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El Gobierno ha remitido hoy sábado a la Comisión Europea el plan presupuestario para 2023. La gran novedad es que no solamente incorpora el escenario principal de ingresos y gastos públicos esbozados en la presentación del proyecto presupuestario de la semana pasada, sino que incorpora un segundo escenario en el que la administración recaudaría unas 0,8 décimas de PIB en 2022 y otras 0,7 en 2023 y destinaría esos recursos -en torno a 22.000 millones en total- a financiar las medidas energéticas ya anunciadas y a prorrogar el año que viene las que considere necesarias.
Tal y como se desprende del documento remitido a Bruselas, el Gobierno ve factible que los ingresos fiscales del Estado este año asciendan a 563.000 millones de euros (un 42,9% del PIB) y los del año que viene a 597.000 millones de euros (un 43% del PIB). Esto son 11.000 millones más cada año que en el escenario 1.
Valor Añadido. Agustín Monzón
El Ejecutivo justifica la necesidad de incorporar un segundo escenario “debido a la situación actual caracterizada por un alto nivel de incertidumbre y de inflación derivados del conflicto bélico de Ucrania”. Añade, además, “que prevé la utilización del posible margen fiscal para prorrogar y adoptar aquellas medidas que se estime más adecuadas con el fin de proteger a las familias, trabajadores y empresas más afectadas por la crisis energética”.
Medidas gracias a la recaudación ‘extra’
A la espera de saber si esas acciones -entre las que estaría, por ejemplo, la subvención de 20 céntimos por cada litro de combustible- se prolongan o no, el Ejecutivo detalla tres ayudas que ha aprobado recientemente gracias al mayor margen fiscal por el aumento de la recaudación. Entre ellas está la asunción del déficit generado por la tarifa regulada del gas.
En octubre del año pasado, el Ejecutivo limitó las subidas de la conocida como TUR, a la que están acogidos unos 1,5 millones de hogares, a aproximadamente un 5% en cada revisión trimestral, al ‘topar’ a un 15% el incremento de la parte referida al precio del combustible. Con un mercado disparado, la medida ya ha generado un déficit aproximado de unos 200 millones de euros, que hasta ahora han asumido las compañías de forma transitoria. El Ejecutivo admite en su plan enviado a Bruselas que esta solución “solo es viable y sostenible si la duración de la medida fuera limitada en el tiempo, ya que el déficit acumulado se va a multiplicar en los próximos trimestres alcanzando unos importes que las compañías no pueden asumir en sus balances”. Además, el Gobierno ha extendido la ayuda a las comunidades de vecinos con calderas comunitarias, que hasta ahora habían quedado fuera por no estar acogidas a la TUR.
Marcos Lema Juan Cruz Peña
La segunda medida es la flexibilización de la contratación de electricidad y gas, que otorga a los consumidores una mayor libertad para modificar las condiciones. Durante el covid ya se dieron pasos en este sentido, pero el Gobierno ha ido más allá en plena crisis energética. “La medida que ahora se adopta consiste en flexibilizar, hasta finales de 2023, las condiciones de contratación de gas y electricidad, permitiendo más de un cambio de potencia y presión cada 12 meses, de manera que los consumidores puedan adaptarse mejor a la volatilidad de precios energéticos”, reza el documento.
Por último, el Ejecutivo destaca el aumento de la cuantía del bono social térmico, un pago único anual que se otorga a todos los perceptores del bono social eléctrico. Como anunció el presidente, Pedro Sánchez, el pasado jueves en el Congreso, la subvención se incrementará de 35 a 40 euros para los que menos reciben y de 350 a 375 para los que más. Es la segunda vez que el Ejecutivo refuerza esta medida, que reciben en torno a 1,3 millones de personas. Los detalles de esta modificación, así como del aumento de la cuantía del bono social eléctrico y la aprobación de una nueva subvención del 40% para el consumo eléctrico de los hogares vulnerables, se conocerán el Consejo de Ministros del próximo martes.
“Las previsiones del escenario dos ya recogen para 2023 el potencial impacto de prorrogar aquellas medidas que se demuestren sean más efectivas, y estén focalizadas en proteger a los colectivos más vulnerables, hasta que se supere la crisis energética, concluye el documento. El Ejecutivo abre la puerta, así, a retirar las ayudas lineales, como el propio descuento al combustible, y centrarle en las más progresivas, como piden todos organismos internacionales. De momento, la única que continuará seguro será la gratuidad para los usuarios habituales de media distancia, Rodalies y cercanías, que el Gobierno considera una medida estructural y ha incorporado al propio proyecto de presupuestos.
El Gobierno ha remitido hoy sábado a la Comisión Europea el plan presupuestario para 2023. La gran novedad es que no solamente incorpora el escenario principal de ingresos y gastos públicos esbozados en la presentación del proyecto presupuestario de la semana pasada, sino que incorpora un segundo escenario en el que la administración recaudaría unas 0,8 décimas de PIB en 2022 y otras 0,7 en 2023 y destinaría esos recursos -en torno a 22.000 millones en total- a financiar las medidas energéticas ya anunciadas y a prorrogar el año que viene las que considere necesarias.
Fuente El Confidencial
