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IsraelLa familia de un adolescente de 14 años que cuando tenía meses de vida quedó con una discapacidad irreversible a raíz de una mala praxis médica presentó una denuncia internacional ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra el Estado argentino “por la violación sistemática de los Derechos Humanos de menores e incapaces”.
Así lo confirmó a la agencia NA Deborah Kahan, madre de Rocco Grime Kahan, quien fue diagnosticado con un “retraso mental grave, irreversible afasia mixta severa y dependencia de terceros permanente” y que demandó a Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).
“En Argentina no están siendo resguardados los vulnerables, sino que se resguarda a los poderosos. La Justicia tiene que hacer honor a su investidura y debe ser imparcial, pero no están haciendo justicia. Por eso hicimos una presentación en la ONU que ya está en Ginebra, donde denunciamos la violación sistemática de los Derechos Humanos de menores e incapaces en la República Argentina”, remarcó Kahan.
La mujer de 42 años advirtió en declaraciones a Noticias Argentinas que “esto no puede seguir así, porque no solo pasa con Rocco sino que sucede con un montón de Roccos”.
“Vamos contra el Estado argentino, porque es el encargado de que funcionen bien los tres poderes que tiene: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero este último no está cumpliendo con los derechos de los niños e incapaces”, explicó.
La Justicia argentina tardó 13 años en emitir un fallo, pero lo hizo con un polémico resarcimiento económico, que lo dispusieron hasta que el demandante cumpla 18 años y que incluye un 8% de interés anual de actualización, cuando la inflación anual superó el 50% el año pasado y en este 2022 está casi en 60%.
La Cámara Civil en cuestión es la Sala M, integrada por los jueces María Isabel Benavente, Guillermo González Zurro y Gabriela Iturbide, quien estuvo todo el proceso pero a la hora de firmar no se hizo presente y la reemplazó el secretario interino Adrián Pablo Ricordi.
“De los 18 años a los 85 mi hijo quedó absolutamente desamparado. Es un fallo que no sirve, que no alcanza, no por codicia ni ambición, sino por una cuestión práctica de que él va a necesitar un montón de cosas y no va a poder generar ingresos. Lo dejaron absolutamente incapaz”, remarcó Kahan.
Asimismo, agregó: “En la primera sentencia estaba amparado hasta los 85 años, pero acá lo limitaron. Una clara enajenación para Rocco. Si la Justicia no puede darme justicia, qué tengo que hacer, ¿vivir en la ley de la selva?”.
“Si no podemos lograr que la Justicia argentina se expida en favor de los vulnerables, entonces que la ONU sancione a la Argentina debidamente y que se resguarden los derechos de los niños e incapaces como Rocco y sus hermanos y todos los Roccos y sus hermanos que están en todo el país”, indicó la madre del adolescente.
Kahan remarcó que “es necesario capacitaciones y una humanización de la Justicia argentina, porque no saben y no comprenden o no quieren comprender que están haciendo todo al revés, porque quien tiene que ser resguardado está siendo revictimizado”.
“Nosotros como familia y Rocco como víctima principal tuvimos una doble mala praxis. Por una lado la mala praxis en sí del sanatorio Anchorena y UPCN, y por el otro la violencia institucional de la Justicia argentina. Esperemos que la ONU, que es la instancia superior frente a un tratado internacional por el que la Argentina suscribe, se expida en favor de los vulnerables, que son a los que tiene que resguardar”, remarcó la mujer a NA.
La historia de Rocco
En 2009, cuando era solo un bebé 13 meses fue llevado por su mamá a un control de rutina en el Sanatorio Anchorena, del barrio porteño de Recoleta.
La madre denunció que tras un descuido de la profesional le cambió para siempre la vida tanto al pequeño como a sus parientes.
El bebé sufrió un fuerte golpe en la cabeza contra un aparato llamado negatoscopio que estaba situado justo arriba de la camilla dónde, por protocolos médicos, los padres deben estar presentes ante prácticas menores -como en éste caso, una simple extracción de sangre- pero no pueden intervenir ni participar de las mismas.
Según relató Kahan, la enfermera fue quien bajo supervisión de la médica de guardia y su madre presente realizó éste trágico y tremendo procedimiento, convirtiéndolo en la peor de las pesadillas para Rocco -hoy de 13 años y 1,70 metros de altura- y su familia, que además está compuesta por el papá Esteban Grime, de 63 años, y los hermanos Tobías Grime Kahan (17), Dante Grime Kahan (16) y Eric Grime Kahan (6).
La madre sostuvo que ese golpe ocasionó que el pequeño tuviera que ser trasladado a terapia intensiva de manera inmediata, sin salir del nosocomio “con pronóstico reservado”.
Detalló que se le practicaron tomografías computadas en las que se observó que sufrió una contusión cerebral (hematoma producto de un trauma con lesión cerebral, exactamente del golpe que la enfermera le dio en su cabeza).
“Eso le dejó secuelas severas, irreversibles y permanentes y una lesión cerebral de las más graves que existen”, explicó Kahan, quien agregó que el adolescente “toma medicación psiquiátrica para la concentración y descanso y tampoco se la cubren”.
El fallo de primera instancia se produjo en 2019, pero como UPCN apeló fue a la Cámara Civil, que recién en 2022 dispuso ratificarlo, pero con varias cuestiones polémicas.
“Primero, dispuso que la actualización del resarcimiento del capital sea con un interés del 8 por ciento anual, cuando la inflación superó el 50 por ciento, por lo que la suma se licuó en más del 80 por ciento”, detalló Kahan.
La mujer sostuvo: “El fallo de primera instancia, a cargo de Luis Sáenz, tardó 10 años pero contemplaba gran parte de lo que pedíamos. Sin embargo, la Cámara dispuso otra cosa y benefició a UPCN y su secretario general Andrés Rodríguez, quien siempre demostró absoluto desprecio por la situación y por el nene, además de dilatar todo lo que puso su respuesta. Y aclaro que esto no es codicia ni ambición, porque no hay plata que nos devuelva a Rocco
sano”.
Otro de los puntos polémicos en la resolución judicial fue “la falta de coherencia al no tomar un resarcimiento familiar completo, porque excluyen a sus hermanos como damnificados, porque ellos a futuro se van a tener que hacer cargo de Rocco y no van a tener una vida natural y normal”.
“Rocco nunca va a poder valerse por sí solo, trabajar, estudiar. Además, está la pérdida de oportunidades de los progenitores por la salud de él. También las limitaciones de mis hijos el día de mañana”, planteó la mujer.
“Y encima con el tema de pañales que mi hijo necesita fijaron el mismo valor de cuando iniciamos este tema que fue en 2013. En ese entonces valían $13 mil y ahora cuestan $110 mil. Díganme cómo hacemos para pagar esa diferencia. Para la Cámara eso no importó. Le quitaron el derecho de pedir por ese ítem en la demanda. Enajenaron a Rocco y beneficiaron a la caja de UPCN”, explicó indignada.
Asimismo, añadió: “Además, a la familia no la eximieron de abonar las onerosas cuotas mensuales de Accord Salud, prepaga de UPCN, para la cobertura de las prestaciones por discapacidad que Rocco necesitó, necesita y necesitará”.
“Si esto no es falta de responsabilidad e interés por el afiliado, complicidad judicial y abandono de persona que por culpa de la demandada quedó sin salud, ¿qué es? ¿Dónde está la real empatía y coherencia? Si yo no puedo pagar y abultar la caja del gremio Rocco pierde sus coberturas. ¡Es el país del revés!”, denunció la mujer.
Por último, remarcó: “Cuando la Justicia tarda tanto, no es Justicia. Encima un fallo no está más de seis meses en la Cámara Civil y acá estuvo casi tres años. No queremos más Roccos ni más Justicia de este tipo”.
Fuente Mendoza Today
