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Por Esteban Lafuente
Nominalidad y reordenamiento. En el Gobierno se aferran a esas dos ideas para definir la dinámica de gastos y recursos para lo que queda de 2023. Con los números justos y el ojo puesto en cada partida y cada peso recaudado, la apuesta oficial es mantener la tendencia de los últimos meses y cumplir con el 2,5% de déficit primario acordado con el FMI.
“Confío en que vamos a llegar”, dicen con optimismo en el equipo económico que encabeza Sergio Massa, sobre el cierre del año y sobre la cifra clave que se definió en el Presupuesto 2022 (prorrogado por decreto) y que el oficialismo se comprometió ante el organismo que encabeza Kristalina Georgieva. “Lo que buscamos es mantener la nominalidad de lo que se planteó”, insisten, sobre el plan de gastos para el año en curso.
La apuesta oficial es sentarse sobre la caja del Estado y consolidar la estrecha supervisión de programas y partidas correspondientes a cada ministerio, en una dinámica que Economía reforzó tras la llegada de Sergio Massa. En el primer semestre, el gasto se había incrementado más de un 11% interanual en términos reales, explicado centralmente por el crecimiento de los desembolsos en subsidios energético y prestaciones sociales. En los últimos meses, en tanto, el crecimiento del gasto en subvenciones a la energía se desaceleró y se expande en términos nominales, pero a un ritmo inferior a la inflación.
Los números, sin embargo, lucen desafiantes, y abren interrogantes entre los analistas privados. En conjunto, los subsidios económicos explican gran parte del rojo fiscal: acumulan en los primeros 10 meses del año 2 puntos del PBI, según cálculos de Consultora Ledesma, y están al nivel de 2021 (en el año llegaron al 3% del PBI). En el Gobierno siguen diariamente estos números, se entusiasman con una recaudación que “viene bien” (en septiembre el dólar soja infló la recaudación y demandó, también, más emisión monetaria) pero reconocen que el “desafío” es evitar que el rojo fiscal sea mayor al pautado. En otras palabras: no existe margen para sobrecumplir la meta presupuestada.
Mientras la inflación golpea al bolsillo de los argentinos y percute día a día el poder adquisitivo de los salarios, en el equipo económico también contemplan desvíos y eventualidades que podrían implicar nuevos reajustes al varias veces emparchado Presupuesto 2022. Más allá de las disputas y cuestionamientos políticos dentro de la coalición oficial, funcionarios de confianza de Massa trazan escenarios para fin de año que contemplan gastos adicionales en un bono de refuerzo de ingresos para trabajadores del sector privado o futuros ajustes paritarios, en un contexto de mayores reclamos de recomposición salarial.
En ese escenario, el plan del equipo que encabeza Massa es “identificar partidas que ya sabemos van a subejecutar” entre los diferentes ministerios, para reasignar esos montos hacia otros programas o necesidades que sí demandarán mayores desembolsos. En este último segmento pesan rubros como el gasto previsional, los salarios y otros programas sociales que se indexan automáticamente por la inflación pasada.
El caso paradigmático de la ‘sintonía fina’ modelo 2022 fue la decisión administrativa 826 del 22 de agosto. Ese día, el Gobierno recortó partidas para Educación, Transporte, Salud y Obras Públicas, entre otras, que supuso un recorte de $128.000 millones en el gasto, en una “reasignación” en la que se quitaron fondos inicialmente presupuestados para el Conectar Igualdad o la compra de vacunas. Obra pública en las provincias o programas financiados por organismos internacionales son algunos de los rubros ahora en la mira.
En ese rumbo, funcionarios del equipo económico reconocen que se acumulan los llamados y demandas de cada rincón del Gabinete para “pelear por cada peso marginal” del presupuesto, pero destacan el rebalanceo de fuerzas tras la llegada de Massa al Palacio de Hacienda: “Ahora tenemos más banca para aguantar”.
Fuente La Nacion
