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IsraelDespués de analizar la evolución de los partidos políticos en España y sacar como conclusión que su deriva populista es consecuencia de cambios estructurales en el electorado (primera y segunda parte de nuestro argumento), nos toca ahora reflexionar sobre el otro gran eje de la política española: su territorialización y sus consecuencias económicas. Mientras que el crecimiento del populismo es común en casi todas las democracias occidentales, la importancia del eje territorial es más específico de España (aunque también existe en otros países) y fruto de las peculiaridades de nuestra historia.
La Constitución de 1978 representó una ruptura con respecto al diseño básico del Estado en España desde los Decretos de Nueva Planta, que solo había tenido una breve e incompleta interrupción durante la Segunda República. Durante casi tres siglos, la construcción del estado moderno se basó en una estructura centralizada, influida por la herencia francesa de la nueva dinastía de los Borbones y el espíritu de racionalización de la administración que circuló por toda Europa desde principios del siglo XVIII. El Estado así formado, sin embargo, tenía una capacitación inferior a la de nuestros vecinos europeos, con menos capacidad impositiva, menos capacidad de suministrar bienes públicos (como educación o infraestructuras) y menos capacidad de mantener unas fuerzas armadas de primer orden internacional. De hecho, este Estado fue incapaz de culminar su propio proceso de centralización jurídica, como lo atestigua la supervivencia de derechos civiles propios y una codificación tardía e incompleta. Pero tal era la necesidad de racionalización del Estado en España a principios del siglo XVIII que el balance global del proceso solo puede ser positivo: en 1978, España era un país de renta media-alta que había sobrevivido a adversidades que se habían llevado por delante a muchos otros Estados europeos.
Opinión Jesús Fernández-Villaverde | Tano Santos
El análisis de las consecuencias del Estado Autonómico es increíblemente complejo por dos motivos. El primer motivo es por tratarse de un sistema enrevesado, con asimetrías múltiples e improvisado según se iba desarrollando, sometiéndolo a reajustes continuos. El segundo, por ser un tema que despierta unas pasiones inusitadas en todo el espectro político, desde los que lo señalan como fuente de todos los males en España a los que defienden un grado mucho mayor de descentralización territorial del que tenemos, o, sencillamente, la independencia de una región.
Por tanto, en esta primera entrada sobre la territorialización de la política en España vamos a efectuar un ejercicio muy sencillo y descriptivo: ¿cómo ha evolucionado la economía de las distintas comunidades autónomas desde 1978? Intentaremos centrarnos solo en presentar datos, de la manera más objetiva que podamos y evitar esgrimir motivos que justifiquen tal evolución. Esa labor la dejaremos para siguientes entradas. Nuestro objetivo es alcanzar un consenso razonable, al menos, sobre lo que nos dicen los datos acerca de lo que ha pasado.
El resumen rápido de la evidencia es que, de 1978 a 2019, ha habido una comunidad autónoma que se ha convertido en el motor económico de España: Madrid; dos comunidades que, a pesar del tamaño de sus economías, han seguido la media del resto de España sin aportar mucho dinamismo: Cataluña y Andalucía; y una comunidad que, siendo importante económicamente en su día, lo va siendo cada vez menos: el País Vasco. Dudamos que este fuera el escenario que nadie hubiera predicho el 6 de diciembre de 1978.
Opinión Jesús Fernández-Villaverde | Tano Santos
Para documentar el párrafo anterior vamos a emplear las series largas de valor añadido bruto y empleo regional por sectores, 1955-2020, de la base de datos RegData FEDEA-BBVA, elaboradas por Ángel de la Fuente y Pep Ruiz. Como los datos son públicos, el lector interesado puede elaborar sus propios cálculos para investigar aquellos aspectos adicionales que no analizamos por razones de espacio.
Antes de nada, un apunte que consideramos pertinente: el valor añadido bruto es una medida de los bienes y servicios producidos en un área geográfica. La diferencia con respecto al concepto más común de producto interior bruto es que no incluye los impuestos indirectos netos a los productos, pero este detalle no importa mucho para nuestro análisis.
La comunidad autónoma con la economía más grande en 1978 era Cataluña, con un valor añadido bruto de 78,39 millardos de euros (a precios constantes de 2016). A cierta distancia le seguían Madrid (para evitar confusión empleamos el nombre de la comunidad autónoma actual, aunque no existiese como región independiente en aquel momento), con un valor añadido bruto de 65,74 millardos de euros, y Andalucía, con un valor añadido bruto de 52,61 millardos. El valor añadido bruto total de España era de 401,57 millardos de euros.
Si miramos al total de las CCAA comprobamos que Madrid solo ha sido superada por Murcia, cuya economía se multiplicó por 3,32
En 2019 (empleamos el último año antes de la pandemia para evitar el impacto de esta en la economía, que distorsiona todos los números), el liderazgo de la tabla había cambiado. La Comunidad de Madrid era la que contaba con la economía más grande, con 212,09 millardos de euros (a precios constantes de 2016), mientras que Cataluña era segunda, con 207,21 millardos, y Andalucía la tercera con 144,86 millardos de euros. El valor añadido bruto total de España era de 1,09 billones de euros.
En 41 años, de 1978 a 2019, la economía de Madrid se ha multiplicado por 3,23, la de Cataluña por 2,64, la de Andalucía por 2,75 y la de España en su conjunto por 2,71. Es decir, de las tres principales economías regionales de España, Madrid ha crecido muy por encima de la media, Andalucía un poquito más que la media y Cataluña ligeramente por debajo de la media.
Si miramos al total de las comunidades autónomas comprobamos que Madrid solo ha sido superada por Murcia, cuya economía se multiplicó por 3,32. Las siguen las Islas Baleares, con un 3,09, y Navarra, con un 3,00. En el otro extremo de la tabla nos encontramos con Asturias, cuya economía se multiplicó por un mísero 1,74, Cantabria, con un 2,17, y el País Vasco, con un 2,25.
Opinión Jesús Fernández-Villaverde Tano Santos
En resumen, en comparación con dato global de España, el periodo comprendido entre 1978 y 2019 ha sonreído a Madrid, Murcia y Navarra; ha dejado relativamente indiferente a Andalucía, Cataluña y Valencia (la cuarta economía regional por tamaño); y ha abandonado a la cornisa cantábrica.
Estas cifras, sin embargo, son agregadas y esconden cambios demográficos. Para controlar por estos cambios, el valor añadido bruto de una comunidad autónoma se puede dividir por el total de la población, para tener un valor añadido bruto per cápita, o por el número de ocupados, para tener un valor por ocupado. Como siempre ocurre en economía, ninguna medida es perfecta.
Por un lado, el valor añadido bruto per cápita presenta la desventaja de que no considera que diferentes regiones puedan tener estructuras demográficas muy diferentes. Asturias, por ejemplo, con una población muy envejecida, va siempre a aparecer muy mal en términos de valor añadido bruto per cápita. Igualmente, emplear medidas corregidas por factores demográficos, como valor añadido bruto por adulto entre 16 y 65 años, pueden ignorar aspectos muy interesantes como la cantidad de estudiantes en el bachillerato o la universidad o la incidencia local de la prejubilación.
En 1978 España era una nación con fuertes diferencias regionales en cuanto a valor añadido por ocupado
Por su parte, el valor añadido bruto por ocupado tiene el inconveniente de que el número de ocupados es consecuencia, en parte, de la política de cada comunidad autónoma. Cuando una comunidad autónoma dificulta la vida de las empresas, estas suelen responder con menor empleo. El empleo destruido suele ser el de menos valor añadido. Por tanto, los ocupados que “sobreviven” a la mala política económica regional son, de media, más productivos. Pero esta mayor productividad media es una mala noticia: solo trabajan las personas que son tan productivas que su actividad sobrevive a los palos en la rueda empresarial (o que están empleadas por las Administraciones Públicas). Por el contrario, una comunidad autónoma que genera mucho empleo suele crear más empleos menos productivos, pero esto es una buena noticia: una economía que funciona bien es una economía en la que todos encuentran trabajo, incluso los trabajadores menos productivos.
Nuestro juicio profesional es que los sesgos inducidos por emplear el valor añadido por ocupado son menores que los sesgos inducidos por emplear el valor añadido per cápita y por tanto emplearemos el valor añadido por ocupado en nuestro análisis. En todo caso, y con el afán de mitigar posibles suspicacias, advertimos que los resultados con el valor añadido per cápita son básicamente los mismos.
En 1978 España era una nación con fuertes diferencias regionales en cuanto a valor añadido por ocupado. El valor añadido bruto más alto se daba en la Comunidad de Madrid, con 39.622 euros (a precios constantes de 2016), mientras que el valor añadido bruto por ocupado más bajo lo encontrábamos en Galicia, con 19.079 euros, una cifra un 52% menor. Otras comunidades autónomas de alto valor añadido por ocupado eran las Islas Baleares, con 39.348 euros, el País Vasco, con 38.544 euros, y Cataluña, con 35.963 euros.
En Madrid, los ocupados han pasado de 1,66 millones en 1978 a 3,55 millones, un 114% más
En 2019, las diferencias se han reducido. Ahora la comunidad autónoma con valor añadido bruto por ocupado más alto es el País Vasco, con 61.201 euros (Madrid se queda ligeramente por detrás, con 59.737 euros por ocupado), y la más baja es Murcia, con 44.689 euros, es decir solo un 27% menos.
Las grandes diferencias entre las cifras de valor añadido bruto total y por ocupado vienen, claro, de la diferencia en la evolución de la ocupación. En 1978 había 748 mil ocupados en el País Vasco y en 2019, 1,06 millones, un 42% más. En Madrid, los ocupados han pasado de 1,66 millones en 1978 a 3,55 millones, un 114% más y en Cataluña de 2,18 millones en 1978 a 3,64 millones en 2019, un 67%. En España en su conjunto, los ocupados han pasado de 12,96 millones a 20,37, un 57% más. Es de resaltar el logro tremendo de la Comunidad de Madrid, que ha conseguido doblar su población ocupada sin perder posición relativa frente a otras comunidades autónomas en términos de valor añadido bruto por ocupado, con la única excepción del País Vasco.
Esta rápida panorámica de la evolución de las diferentes economías regionales parece difícil de cuadrar con las esperanzas (o temores, según las preferencias políticas de cada lector) de muchos en 1978. Numerosos expertos en Cataluña y el País Vasco argumentaban por aquel entonces que, una vez que sus economías se pudieran beneficiar de tener un alto grado de autonomía legislativa, crecerían de manera mucho más vigorosa. Hemos visto que en términos de valor añadido bruto total, Cataluña ha estado aproximadamente en la media de España y el País Vasco se ha quedado bastante por detrás. El alto nivel de valor añadido bruto por ocupado en el País Vasco combinado con un lento crecimiento de la ocupación se puede interpretar como la muestra de una economía rica, pero sin mucho empuje económico. En la otra cara de la moneda, Madrid, cuyo futuro parecía en duda una vez que se descentralizase el Estado, ha crecido mucho más de lo que nadie hubiera esperado.
Un estatuto de autonomía de 1979 a 1981 con muchas competencias correlaciona con malos resultados económicos los siguientes 40 años
Con respecto a las economías más pobres en 1978, ni Andalucía ni Galicia han podido reducir sus diferencias con la media de España (Andalucía lo ha hecho ligeramente por encima de la media, Galicia bastante por debajo), lo cual no deja de ser curioso por ser estas dos comunidades autónomas las que recibieron más competencias (junto con el País Vasco y Cataluña) en la primera ronda de Estatutos de Autonomía. En otras palabras: un estatuto de autonomía de 1979 a 1981 con muchas competencias correlaciona con malos resultados económicos durante los siguientes 40 años.
Nótese que empleamos el verbo “correlacionar”, no “causar”. Como insistíamos al comienzo de esta entrada, hoy solo queremos poner encima de la mesa datos. Un defensor de los estatutos de autonomía de 1979 a 1981 puede argumentar que la Administración Central del Estado ha “castigado” al País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía durante estas cuatro décadas con distintos mecanismos legislativos y de inversión. O que la Comunidad de Madrid ha abusado de su posición dominante en el mercado financiero para atraer actividad económica a su territorio. O que lo único que hemos visto es una corroboración de tendencias a largo plazo que ya se atisbaban antes de 1978. En nuestras siguientes entradas evaluaremos estos argumentos. Como resaltábamos hace unos párrafos, hoy solo queremos recordar que las evoluciones comparativas de las economías regional durante 41 años de autonomías son interesantes de conocer y, quizás, diferentes a las que muchos pronosticaron en 1978.
Fuente El Confidencial
