Mientras continúa investigándose la causa por asociación ilícita, trata de personas, contrabando de medicamentos y lavado de activos de alumnos en la escuela de yoga en Villa Crespo, los abogados defensores de los imputados dieron a conocer un documento que detalla los puntos más importantes del caso.
Los abogados que realizaron el documento son Daniel Pirozzo, Alfredo Olivan y Fernando Sicilia. En él señalan que la causa se inició el 13 de agosto de 2021 con la declaración del “denunciante de identidad reservada”, Pablo Salum,, quien imputa a varios integrantes de la escuela de yoga por hechos que “despersonalización” de alumnos.
A ello se le sumaron las declaraciones de los testigos de identidad reservada números 1, el 4 de noviembre de 2021; 2, 23 de noviembre de 2021; 3, 23 de noviembre de 2021; y 4, 2 de diciembre de 2021.
La investigación la sustanció la PROTEX (Procuradoría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal) que formuló la denuncia ante el juez en diciembre de 2021.
La testigo de identidad reservada número 1 menciona que son víctimas M.F.E. (María Florencia Escobedo); C.P. (Carla Paparella); M.J.G (María Jimena Gómez); S.B. (Sabina Bruffman); N.S.T. (Nadia Soledad Tadeo); J.M. (Josefina Manauta), A.E.S (Andrea E. Salum), M.M (Marcela Martin).
La denuncia recayó en el juez Ariel Lijo quién el 29 de diciembre de 2021 ordenó tareas de inteligencia e intervenciones de teléfonos de diferentes integrantes de la escuela por intermedio de la Policía Federal.
El 11 de agosto de 2022 se ordenan allanamientos y detenciones contra: Juan Percowicz; Marcela Alejandra Sorkin; Susana María Barneix; Marcelo Fabián Guerra Percowicz; Gladys Norma Ciuccarelli; Ruth Viviana London; Susana Medelievich; Mariano Krawickz; Mario Alberto Leonardo; Gustavo Aníbal Rena; Adriana Ruth González; Carlos Barragán; Georgina Ivonne Hirschfeld; Marcela Argüello; María del Carmen Giorgi; Daniel Eloy Aguilar; Alicia Arata; Silvia Herrero; Daniel Gustavo Fryd Trepat; Fernando Javier Aznarez; Federico David Sisrro; Horacio Sebastián Vesce y Luis Mario Romero.
En una primera instancia los imputados se negaron a declarar, pero en una nueva jornada la mayoría declararon habiendo negado los hechos por los que se los imputa.
Allí destacaron que la escuela de yoga funciona hace más de 20 años y que jamás nadie cometió delito alguno: “No son una asociación ilícita sino una comunidad, unida por el yoga y con diferentes fines educativos y culturales. No existió trata de personas en ningún caso. No hay operaciones de lavado de activos”.
El 8 de septiembre de 2022 el juez ordenó procesar con prisión preventiva a los imputados adjudicando los delitos de asociación ilícita destinada a cometer delitos; trata de personas con fines de explotación sexual; y lavado de activos.
Se fundamentó la existencia de la asociación ilícita por un cuaderno en el cual estaban consignados los nombres de los acusados como integrantes de la escuela.
Luego, se utilizaron las conversaciones grabadas durante las jornadas de escuchas telefónicas, los testimonios del denunciante y los testigos de identidad reservada. Todas las defensas, lideradas por apelaron los procesamientos y los recursos están a consideración de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal Correccional Federal.
Declaraciones en Cámara Gesell de las “victimas” y presentación de pruebas
En las jornadas del 19 y 20 de septiembre y del 5 de octubre tuvieron lugar las declaraciones en cámara “Gesell” de las personas identificadas como víctimas en el testimonio de la testigo de identidad reservada nro 1, como así también de otras personas, todas de sexo femenino, identificadas en la jornada del allanamiento.
Las personas que declararon son nueve, todas ellas negaron casos de explotación laboral y sexual y refirieron que Pablo Salum mintió en su denuncia. Además, denunciaron haber sido víctimas de robos y malos tratos durante los allanamientos. Asimismo, manifestaron que en todo momento integraron por voluntad propia la Escuela de Yoga de Buenos Aires.
Se pidieron múltiples medidas de prueba, fundamentalmente los testimonios de todas las personas que estaban en el interior del inmueble de Estado de Israel 4457 durante los allanamientos. El juez no rechazó ni aceptó las diligencias de prueba. Hasta el momento no se identificó un solo caso de alguna persona que manifestara ser víctima de alguno de los delitos denunciados.
Todas las defensas de los imputados apelaron esos procesamientos, por arbitrarios, infundados, irrazonables y reñidos con la lógica y el sentido común. Luego de ello, y tal vez ante una bajada de línea de la Cámara, el Juez empieza a hacer la prueba.
Toda la prueba que se hizo desde los procesamientos hasta hoy, derribó por completo la hipótesis acusatoria. Desde el inicio, declararon todas las presuntas víctimas: nadie dijo ser víctima de nada, haber estado captada u obligada hacer algo.
“La PROTEX, quien se erige en gran luchadora en temas de género, no ha tratado a una sola de las mujeres que según la propia procuraduría eran las víctimas con una mínima perspectiva de género. Todas fueron maltratadas en los allanamientos, maniatadas, apuntadas con armas largas, robadas por el personal policial que allanaba”, destacaron.
Familia Salum
Andrea Salum, hermana de Pablo, envió un video desde Estados Unidos desmintiendo los dichos del hermano y que fue presentado ante el juez Ariel: “No soy ninguna víctima, nadie abusó de mí sexualmente, ni cuando era chica, ni de adulta”.
“Nunca fui esclava; fui toda mi vida una mujer libre”, proclamó Andrea en un video grabado el 17 de octubre pasado, según probó exhibiendo un ejemplar del diario estadounidense Washington Post y su documento nacional de identidad.
Pablo Salum sostuvo en su denuncia que originó la investigación que su familia fue “esclavizada” por la supuesta secta, razón por la cual se ve impedido de tomar contacto con ellos. Pero su hermana negó tal circunstancia: “Pablo nunca quiso encontrarse con nosotros tres, a pesar de que las puertas de nuestros hogares estuvieron siempre abiertas. Mi hermano menor se enamoró de sus mentiras, se las creyó y las redes sociales le vinieron como anillo al dedo para tener seguidores, para hacer plata. Ahí encontró una puerta, usando mentiras absolutamente inventadas por él, de las cuales no tiene pruebas. Nunca se cansó de difamarnos”.
Andrea continuó manifestando que su hermano Pablo les había mentido a todos: “Por eso le quiero pedir a la Justicia argentina que cierre esta causa, que dejen de pasar por encima de nuestros derechos humanos y que se termine esta maldita, lastimosa persecución hacia mí, hacia mi hermano, mi madre y hacia todos los integrantes de la Escuela de Yoga de Buenos Aires”.
Germán Salum, el otro hermano de Pablo declaró en la causa y destacó al igual que su hermana que nunca escuchó ni presenció versión de casos de explotación sexual dentro de la Escuela de Yoga y afirmó que hoy no tiene relación comercial ni vínculo alguno con la Escuela.
Para concluir con el documento, los abogados sostienen que se trata de una causa sin víctimas ni pruebas que garanticen su culpabilidad en los hechos por los que se los acusa.
Resaltan que: no hay víctimas, captación, ni hay explotación ni sexual ni laboral, así como tampoco trata de personas. Se imputó que se captaban famosos mientras que no hay un solo que manifiesta haberlo estado.
También se imputó que había un búnker donde se guardaban videos con encuentros sexuales filmados para extorsionar, pero por el momento se están peritando esos videos y recién van por el número 400 que todas tratan de clases de Filosofía del Sr. Juan Percowicz.
Se imputó que captaron a Plácido Domingo cuando el tenor es amigo de muchos miembros de de la escuela desde hace 30 años. Él mismo invitó a Mariano Kraus y Susana Mendelievich al concierto del teatro Colón, al cocktail posterior y una cena.
Por último, se imputó tráfico de medicamentos a tres miembros de la escuela que viajaban por placer EE.UU. Llevaban en sus valijas medicamentos recetados, muchos de venta libre. Se corroboró que lo llevaban para 60 días de viaje con sus respectivas recetas por lo que no existe delito alguno.
Fuente Mendoza Today