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En un trámite exprés, que no carece de polémica, la Justicia decidió archivar la denuncia iniciada contra el pastor Héctor Bonarrico por el millonario subsidio que le otorgó el gobierno de Rodolfo Suarez.
Ergo, el expediente N° P-55.017/22, caratulado “Fc.c/NN p/ Malversación de caudales públicos”, pasó sin pena ni gloria, sin haber citado siquiera el ministro de Gobierno de Mendoza, Víctor Ibañez.
Quienes decidieron archivar el expediente fueron el fiscal Hernán Ríos, titular de la Fiscalía de Instrucción N° 15 y Flavio D´Amore, titular de la Fiscalía de Instrucción N° 7, ambas de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos.
En su sentencia, los funcionarios judiciales desmenuzaron los diversos delitos presuntamente cometidos y, sobre la base de puntual jurisprudencia, los desacreditaron, uno a uno. Según abogados consulados por Diario Mendoza Today, el fallo es polémico, porque “fuerza” los argumentos a favor de la desestimación de la presentación.
Insólitamente, para los fiscales jamás hubo Cohecho y Tráfico de Influencias, delitos previstos y penados por los artículos 256 y 256 bis del CP. Ello a pesar de la propia confesión de Bonarrico.
Luego, desacreditaron la presunta dádiva: “En el caso investigado no surge sospecha alguna de que los denunciados hubieren recibido ya sea dinero o alguna otra dádiva, entendiendo ésta como algún objeto material, a los fines de realizar el Convenio de Colaboración denunciado, menos aún para el dictado del decreto por el cual se otorgó su aprobación. Conforme a ello, es posible descartar la adecuación típica del hecho denunciado en las previsiones del artículo 256 del CP”.
En relación al delito de Tráfico de Influencias, el fallo advierte: “Su acción típica requiere también que se solicite o reciba dinero u otra dádiva o promesas de ellas, resulta aplicable lo desarrollado en oportunidad de analizar el delito de cohecho pasivo, por lo que los suscriptos entienden también que la conducta denuncia resulta entonces también atípica conforme las previsiones del art. 256 bis del CP”.
Finalmente, en relación a los delitos de Exacciones Ilegales y Concusión previstos y penados por el artículo 266 del CP, los fiscales puntualizan que “debemos recordar que se reprime al funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho, o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden”.
Y lo descartan so pretexto de que “conforme lo analizado precedentemente la adecuación típica del hecho denunciado a estos delitos, en razón de que no ha existido exigencia ilegítima alguna por parte de los funcionarios públicos denunciados, y también al ser los delitos analizados, delitos especiales propios, en los cuales solamente pueden ser autores funcionarios públicos, al descartarse la tipicidad de los mismos, se descarta también por el principio de accesoriedad de la participación, atribución alguna para los denunciados Bonarrico y Erario”.
Por último, se analizó el delito de Negociaciones Incompatibles, previsto y penado por el artículo 265 del CP, por el medio del cual se reprime la conducta del funcionario público que, directamente, o por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo. Como se dijo, también se dejó de lado.
El caso
En mayo de este año, el oficialismo mendocino se vio sacudido después de que un exlegislador y pastor evangélico Héctor Bonarrico reveló que recibió un subsidio millonario dentro de un acuerdo en el que él dio de baja su candidatura a legislador el año pasado.
Bonarrico señaló que el dinero aprobado y publicado esa semana en el Boletín Oficial, una suma de 18 millones de pesos (9 millones otorgados durante dos años) destinada a su fundación Acción Social, fue a cambio de un arreglo político por el que desistió a postularse como senador provincial en el 2021.
Horas después, aseguró que fue malinterpretado. Además, ante esta situación, el gobernador Rodolfo Suarez anuló la entrega de fondos a raíz de la presión ejercida por el PJ, por lo que Bonarrico lo acusó de “tibio” y “traidor”.
Antes, en junio del 2021, el pastor, quien venía del partido Protectora y MasFe, se pasó a las filas de Cambia Mendoza, desistiendo de su candidatura, en una reunión con el presidente de la UCR nacional, en aquel momento, Alfredo Cornejo, y el titular local del radicalismo, Tadeo García Zalazar.
Fuente Mendoza Today
