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Por Gustavo Bazzan
Es el déficit operativo que acumulan en los últimos 12 meses. Supera los US$ 3.800 millones de todo 2021. El impacto de los subsidios a las tarifas. Dudas por el recorte de transferencias que podrían sufrir en 2023.
En los últimos doce meses las empresas públicas recibieron transferencias del Tesoro por 620.000 millones de pesos, equivalentes -al tipo de cambio oficial- a 5.363 millones de dólares. Esta cifra indica el tamaño del déficit operativo que acumulan en un año las 33 empresas que son controladas por el Estado nacional.
Las transferencias son necesarias para cubrir la parte de los gastos operativos que no son financiados por los propios ingresos de las empresas. La mayoría de las empresas públicas son deficitarias. A la cabeza, Enarsa, seguida por el sistema de trenes de pasajero y carga, Aerolíneas Argentinas, AYSA y el Correo Argentino.
Los números
Todas las cifras surgen del informe que mensualmente difunde el ministerio de Economía a través de la planilla “Sector público base caja”. Hay un renglón bien claro: en el rubro “Gastos corrientes” aparece un sub-rubro, bastante explícito por cierto: se llama “Déficit operativo de empresas públicas”. En julio de este año, por ejemplo, las empresas públicas recibieron giros por 128.482 millones de pesos. Fue la cifra más alta en lo que va de 2022. En los primeros ocho meses de 2022 ya recibieron 473.977 millones de pesos, equivalentes a 3.900 millones de dólares calculados al tipo de cambio oficial promedio.
En todo 2021 el rojo de estas empresas alcanzó los 3.800 millones de dólares. Es decir que en solo ocho meses computados de 2022 ya se superó el déficit de todo 2021. Como se dijo más arriba, el déficit de este año podría acercarse tranquilamente a los 5.500 millones de dólares, o tal vez más..
Hay que decir que el grueso de este déficit se explica más por decisiones políticas que estrictamente operativas. El Gobierno nacional tomó -es una marca de los gobiernos kirchneristas- la decisión de subsidiar fuertemente las tarifas de la energía y el transporte público. Eso explica el déficit operativo de Enarsa, que básicamente compra en el mercado global a precio de mercado energía y la vende al mercado interno a un menor precio. La diferencia se cubre con las transferencias del Tesoro.
Lo mismo ocurre en los trenes, en los que el precio que paga un pasajero está muy lejos de cubrir el costo real del servicio. Otro tanto ocurre en AYSA y en el Correo.
No hay tal vez justificación para el déficit de Aerolíneas Argentinas, que vende sus pasajes a precios similares a los que los vende la competencia. La semana pasada el titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, comentó que la línea de bandera le pedirá menos dinero al Tesoro en 2023: recortará la ayuda de 514 a 412 millones de dólares.
¿Habrá ajuste en 2023?
Pero ¿habrá o no ajuste para las empresas públicas en 2023?. Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el proyecto de ley de Presupuesto 2023 lo pone en duda. Por un lado, dice que se espera una reducción en términos reales de los subsidios energéticos del 15,9%, que se explica básicamente por las menores transferencias a la Compañía administradora del mercado eléctrico mayorista (CAMMESA) a partir de los aumentos tarifarios para una parte de la población y las empresas.
Pero al mismo tiempo se incrementarán 5,3% en términos reales los subsidios a Enarsa para solventar la compra de gas natural y GNL. Además, caerán los subsidios a los trenes un 11,5%. Aerolíneas sufrirá un recorte real de casi 30%. La poda para AYSA, en términos reales, será de 16,8% y para el Correo del 32,2%. En cambio Radio y Televisión Argentina se beneficiará con un incremento real del 34,1%
Para el conjunto de empresas públicas, el informe de la OPC afirma que “en 2023 tanto los ingresos como los gastos totales de las empresas públicas se incrementarán 2,2%. Según este informe, “el gasto primario” que corresponde específicamente a las empresas públicas crecerá 8,3% en términos reales, aumentando en 1,2% su participación en el gasto primario consolidado. El informe subraya que la suba del gasto total en 2023 “se debe a que la inversión real directa se incrementará un 48,5%, básicamente por inversiones en Enarsa (gasoducto Néstor Kirchner y represas hidroeléctricas), AYSA (obras de saneamiento) e infraestructura ferroviaria.
Todos los números del presupuesto deberán atravesar el examen de la realidad. La propia OPC señaló, en otro informe, que los desvíos presupuestarios son inevitables dada la inflación que se va registrando mes a mes.
Lo cierto es que el rojo de las empresas públicas está cobrando más relevancia en la discusión política, sobre todo entre referentes de la oposición. En los últimos días se escucharon declaraciones más o menos coincidentes: Mauricio Macri dijo: “Existe una larga lista de empresas públicas que deberán ser gestionadas por el sector privado sin excepciones, o que deberán ser eliminadas”
Patricia Bullrich: “Todas las empresas públicas van a entrar en un plan para bajarles el déficit y que compitan de igual a igual con otras empresas, Para ser empresas se tienen que autofinanciar”.
Elisa Carrió: “Todas las empresas del Estado son cajas políticas por eso planteamos que haya un holding fiscalizado que maneje todas las empresas y tenga criterios de gobernanza como eficiencia en la gestión, transparencia en los recursos”.
Por su parte, Sergio Massa -que ordenó el congelamiento de vacantes- señaló: “La rentabilidad de la empresa pública hay que medirla no sólo en su utilidad económica sino su rentabilidad social”.
Hoy las empresas públicas explican cerca de 1,5 puntos del déficit fiscal. La discusión seguramente no se va a agotar.
Fuente Clarin
