Hay consenso en que la guerra fiscal de los últimos meses daña la seguridad jurídica en España. La competencia entre comunidades autónomas y el Estado, la interpretación de las normas por parte de la Agencia Tributaria y los jueces, así como la avalancha de normas fiscales, contribuyen a este deterioro, según coinciden inspectores de Hacienda, asesores fiscales y otros expertos.
La reciente batalla fiscal entre comunidades autónomas y Estado ha avivado las críticas sobre inseguridad jurídica en la que coinciden tanto asesores fiscales como inspectores de Hacienda, normalmente enfrentados. “El espectáculo que se está dando con patrimonio es incomprensible. Hay comunidades autónomas que lo bonifican, y el Estado contraataca con otro impuesto, es una locura”, ha criticado José María Peláez, inspector de Hacienda y expresidente de la Asociación de inspectores (IHE), que organiza esta semana su XXXII congreso en Granada.
Las medidas fiscales más recientes contribuyen a este sentimiento negativo que comparten todas las partes implicadas en fiscalidad. “Falta seguridad jurídica”, ha señalado Antonio Durán, profesor de la Universidad Pompeu Fabra y socio de DS. “Importa la recaudación, no la justicia tributaria”, ha añadido, y ha puesto como ejemplo que después de 23 años aún hay polémica sobre la retribución de los administradores. De hecho, una reciente sentencia ha dado la razón a IAG frente a Hacienda por la liquidación de sociedades hace una década.
Ambos expertos coinciden en que uno de los orígenes del problema es que se cedieron competencias tributarias a las comunidades autónomas, como en patrimonio, sucesiones y donaciones o transmisiones patrimoniales. Una de las reclamaciones de la IHE es que se centralice en la AEAT la recaudación, tanto de los impuestos estatales como de la Seguridad Social, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.
“Hemos llevado un proceso en el que vamos a peor. Se podría haber cedido solo la recaudación. Habría que pensar si la cesión de competencias fue correcta”, ha cuestionado Peláez. En su opinión, es necesario “integrar en red a las agencias locales y autonómicas. Y otra propuesta, que sea un órgano único de recaudación. Si una empresa tiene deudas, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social se dan manotazos para ver quién es el primero que embarga o cobra”. “La armonización de las comunidades en materia de recaudación es imprescindible”, ha apostillado Durán en la misma dirección.
En la misma línea, la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (ANIHPL) señaló este miércoles que, en materia de los principales impuestos locales, se vive en “permanente inseguridad jurídica”, y un ejemplo de ello es la “litigiosidad” en torno a la plusvalía municipal.
El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, ha admitido que está habiendo muchos “cambios normativos”. “En una situación como la actual, nos gustaría que la tramitación normativa fuera ordenada, pero los acontecimientos mandan, y tienes que salir al paso con medidas temporales porque no se sabe qué va a pasar en seis meses. Esto implica producción normativa que es difícil seguir en términos recaudatorios”, ha defendido.
Hay consenso en que la guerra fiscal de los últimos meses daña la seguridad jurídica en España. La competencia entre comunidades autónomas y el Estado, la interpretación de las normas por parte de la Agencia Tributaria y los jueces, así como la avalancha de normas fiscales, contribuyen a este deterioro, según coinciden inspectores de Hacienda, asesores fiscales y otros expertos.
Fuente El Confidencial
