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El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, no se opuso a la idea de que el Poder Judicial pague el impuesto a las ganancias, aunque se manifestó en contra de cambiar la ley que regula este gravamen.
“Nadie discute que los jueces tienen que pagar Ganancias. La reacción fue ´por qué ahora se cambia la ley´ y qué queda. Pasamos a un sistema totalmente distinto, sin los parámetros que costó tanto acordar. Eso genera mucha zozobra e incertidumbre”, afirmó el magistrado en declaraciones televisivas, horas después de que la Cámara de Diputados declinara el artículo que buscaba que funcionarios judiciales paguen Ganancias, en el marco de la ley de Presupuesto 2023 que recibió media sanción.
A pesar de las críticas a la iniciativa, Lorenzetti rechazó los privilegios y aclaró: “Nosotros cuando asumimos en la Corte nos hemos manifestado a favor del pago de ganancias. La Corte también. Lo importante es que discutimos lo mismo cada dos o tres años. Ahora hay un debate si se paga o no se paga ganancias y hace 4 años hubo el mismo debate y hace 8 el mismo”.
En esa línea comentó que “el país tiene que tener estado de derecho con división de poderes y sobre todo con estabilidad y seguridad”. “No hay nada que pueda funcionar si armamos una cosa un día y la desarmamos al día siguiente”, advirtió.
Lorenzetti agregó que en el país “nadie puede programar nada” y recordó que sobre este gravamen “se conversó muchísimo” en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri. “Se discutió y de todos los sistemas que hay, se eligió el de Estados Unidos porque es un paso progresivo que no fue traumático. Los que ingresan ahora pagan. Eso se discutió y se acordó. Estaban todos los partidos. Yo participé en la redacción, en el equilibrio que se buscó. Después lo cuestionaron sectores del peronismo. Estamos a favor de que se pague, se hizo la ley y se terminó el debate”, detalló el juez.
Y concluyó: “No es el rechazo al tema de Ganancias, sino el rechazo que genera pasar a sistema que todos pensaban que estaba acordado a otro que no sabe que es. Yo estoy en contra de los privilegios, lo que ocurre es que hay que establecer la ley y cuando se establece hay que respetarla. Cada tres o cuatro años empezamos a discutir todo de nuevo. Los problemas nunca se solucionan, se trasladan. Esto es grave”.
La propuesta para terminar con este privilegio histórico que conserva un sector del Poder Judicial, y que hubiera significado un ahorro fiscal de $237.850 millones para 2023, no prosperó en la Cámara Baja porque la oposición se abroqueló en contra de la reforma.
Fuente Mendoza Today
