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IsraelLa AIReF se ha convertido en el Pepito Grillo del Gobierno. El símil entre el personaje de Disney y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal lo lanzó el diputado de Unidas Podemos Txema Guijarro durante las comparecencias de esta semana en la Comisión de Presupuestos del Congreso. Iba dirigido a su presidenta, Cristina Herrero, pero bien podría dedicarse al Banco de España o a la fundación de las antiguas cajas de ahorros (Funcas). Los tres organismos llevan pidiendo desde el final del estado de alarma un plan de consolidación de las cuentas públicas, y desde entonces se han convertido en la conciencia fiscal del Ejecutivo. Año y medio después, la deuda ha vuelto a batir su máximo histórico y encadena un récord tras otro. Todos lo asumen, en un momento en el que el Estado ha vuelto a acudir al rescate de las familias y las empresas ante la crisis inflacionista —ya ocurrió durante el covid—. Pero muchos piden que se empiece a hablar del día después.
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El Gobierno ha aprovechado que las reglas fiscales europeas siguen suspendidas para elaborar los presupuestos más expansivos de la historia, apoyados en una recaudación inédita como consecuencia de la inflación, el crecimiento económico, la fortaleza del mercado laboral y la propia política fiscal del Ejecutivo. Sin embargo, esta situación no va a durar para siempre, como recordaban la propia Herrero o el gobernador del banco central de nuestro país, Pablo Hernández de Cos, durante sus comparecencias parlamentarias.
Sobre la mesa, una gran preocupación: el hecho de que las medidas temporales para luchar contra la crisis energética se cronifiquen, sin que ocurra lo mismo con el espectacular aumento de los ingresos públicos —un 18% en lo que llevamos del año, según la Agencia Tributaria—, que ambas instituciones no se explican exclusivamente por la coyuntura económica (el mayor afloramiento de la economía sumergida podría estar entre las razones). El resultado sería un incremento del déficit estructural —el que no tiene que ver con el ciclo—, como ocurrió después de la burbuja inmobiliaria, cuando la recaudación bajó bruscamente sin que lo hiciesen los gastos del Estado. En aquel momento, España llegó a tasas de dos dígitos, después de haber registrado los únicos superávits de la su historia. Tras la caída de Lehman Brothers, se demostró que todo aquello era ficticio.
Bruselas ha comenzado a mover un mensaje muy claro: la suspensión de las reglas fiscales no significa que siga habiendo barra libre
Pese a que De Cos aclaró que la situación actual no es la misma que aquel triste precedente, todas las instituciones llaman a la cautela, sobre todo cuando a las medidas anticrisis hay que añadir el incremento de las pensiones y del sueldo de los funcionarios, que se consolidarán durante los próximos años. La primera de ellas es la propia Comisión Europea, que sabe que tras la suspensión de las reglas fiscales —sin efecto desde 2020, ante el estallido de la pandemia— habrá resaca, y quiere reducirla al máximo sin terminar de cortar la fiesta. Por eso, aunque estas normas se mantendrán suspendidas también durante 2023, el Ejecutivo comunitario ha comenzado a mover un mensaje muy claro: esto no significa que siga habiendo barra libre. De hecho, ha pedido que los Estados miembros con menor espacio fiscal empiecen a controlar el gasto público.
Es un mensaje compartido por los principales organismos de la gobernanza económica global, desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pasando por el Banco Central Europeo (BCE). Todos ellos han pedido que los impresionantes paquetes fiscales que han puesto en marcha los Gobiernos para hacer frente a las consecuencias de la crisis de Ucrania tengan carácter temporal y se centren en los vulnerables. En el centro de las preocupaciones no se halla solamente la progresividad de las medidas, sino la sostenibilidad de las cuentas públicas. Sin ir más lejos, el Gobierno presume de haber dedicado ya 35.000 millones contra la inflación, el 2,9% del PIB.
El Ejecutivo prevé que España cierre 2022 con un déficit público del 5%, que se reduciría hasta el 3,9% en 2023 y el 3,3% en 2024, según recoge en el cuadro macroeconómico que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Sin embargo, estas previsiones han quedado desacreditadas tras los vaticinios de los Pepito Grillo, entre advertencias sobre la necesidad de una senda creíble para reducir el desfase de las cuentas públicas. Pese a que calcula un déficit inferior para este año (4,4%) y el que viene (3,3%), la AIReF estima que, de prolongarse las medidas energéticas, España no solo no reduciría su déficit en 2023, sino que lo aumentaría en dos décimas, hasta llegar al 4,6%. El FMI también le ha enmendado la plana al Gobierno, al prever que no bajará del 4% de aquí a 2027.
Durante los últimos días, la Moncloa ha dejado entrever que algunas ayudas indiscriminadas y de altísimo coste para el erario público, como la subvención de 20 céntimos por cada litro de combustible, podrían limitarse a ciertos colectivos. Ya lo definió el vicepresidente del BCE, el español Luis de Guindos: “Política fiscal selectiva”. Será uno de los términos fundamentales para entender lo que va a pasar en los próximos meses.
Unas nuevas reglas fiscales
Mientras el Parlamento alemán aprobaba el mayor paquete de ayudas que se recuerda, más de 200.000 millones de euros, la autoridad fiscal española presentaba este viernes su propuesta para reformar las reglas fiscales europeas. Ambos debates, el de cómo afrontar la crisis energética y el de cómo gestionar el día después, empiezan a coincidir, y los diferentes actores se mueven para manejar bien los tiempos (también los electorales). Con el permiso del presidente de Rusia, Vladímir Putin, todo apunta a que 2024 será el año que marque el punto de inflexión entre la borrachera y la resaca.
Antes del verano, la filosofía de la Comisión Europea estaba clara: las reglas fiscales se mantienen suspendidas porque hay que mantener la flexibilidad necesaria para actuar en un escenario de alta incertidumbre, pero que exista la opción de gastar más no se traduce en que haya que usarla. Fue el mensaje de dos de los principales líderes austeros, Sigrid Kaag, ministra de Finanzas holandesa, y su colega Christian Lindner, ministro de Finanzas alemán. Ahora, con el ‘shock’ energético, toca repensar el tablero, como demuestra la propuesta de Bruselas para ampliar el marco temporal de ayudas de Estado por la guerra.
El objetivo de la Comisión es que las nuevas reglas fiscales sean más sencillas y fáciles de cumplir por parte de los Estados miembros, intentando tener más en cuenta el crecimiento y las inversiones. Un matiz importante que recoge el nuevo ‘zelsgeit’ (espíritu del tiempo) proveniente de Berlín, que desde el estallido de la pandemia ha abandonado su clásico ordoliberalismo para convertirse, no sin polémica, en el adalid de los programas fiscales más ambiciosos (tiene margen para ello). Se espera que el Ejecutivo comunitario haga una propuesta en las próximas semanas, que servirá para lanzar la discusión y abordarla con cierta calma gracias a la suspensión actual. La idea de la Comisión Europea es buscar una propuesta que ponga en manos de los Estados miembros más poder sobre la estrategia para reducir sus niveles de deuda pública con planes a medio plazo.
Las sanciones por incumplir las reglas fiscales no se han llegado a aplicar a ningún país de la UE
Precisamente, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal se está moviendo en este sentido. Los funcionarios de la AIReF se han reunido durante las últimas semanas con el Ejecutivo comunitario para presentarles su alternativa, que trasformaría de arriba abajo el sistema actual. Para la institución dirigida por Cristina Herrero, la mejor forma de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas es que sean los propios gobiernos nacionales quienes lleven la iniciativa del proceso.
Hasta ahora, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (1997) exigía a los países miembros mantener déficits inferiores al 3% y deudas que no llegasen al 60% si no querían entrar en el protocolo de déficit excesivo, que les obligaba a aplicar una serie de reformas dictadas por Bruselas para estabilizar sus cuentas. Con esa referencia, Bruselas tiene que dar cada año el visto bueno a los objetivos de déficit establecidos por cada Estado, en ocasiones a través de una negociación muy dura, como las que protagonizó Italia durante su reciente experiencia populista. Según fuentes de la AIReF, ambas cifras fueron escogidas de forma arbitraria, como demuestra el hecho de que las sanciones por incumplir las reglas fiscales nunca se hayan aplicado: ni a la propia Italia, ni a Francia y Alemania en 2005, ni a España durante los sucesivos incumplimientos de los Gobiernos del popular Mariano Rajoy.
La propuesta de la AIReF
Para acabar con esta situación, la autoridad fiscal española defiende que sean los Gobiernos quienes se marquen sus propios objetivos cada vez que inician una legislatura, sin que se vean abocados a multa alguna en caso de saltárselos. La razón, argumentan las mismas fuentes, es “politizar las decisiones fiscales”, de tal manera que sea el electorado, y no los ‘hombres de negro’, el que penalice su incumplimiento. Esta sistema, que ya opera con éxito en países del norte de Europa, como Holanda, podría ser adoptado por el conjunto de la Unión o, en caso de que se mantuviese un mecanismo similar al actual, complementar a las reglas fiscales comunitarias. En España, sería necesario reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
La AIReF acompañaría al Ejecutivo en el proceso, para validar que la senda fiscal propuesta se adecúa a los parámetros técnicos del organismo, caracterizados por dos novedades: el abandono del déficit como parámetro de referencia, en favor de unos objetivos de reducción de deuda a largo plazo —el Gobierno podría decidir si pone más énfasis en la consolidación fiscal al principio o al final de la legislatura—, y una enfoque global, que fiscalizase todo el gasto primario, incluido el de la Seguridad Social (es decir, las pensiones).
En estos momentos, el consenso mínimo en Bruselas es que la norma de que los niveles del pasivo deben reducirse a un ritmo anual de una veinteava parte de la deuda por encima del umbral del 60% del PIB no es realista y no se cumplirá. La salida del atracón de deuda pública tendrá que ser adaptada a cada país y la situación de la que partan, lo cual no significa que vaya a haber una reforma profunda como la que propone la autoridad fiscal. En el caso de España, el plan presupuestario enviado al Ejecutivo comunitario prevé una reducción del pasivo público de 2,8 puntos durante el año que viene, hasta alcanzar el 112,4% del PIB. El FMI sí avala la estimación gubernamental, que se sitúa, no obstante, 14 puntos por encima de los niveles precovid.
Se aprecia una corriente de fondo: el regreso de la preocupación por la sostenibilidad de la deuda
Todavía queda mucho camino por delante para retomar el camino ‘virtuoso’ iniciado en 2014 y truncado por la pandemia. Y no solo en España. Por eso la Comisión Europea sabe que tendrá que tener cintura. El año que viene será importante para evitar que haya curvas cuando las reglas fiscales se adopten, pero evitando que se corte de raíz el apoyo a una economía que todavía atraviesa un escenario de gran incertidumbre. “La Comisión considera que es aconsejable iniciar un ajuste fiscal gradual para reducir la elevada deuda pública a partir de 2023, mientras que una consolidación demasiado abrupta podría impactar negativamente en el crecimiento y, por lo tanto, en la sostenibilidad de la deuda”, señalaba el Ejecutivo comunitario en marzo, justo después del inicio de la guerra.
Ya en 2021, el vicepresidente de la Comisión Valdis Dombrovskis daba con una de las claves para entender el espíritu de la reforma que se avecina: “Un marco fiscal solamente puede ser efectivo si existe un fuerte compromiso político para adherirse a él. Esto significa que hagamos lo que hagamos con nuestro marco, debemos asegurarnos de terminar en un lugar donde haya más compromiso político que ahora“.
Sea cual fuere la letra pequeña del acuerdo que finalmente se alcance, lo cierto es que se aprecia una corriente de fondo: el regreso de la preocupación por la sostenibilidad de las cuentas públicas (si es que en algún momento se había ido). Así en Londres, donde una primera ministra ha caído por presentar una rebaja fiscal que llevaría a su país a la ruina, como en Madrid, donde cada vez son más los que sintonizan el agudo canto de los Pepito Grillo, hasta ahora inaudible en las noches cálidas de gasto público. Unos y otros utilizaron estos argumentos el pasado martes en el Senado. Quién iba a decir que la deuda regresaría a todos los debates después de tres años de barra libre.
Fuente El Confidencial
