es lo que estima un informe publicado este miércoles por el Banco de España, que ha entrado de lleno en la cuestión más espinosa de la reforma de las pensiones. Ahora bien, con un matiz. Si se descartan los peores años de la vida laboral, por ejemplo, seis de los 35 años, el resultado es distinto, ya que la pensión inicial sería parecida al sistema actual.
En concreto, sostienen los técnicos del banco central, el descarte de los años más desfavorables para determinar la base reguladora permitiría suavizar la caída de la pensión inicial media, al tiempo que reduciría la heterogeneidad de las pensiones entre individuos. Por ejemplo, tomar en consideración los 29 años más favorables dentro de los 35 años previos a la jubilación arrojaría una pensión media similar a la resultante de tomar en cuenta los 25 años anteriores a la jubilación.
Además, esta forma de determinar la base reguladora produciría, en promedio, un incremento de la prestación inicial de las pensiones que se sitúan por debajo de la mediana (con respecto de un escenario en el que la base reguladora se calcula a partir de los 25 años anteriores a la jubilación) y una caída de la prestación inicial para las pensiones en el cuarto cuartil de la distribución.
La disminución media en la prestación sería menor para aquellos pensionistas con más de un año de lagunas de cotización o de episodios de desempleo (en los 15 o 25 años previos a la jubilación), así como para las prestaciones por debajo de la mediana.
La idea de descartar los años más desfavorables es, precisamente, la que maneja el ministro Escrivá, que ha defendido alargar los años que se tienen en cuenta para calcular la cuantía de las pensiones, pero con efectos correctores, como es descartar los peores años de cotización, ya sea por lagunas laborales o porque los sueldos eran más bajos en el pasado.
Opinión Dicho esto, el informe del banco central advierte que hay que tener en cuenta tres consideraciones de carácter general para evaluar correctamente los números. En primer lugar, el análisis ignora que los cambios en la fórmula de cálculo de la base reguladora, que inciden en la cuantía de la prestación, podrían influir en la decisión de cuándo acceder a la jubilación. En segundo lugar, los efectos calculados se restringen a las altas de jubilación de 2019.
En consecuencia, los resultados no son extrapolables directamente al futuro, ya que las características salariales y laborales de los nuevos pensionistas varían a lo largo del tiempo. Además, la pandemia podría haber generado otros cambios estructurales en el mercado laboral. En tercer lugar, la casuística del cálculo de las pensiones es muy diversa, de modo que la pensión inicial estimada a partir de los episodios de cotización incluidos en la MCVL (Muestra Continúa de Vidas Laborales) contiene un margen de error con respecto a la pensión observada.
Alargar el periodo de cálculo de las pensiones de 25 a 35 años tiene un coste. En concreto, del 8,2% para los futuros pensionistas. Esto es lo que estima un informe publicado este miércoles por el Banco de España, que ha entrado de lleno en la cuestión más espinosa de la reforma de las pensiones. Ahora bien, con un matiz. Si se descartan los peores años de la vida laboral, por ejemplo, seis de los 35 años, el resultado es distinto, ya que la pensión inicial sería parecida al sistema actual.
Fuente El Confidencial
