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El Gobierno premiará a la industria que esté disponible para reducir o cortar su suministro energético en momentos de sobrecarga del sistema. El Ejecutivo recupera dos años después las subastas de interrumpibilidad, que se habían dejado de convocar en 2020 ante las amenazas de Bruselas de abrir un expediente a España por una práctica que se podía considerar como ayuda de Estado. Ahora, sin embargo, el escenario ha cambiado: la prioridad comunitaria es el ahorro y, en ese contexto, la Moncloa se siente avalada para recuperar este mecanismo voluntario, conocido como ‘servicio de respuesta activa de la demanda’.
A falta de los detalles, recogidos en el real decreto de medidas energéticas que se publicará este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dado algunas pistas sobre su puesta en marcha. La primera subasta será convocada de inmediato, por lo que, antes del 1 de noviembre, podrán acogerse las industrias que así lo deseen. Esto permitirá afrontar con garantías la temporada invernal, en un momento en el que los problemas de suministro se han convertido en un gran quebradero de cabeza para los Veintisiete.
España parte de una posición privilegiada respecto a otros países, debido a su menor dependencia del gas ruso y a su condición como ‘isla energética’: las interconexiones eléctricas solo pueden transportar el 3% de la demanda nacional, por lo que el abastecimiento apenas se vería comprometido si otros miembros del bloque solicitan la solidaridad de nuestro país (en el caso de Francia, el parón de la nuclear ha generado un fuerte flujo exportador hacia el norte de los Pirineos, pero sin incidencia sobre la seguridad del suministro en España).
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Sin embargo, el Gobierno quiere cubrirse las espaldas ante cualquier eventualidad. Cuando Red Eléctrica (REE), el gestor del sistema, así lo decida, podrá comunicar con solo 15 minutos de antelación la reducción o el cese del flujo a las industrias, que se hará efectivo en un plazo de tres horas. “Es un sistema de respuesta rápida, que permitirá que las comercializadoras y los consumidores directos reduzcan su consumo”, ha explicado Ribera. Ambos se podrán acoger a la medida, siempre que su demanda sea superior a un megavatio hora (MWh).
Las grandes factorías, especialmente las que hacen un uso intensivo de la electricidad, habían reclamado insistentemente la recuperación de este mecanismo, al suponer una subvención encubierta que les reportó unos ingresos de hasta 500 millones de euros anuales entre 2013 y 2020. Ahora, podrán compensar una parte del incremento de los costes provocado por los récords de la energía. Una de las incógnitas que todavía persiste en quién paga esa ayuda: con el sistema anterior se cargaba un coste añadido en la factura, pero el Gobierno todavía no ha aclarado si buscará una alternativa.
Alejandro López de Miguel Víctor Romero
La cuestión mollar, de hecho, no es tanto garantizar la seguridad del suministro como menguar el gasto que supone. Durante determinados picos de demanda, si las industrias paran su actividad, el desajuste entre la generación y el consumo puede equilibrarse y, con ello, los precios. El objetivo es reducir el uso de gas natural, cuya cotización está disparada, en la producción eléctrica. Si el parón de las industrias permite tirar menos de los ciclos, estos limitan su participación en el ‘mix’ y, por tanto, la luz se abarata.
Contribuir al ahorro
Otro de los argumentos para recuperar las subastas de interrumpibilidad es el ahorro. El Gobierno se comprometió con Bruselas a disminuir en un 7% el consumo de gas natural respecto a la media de los últimos cinco años, pero este objetivo se está viendo comprometido por culpa del uso del hidrocarburo para la generación eléctrica, que se duplicó en agosto, según el informe mensual de REE. Si en los momentos de mayor desequilibrio, como los que se produjeron durante la ola de calor del pasado julio, se parase la industria, la quema masiva de gas en las centrales de ciclo combinado se reduciría.
Con este mismo objetivo, el real decreto también contempla otra vieja demanda de la industria, especialmente la cerámica: la inclusión de la cogeneración en el mecanismo del tope al gas. El Ejecutivo considera que estas plantas, que están anexas a las factorías y son responsables del 20% del consumo del hidrocarburo en nuestro país, podrían reactivarse si reciben las compensaciones que contempla la llamada ‘excepción ibérica’. Actualmente, la mitad de ellas estaba parada, lo que obligaba a tirar más de los ciclos, que sí se beneficiaban pese a ser mucho menos eficientes. Gracias a la nueva norma, las plantas de cogeneración que lo soliciten podrán salir del régimen de remuneración especial (el llamado Recore, que también se aplica a las renovables). Según los cálculos de Ribera, esto provocará un ahorro del 1,2% de la demanda de gas en España.
El Gobierno premiará a la industria que esté disponible para reducir o cortar su suministro energético en momentos de sobrecarga del sistema. El Ejecutivo recupera dos años después las subastas de interrumpibilidad, que se habían dejado de convocar en 2020 ante las amenazas de Bruselas de abrir un expediente a España por una práctica que se podía considerar como ayuda de Estado. Ahora, sin embargo, el escenario ha cambiado: la prioridad comunitaria es el ahorro y, en ese contexto, la Moncloa se siente avalada para recuperar este mecanismo voluntario, conocido como ‘servicio de respuesta activa de la demanda’.
Fuente El Confidencial
