Un fiscal comparó la defensa de la 7722 con los juicios de lesa humanidad

El fiscal del 11° juicio por delitos de lesa humanidad, Pablo Garciarena, comparó la importancia de estos litigios con la transcendencia que cobró la movilización en las calles mendocinas por la Ley 7722, que prohíbe el uso de cianuro (y cualquier otro elemento tóxico) en la minería.

Dicha comparación fue en el marco de una réplica a los defensores de los acusados, que buscaron desacreditar los alegatos del fiscal.

Todo comenzó cuando en audiencias anteriores del juicio, el defensor Ariel Civit comparó la acusación del fiscal con los tribunales de la Inquisición, que ejecutaban acusados sin necesidad de pruebas fehacientes en su contra.

Garciarena buscó refutar ese punto al decir: “Son muy pocas las políticas de estado que tienen vigencia más allá de cualquier gobierno. Un caso local en Mendoza es la defensa de la comunidad de la Ley 7722 cada vez que los gobiernos han impulsado la minería a cielo abierto. Ese es un ejemplo donde la ciudadanía en ejercicio de las herramientas que le da el Estado de Derecho y la democracia ha manifestado su posición respecto a esa política”.

“Refirió la defensa de que los juicios de lesa humanidad en Argentina son como la Inquisición. Del 2006 a la fecha se han dictado 286 sentencias por el terrorismo de estado hay 1088 condenados, once juicios en Mendoza, cuatro en San Rafael. En los procesos de juzgamiento por los delitos de lesa humanidad hay un reconocimiento de la comunidad internacional. Son llevados adelante por jueces comunes, se aplicó la ley como a cualquiera de los ciudadanos. con el cumplimiento de las garantías constitucionales”, agregó, según plasma Explícito.

Garciarena es fiscal de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de la Justicia Federal en Mendoza. Anteriormente fue abogado querellante por la Secretaría de DDHH de la Nación en los juicios de lesa humanidad en Mendoza. También es miembro de la Xumek, la ONG que representa a víctimas de graves violaciones a los derechos humanos ante la Justicia provincial, nacional y sistemas internacionales de protección de derechos humanos.

Fuente Mendoza Today