La defensa del empresario Lázaro Báez desmintió a la fiscalía que pidió 12 años de prisión para él en el juicio por la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
El abogado Juan Martín Villanueva dedicó la primera jornada de su alegato a refutar las “mentiras” y “afirmaciones temerarias” de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola y, especialmente, a descalificar el peritaje de los ingenieros propuestos por la fiscalía, Pablo Bona y Roberto Panizza.
Tras describir con detalles los errores técnicos que cometieron cada uno y las omisiones y supuestas falsedades de sus informes, el abogado defensor recordó que Bona “tiene una enemistad manifiesta con Lázaro Báez y con el Peronismo”.
Además, subrayo que Panizza “no tenía experiencia” en peritajes viajes y “fue la primera vez que hizo uno” en la causa Vialidad.
Pero refutó que parte de esa tarea la realizó “durante unas vacaciones en la Patagonia”, en las que tomó contacto tras “recorrer 800 kilómetros de una punta a la otra de la provincia” para “recorrer las obras que iba a tener que peritar”.
Lo hizo –añadió el abogado- “sin control” de las otras partes y con otro perito que, además, es un director del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.
Pero, además denunció que “lo hizo sin ningún instrumento de medición y fueron mediciones a ojo, sin siquiera una regla”.
Villanueva anunció que al final de su alegato pedirá que los peritos sean investigados por “malicia y falso testimonio agravado” en perjuicio de Lázaro Báez y el resto de los imputados.
“La pericia con la que quisieron sostener un perjuicio para el Estado no tiene la más mínima seriedad ni sustento científico”, insistió.
Villanueva negó que Báez fuera “un cajero de banco que de la noche a la mañana se convirtió en empresario de la construcción”, tal como afirmaron los fiscales.
En ese sentido, recordó que Báez ingresó como cajero en el Banco Nación en 1974 y llegó a ser el gerente general del Banco de Santa Cruz hasta que se retiró a finales de los 90 para iniciar un emprendimiento en el rubro de la construcción.
Así, Villanueva desmintió también que Báez no tuviera experiencia previa a 2003 en el rubro de la obra pública, pues exhibió documentación que muestra que desde el año 2000 tenía una empresa que “ofertaba siempre el precio más bajo” en las licitaciones provinciales.
La defensa de Báez reprochó a los fiscales haber falseado la fecha de constitución de Austral Construcciones: los fiscales indicaron que fue el 8 de mayo de 2003, cuando Néstor Kirchner se perfilaba para ser presidente de la Nación.
Villanueva mostró el acta de constitución de la empresa, que corresponde al 8 de abril, y advirtió que las elecciones nacionales de ese año fueron el 27 de abril, es decir que la empresa se formó antes de que se supiera el resultado de la primera vuelta electoral, cuando Néstor Kirchner no aparecía como favorito para ganar.
Villanueva atribuyó a que los fiscales Mola y Luciani “nunca constituyeron una sociedad ni asesoraron como abogados a quien quisiera constituirla”.
Apeló a esa conclusión al responder que Austral se constituyó con un capital inicial de 12 mil pesos: “los fiscales saben que el 95 por ciento de las empresas se constituyen con el capital social mínimo requerido por la ley”.
Sobre el final de la primera parte del alegato, la defensa de Báez también se sorprendió por la calificación de la fiscalía sobre el siniestro vial que causó la muerte del empresario Victorio Gotti.
La fiscalía sostuvo que ese fue un hecho “dudoso” y deslizó que pudo haberse tratado de un homicidio, aunque no lo afirmó.
Villanueva refutó que un peritaje realizado por Carabineros de Chile indicó que el siniestro se produjo cuando Gotti viajaba a más de 120 kilómetros por hora, sin cinturón de seguridad y siguió de largo en una curva.
“Hasta donde sabemos, Carabineros de Chile no fue acusado de ser parte de la asociación ilícita de la que habla la fiscalía”, subrayó el abogado.
El alegato continuará mañana.
Fuente Mendoza Today
