Sin nuevas ideas, el equipo económico anunció nuevos controles de precios por 120 días con el fin de arribar a las metas inflacionarias previstas para el próximo año. Este tipo de medidas jamás tuvieron éxito en la historia del país.
El ministro Sergio Massa, a pesar de su formación liberal en la UCeDé y sus vinculos con Wall Street y el Departamento de Estado, repite los mismos errores ideológicos de los kirchneristas más acérrimos y lanza una nueva ofensiva para controlar discrecionalmente los precios en la economía.
El programa “Precios Justos” emula abiertamente a los controles que se llevaron a cabo en la Venezuela chavista, y tiene por objetivo generar un ancla nominal de características heterodoxas con el fin de controlar la inflación (o al menos intentarlo).
El plan supone añadir controles a la variación de precios sobre un umbral de hasta 1700 productos, afectando tanto al segmento minorista como al mayorista, y afectando a las 100 principales empresas que comprenden hasta el 86% de los productos de consumo masivo en el país.
Los precios afectados estarán sujetos a dos regulaciones principales. Algunos productos podrán actualizarse con un tope de hasta el 4% cada mes por los próximos 120 días. Otros, los más severamente afectados, ingresarán al plan con un aumento inicial del 4% sobre el precio de lista de octubre, y no se les permitirá ningún otro aumento en 120 días.
El objetivo expreso del programa es añadir una dosis de “estabilidad de precios” sobre una canasta representativa de bienes, a modo de anclar las expectativas de inflación futuras. El Gobierno insiste en que, a través de esta herramienta, se llegaría a la meta de 4% de inflación mensual para diciembre de 2023 (o 60% de inflación anual plasmada en el Presupuesto).
El propio Gabriel Rubinstein, un economista con trayectoria ortodoxa que históricamente se mostró escéptico por los controles de precios, esta vez participando en el Gobierno decidió defender a ultranza las medidas. El economista afirma que se arribará a la meta de inflación ya que el déficit fiscal será reducido, y en ese contexto los controles podrían surtir efecto.
Pero el planteo es extremadamente peligroso, ya que no existe ninguna evidencia capaz de sostener que un plan de estas características pueda tener alguna chance de éxito. No es la primera vez que el Gobierno lanza controles y pautas sobre la actualización de precios sino que este último constituye el décimo intento, y ninguno de los anteriores logró alcanzar el éxito.
Los controles de precios, incluso combinados con controles de salarios, demostraron un profundo fracaso en la historia económica argentina. Medidas similares se adoptaron en la mayor parte de la segunda mitad del siglo XX argentino, hasta que el Gobierno de Carlos Menem decidió ponerle fin a 45 años de regulaciones.
Las medidas anunciadas por Alberto Fernández guardan una similitud alarmante con la administración de Raúl Alfonsín en la década de 1980. Los controles de precios y salarios fracasaron con el lanzamiento del Plan Austral en junio de 1985. Volvieron a fracasar tras sucesivos relanzamientos en febrero y octubre de 1987, y finalmente cosecharon otro amargo fracaso dentro del Plan Primavera en agosto de 1988.
El kirchnerismo reitera la apuesta por aquellas medidas que no encontraron resultados positivos a la hora de contener la estampida inflacionaria.
Fuente Derecha a Diario
