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IsraelEl ambientalismo va a privar que la Argentina explore un pozo offshore que podría aumentar un 40% la producción de petróleo y dejarle ventas al país por más de 100.000 millones de dólares.
Un juez ambientalista de Mar del Plata puso fin a la esperanza de YPF y Equinor de poder explorar y explotar la “Vaca Muerta del Mar Argentino“, la cual daría una masiva producción de petróleo y gas de reservas por un valor de hasta 100.000 millones de dólares.
En comparación, todo el préstamo del FMI acumula 45.000 millones de dólares, un 45% de lo que se podría recaudar solamente de este yacimiento que se ubica a 307km de la costa de Mar del Plata.
El pasado miércoles 19 de octubre, YPF y Equinor anunciaron el descubrimiento de un yacimiento petrolífero con capacidad de producir 200 mil barriles por día tras los trabajos de rastreo sísmico de hidrocarburos en el bloque Cuenca Argentina Norte (CAN) 100. Para poner en dimensión, la producción que se podría obtener de allí es el equivalente a casi al 40% del petróleo que hoy produce la Argentina.
Este yacimiento podría tener reservas equivalentes a 1.000 millones de barriles de petróleo. A esto se le agrega que en la CAN podrían existir más de una decena de yacimientos similares, equivalentes a muchas “Vaca Muerta”.
El descubrimiento de estos yacimientos es consecuencia del hallazgo de Shell y Total Energies de yacimientos en Namibia por el equivalente a 400.000 millones de dólares. A pesar de hoy estar a 7.000 km de distancia, estos yacimientos en África supieron estar a no más de 200 km de distancia de la costa argentina hace 250 millones de años.
Sin embargo, gracias a la decisión del juez Santiago Martin a cargo del juzgado N°2 de Mar del Plata, no solo ninguna empresa podrá explotar el yacimiento si no que no se podrán hacer mayores exploraciones en la zona para determinar la verdadera magnitud de la cuenca.
Cuando en febrero se había anunciado la intención de recolectar información geológica de la Cuenca Argentina Norte, el juez local Santiago Martin dispuso una medida cautelar a favor del intendente de General Pueyrredón Guillermo Montenegro (PRO) y la Organización de Ambientalistas Autoconvocados, que pidieron se suspenda la exploración “por falta de un estudio ambiental más amplio”.
Por suerte para el resto de los argentinos, el juez federal Alfredo López dejó en suspenso la cautelar una semana después, ordenando profundizar el estudio ambiental y someterlo a consulta pública, mientras se le permitía a las petroleras seguir con la exploración.
La misma se hizo en mayo y se dio un amplio apoyo a la actividad offshore, por lo que la Cámara de Apelaciones dejó en junio sin efecto la medida cautelar y sin tratar la cuestión de fondo. Es así como se pudieron hacer las recolecciones de información presentadas por YPF y Equinor. El pozo exploratorio Argerich-1 tuvo un costo cercano a los 100 millones de dólares, siendo la profundidad programada para el pozo de 4.050 metros con una profundidad de agua de 1.535 metros.
Finalizada la etapa de exploración, directivos de las empresas de hidrocarburos habían enviado la solicitud del permiso para iniciar la perforación en aguas profundas del pozo. Se había planeado utilizar un buque con torre de perforación y un helipuerto, que se iba a usar para el traslado desde Mar del Plata de insumos, la tripulación y especialistas técnicos de varias nacionalidades.
Sin embargo, se encontraron con un problema: el juez Martin levantó la medida cautelar de Lopez y volvió a dejar sin efecto el permiso de las petroleras, algo insólito en el mundo.
La decisión fue tomada debido a que el magistrado consideró que el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación incumple con tres de los cinco recaudos que pidió el pasado 3 de junio la Cámara Federal de Apelaciones para evitar daños ambientales mientras se desarrolle la actividad.
Días atrás, el fiscal general Manuel Pettigiani se había pronunciado a favor de las tareas de exploración sísmica para la explotación petrolera tras avalar el informe del gobierno nacional. Sin embargo, faltaba la decisión de la justicia y el juez se pronunció en contra.
Para Santiago Martin, los recaudos cumplidos fueron la valoración de las intervenciones participativas organizadas a nivel municipal y nacional; la inclusión al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el control y fiscalización del cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental y su correspondiente Plan de Gestión Ambiental, y el hecho de que las indicaciones de la Declaración de Impacto Ambiental a dictarse sean emitidas asertivamente y no en modo potencial o condicional.
A pesar de esto, “uno de los recaudos faltantes en el informe es el relativo a la participación de la Administración de Parques Nacionales (APN) en la evaluación de los impactos ambientales y la necesidad de valorar y evaluar su opinión y dictamen”.
Es por esto que el país no podrá explorar para explotar sus propios recursos naturales, que aportarían un enorme ingreso a las cuentas públicas y ayudarían con la situación que atraviesa el país. En 2022, Argentina ha exportado únicamente 67.000 millones dólares hasta septiembre, de los cuales únicamente 2.700 millones fue petróleo crudo. Ni hablar de combustibles con algún tipo de refinamiento, de los cuales hemos tenido que importar 11.000 millones dólares.
Este poryecto también daría trabajo a miles de argentinos y daría un fuerte impulso al sector energético nacional, especialmente en un momento donde el precio del petróleo atraviesa máximos históricos y hay un faltante de oferta a nivel mundial.
La decisión es incluso más insólito cuando se recuerda que Argentina busca hidrocarburos en su mar desde hace casi un siglo, habiendo perforado 187 pozos en el lecho marino y sin ningún incidente ambiental significativo.
Fuente Derecha a Diario
