El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó a los cuatro integrantes de la agrupación ultraderechista Revolución Federal Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, y les trabó embargos a cada uno por nueve millones de pesos.
El juez les aplicó a todos la figura del Código Penal que castiga con prisión de tres a ocho años al que “organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”.
Los cuatros habían sido detenidos por orden de Martínez de Giorgi, pero ayer fueron excarcelados por la Cámara Federal la cual consideró que no existía riesgo de fuga ni entorpecimiento de la investigación.
La causa se inició por denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) ante la sospecha que se podría atentar contra el orden democrático y en un contexto donde se venía investigando, en otra causa, a la banda que atentó contra la vida de la Vicepresidenta por la cual hay tres personas detenidas.
Según el juez, los cuatro acusados “llevaron a cabo un plan criminal, que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor” y queriendo “incitar a la violencia colectiva en un número indeterminado de personas que pueden acceder libremente a las redes sociales mencionadas”. Justamente, fueron acusados en base a las amenazas que volcaron ellos como agrupación en las redes sociales.
“Tanto por las redes sociales como en las calles, realizaron actos y emitieron expresiones tendientes a alentar o incitar a la persecución, a la violencia colectiva y a la propagación del odio, principalmente contra autoridades públicas de la actual gestión del Poder Ejecutivo Nacional y/o de sus adeptos, constituyéndose así en uno de los actores que agitaron en la sociedad un clima de violencia social, cuyo acto de mayor gravedad institucional resultó ser el intento de magnicidio de la Vicepresidenta de la Nación Dra. Cristina Fernández de Kirchner, el pasado 1° de septiembre”, resumió el juez.
Más allá de lo dicho por el magistrado la causa no tiene punto en común por ahora con aquella otra investigación contra quienes planificaron y atentaron contra la Vicepresidenta. Incluso, tramitan en juzgados distintos.
Uno de los hechos por los cuales el juez lo procesa a Morel y Sosa tiene que ver con incidentes que protagonizaron contra el vehículo que transportó a Sergio Massa en su asunción como Ministro en Casa de Gobierno en agosto pasado.
Sobre Morel, el juez remarcó que una semana antes del atentado contra la vicepresidenta fue protagonista de una pelea en las calles Juncal y Uruguay, donde se domicilia Cristina Fernández, con militantes oficialistas, y a él al ser demorado se le secuestró elementos cortantes y telas embebidas en combustible.
Otro elemento “alarmante” para Martínez de Giorgi, es que Sosa publicó en su cuenta de Instagram una foto con Ximena de Tezanos Pinto, vecina del piso de arriba de Cristina Kircher en Recoleta.
Pero sobre todo, lo volcado por la agrupación en las redes: “los vamos a perseguir, van a tener miedo de salir a la calle. El robo y la corrupción en Argentina va a dejar de ser gratis, por las buenas o por las malas (…) TOD☀S van a sufrir las consecuencias de sus actos”, o “marchamos hacia Casa Rosada para exigir la renuncia de Alberto y CFK”.
En ese sentido, sostuvo el juez, “difundieron masivamente expresiones de odio e intimidatorias, directa y expresamente contra los más altos funcionarios del actual Poder Ejecutivo Nacional, atentando así contra la propia seguridad, libertad e integridad de estas autoridades públicas y de sus simpatizantes, siendo un claro ejemplo de ello el proferido siete días antes de la tentativa de magnicidio perpetrada contra la actual Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández”.
“Desde su estructura criminal montada, con permanencia sostenida en el tiempo, aunque transitoriedad en su integración, y con decisión mancomunada, coordinaron y articularon la logística de sus múltiples acciones delictivas de manera conjunta o alternada; siendo en todo momento guiadas por el odio y la intolerancia, con fuerte interacción en redes sociales, a través de las cuales reclutaban militantes con su misma tendencia ideológica”, sostuvo.
junto con el procesamiento que es sin prisión preventiva, el juez impuso un embargo a cada uno de 9 millones de pesos.
Fuente Mendoza Today
