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El posible financiamiento, la planificación previa y el riesgo latente de que alguien vuelva a intentarlo son algunas de las líneas de investigación sobre las que trabaja la justicia y que impulsa la querella en el marco de la causa por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, del que este sábado se cumple un mes.
Con cuatro personas detenidas y procesadas, entre ellos el agresor Fernando Sabag Montiel y su pareja Brenda Uliarte, la justicia intenta avanzar sobre posibles autores intelectuales del plan magnicida, para lo que fueron concretadas medidas de prueba cuyo objetivo trazar perfiles económicos de los imputados y evaluar su conexiones y contactos.
La búsqueda de un departamento en el barrio de Recoleta, donde se encuentra la vivienda de la expresidenta, y los mensajes de Sabag Montiel en los que se refería a su motivación económica para emprender un plan criminal de tamaña envergadura son algunos de los elementos que abrieron nuevas líneas de investigación, según pudo saber Télam de fuentes del caso.
Otro elemento que en los últimos días generó expectativas en los investigadores fue el avance en el peritaje del teléfono del atacante: fuentes de la investigación aseguraron a esta agencia que se pudo recuperar información que se creía perdida a partir de que el dispositivo Samsung se había reseteado cuando la Policía Federal intentó abrirlo en el comienzo de la pesquisa.
El móvil económico
Un mensaje de Whastapp escrito por Sabag Montiel el 15 de agosto y detectado por la querella que representan los abogados José Maunel Ubeira y Marcos Aldazaba robusteció la idea de que los atacantes pudieron haber recibido una dinero a cambio de intentar asesinar a Fernández de Kirchner, como así también para hacer inteligencia previa.
“Yo quisiera hacerme el vendedor de copos (de nieve azucarada) y meterle un corchazo”, había escrito en un grupo en el que luego, al referirse a su pareja Brenda Uliarte, agregó: “Yo a ella la trato de bajar, pero a mi me importa la plata, si nos compran o le dan un laburo, ya está salvada, bienvenido sea”.
Esos mensajes fueron volcados en una presentación que hizo la querella esta semana ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo quien, desde el comienzo de la investigación trabajó en la elaboración de perfiles económicos de los imputados, que por ahora no arrojaron mayores novedades.
En ese escrito también se recordaron los mensajes encontrados en el celular del procesado Nicolás Carrizo, jefe del grupo de supuestos vendedores de copos de nieve, donde Joana Colman, a quien tenía agendada como “Joa”, decía: “Por otra fuente sé que lo hizo por plata, por acomodo, así que el chabón en cuatro años ponele que sale y sale reacomodado mal, eh”.
El departamento
La hipótesis de que los agresores habrían accedido a financiamiento para ejecutar el plan magnicida se vio engrosada además cuando los investigadores encontraron en el teléfono de la detenida y procesada Uliarte información que daba cuenta que habían intentado alquilar un departamento en Recoleta, donde los precios no son accesibles.
Fuentes de la investigación señalaron que se halló un video de un departamento que le habría sido enviado quien intentaba darlo en alquiler por lo que, por estas horas, la fiscalía intenta reconstruir ese contacto con el objetivo de obtener algún testimonio que permita profundizar esa línea de investigación.
El abogado Ubeira, por su parte, reveló el jueves último en una entrevista con el programa Minuto 1, de la señal de noticias C5N, que ese departamento no estaría ubicado frente a la vivienda de la vicepresidenta sino a varias cuadras, más cerca de la Avenida Callao.
Los celulares
La investigación avanzó a lo largo del primer mes sobre información surgida de los teléfonos celulares secuestrados en la causa: los dos principales fueron el de Uliarte y el de Carrizo, el líder de la banda de los “copitos” -como los mencionan en la justicia- que se presentó junto con ella el 2 de septiembre en una entrevista que le dieron a Telefé.
En el teléfono de Uliarte los investigadores se encontraron, por ejemplo, con las conversaciones que mantuvo con la también detenida Agustina Díaz con la quien desde hacía meses comentaba su intención de matar a la vicepresidenta y en los días posteriores al ataque hablaron sobre borrar el contenido de su celular para evitar ser alcanzada por la justicia.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria trabaja por estas horas, por orden de la jueza Capuchetti, sobre el contenido de una decena de teléfonos secuestrados entre los que están los de Uliarte, Carrizo, Díaz y los obtenidos en las últimas horas: el de “Joa” y el de Jonatan Posadas, “Jony White”, a quien Carrizo le manifestó del plan de matar “al jefe de la Cámpora”.
El análisis del contenido de esos celulares se hace de forma simultánea en la PSA y también en el juzgado que recibe el contenido en crudo y hace su propio análisis, según detallaron a Télam fuentes de la investigación que agregaron que también se analizan los celulares de los cuatro supuestos vendedores de copos que fueron a la entrevista de Telefé junto a Uliarte y Carrizo.
En los últimos días un dato despertó nuevas expectativas en la causa: los investigadores lograron acceder a buena parte del contenido del teléfono celular de Sabag Montiel que creían haber perdido cuando en el primer día de pesquisa el teléfono se reseteó mientras la Policía Federal Intentaba extraer información en un peritaje que se hizo en los tribunales federales de Comodoro Py.
Télam pudo reconstruir de fuentes seguras que los investigadores lograron recuperar la cuenta de Telegram -un servicio de mensajería encriptado- que utilizaba Sabag Montiel como así también algunas de sus redes sociales.
Peligro latente
Otra de las definiciones que dejó el paso de Ubeira por C5N tuvo que ver con la preocupación que existe en ciertos sectores de la política en relación a la seguridad de algunos dirigentes, como el caso de Máximo Kirchner, a quien la banda de los copitos tenía entre sus objetivos según surgió de los mensajes detectados.
Esa misma inquietud había dejado, por escrito, el juez Martínez de Giorgi cuando consideró que las denuncias contra los referentes del espacio Revolución Federal -que agita violentas consignas antikirchneristas y antipolítica en general- debía ser tramitada por su colega Capuchetti junto con la del intento de magnicidio.
Aunque finalmente la Cámara Federal porteña no le dio la razón y le ordenó seguir investigando, quedó flotando aquella frase en la que sostuvo que no es posible “afirmar que el plan delictivo haya finalizado ni descartar que se vuelva a intentar respecto de la Vicepresidenta de la Nación o de otros funcionarios”.
Fuente Mendoza Today
