Por John Marulanda
”WOW!” tuiteó en sus redes sociales el salsero panameño Willie Colón cuando vio las fotos/videos de las masivas protestas antier en Medellín, Bogotá, Cali, Bucaramanga, Villavicencio, Armenia, Manizales, Ibagué, Barranquilla, Cartagena, Miami, Orlando y otras ciudades. “Nosotros marchamos y no incendiamos, no vandalizamos” se leía en una pancarta.
Las jornadas se realizaron para rechazar las reformas tributaria, política y electoral, el aumento del precio de la gasolina, las transformaciones pensional y a la salud, los subsidios para delincuentes, la ineptitud de los ministros y embajadores y los negocios turbios con Venezuela. No se ve un horizonte claro para el país, ni siquiera después de escuchar al expresidente Uribe, una vez terminada su charla con Petro el martes.
El ministro de interior reconoció la paz de las multitudinarias manifestaciones, reclamando, eso sí, lo prematuro de las mismas a escasos 54 días de gobierno. Tal afirmación nos indica dos cosas: primero, es una advertencia previa al gobierno para que cambie el tenor de sus propuestas legislativas y decretos con fuerza de ley y segundo, es un preaviso de una nueva marcha programada para finales de octubre.
Es evidente, de nuevo, que hay dos Colombia: una minoritaria pero violenta y otra mayoritaria pacífica. Y esto se sabe desde antes. Nunca la guerrilla ni el narcotráfico han sido la mayoría en el país.
Siendo Colombia el primer productor mundial de cocaína, con 1200/300 o más toneladas métricas del estupefaciente, la gran diferencia con lo que sucede ahora es el dinero, el producido multimillonario del narcotráfico, combustible actual del conflicto. Las innegables conexiones con los carteles mexicanos y con las mafias italiana y albanesa, entre otras presentes en el país, hacen que tal negocio sea rentable y que las distintas organizaciones sean catalogadas como Multicriminales.
Para ese Multicrimen, el gobierno Petro está proponiendo un proyecto de ley que facilita la entrega de armas, suaviza las penas vigentes, crea las cárceles colectivas y entrega el 10% de las ganancias ilícitas a los delincuentes, entre ellos al eln. Pero además está la legalización política del nuevo Estado Mayor Central de las farc-ep (minúsculas mías), título resucitador, polémico y contradictorio para los bandidos farianos dizque arrepentidos que hoy fungen como parlamentarios de un partido dividido. Como lo hemos dicho, con el eln el gobierno tiene doble problema: uno, es convencer a la gerontocracia del COCE (Comando Central) del eln, altamente ideologizado por el comunismo castrista, que parece avenirse a la continuidad de una quinta negociación y dos, convencer a las cuadrillas elenas, dedicadas totalmente al narcotráfico con sus compinches mexicanos y europeos.
Queda en veremos cualquier tipo de negociación con las bandas delincuenciales puras como el Clan del Golfo, disfrazado de político con el título de Autodefensas Gaitanistas de Colombia y que pelea y se amiga con sus pares del eln y las farc. A lo anterior, hay que agregar otras bandas más sangrientas pero ligadas al microtráfico como la transnacional Tren de Aragua o los Maracuchos.
Al lado de las protestas legales y legítimas, constitucionales, en ciertos puntos del país algunos grupos de ciudadanos parecen estar tomando medidas más radicales, como en el caso de las invasiones a haciendas privadas y baldíos en donde tejidos criminales e intereses pecuniarios parecen guiar a la peonada.
“En general las marchas no tuvieron violencia”, dijo Petro hacia las 2:15 pm del lunes 26. ¿Síntoma de madurez y civilidad? Wow!
ADENDO: A pocas horas del primer encuentro en territorio venezolano entre los ministros de defensa Iván Velásquez y el General Padrino, la seguridad física en la franja fronteriza colombo-venezolana, tierra de nadie en donde el intercambio inmediato de información y de inteligencia y algún nivel de coordinación entre las fuerzas públicas de ambos países, podrían marcar un nuevo rumbo. El secuestro de la personera de Tibú, justo en territorio colombiano ha dejado en claro de qué manera grupos armados irregulares controlan esa frontera y conocen a todos los contratistas del área, en una típica actividad de extorsión y chantaje.
